Con este presupuesto el Poder Judicial "no llega a diciembre"

Asume el nuevo titular de la Corte que explica la crisis financiera de la Justicia

El doctor Ricardo Pérez Manrique asumirá hoy la presidencia anual de la Suprema Corte de Justicia, órgano que integra desde 2012. El magistrado, de 68 años, dice que desde el punto de vista financiero el Poder Judicial está en crisis y si el Poder Ejecutivo no le otorga un refuerzo presupuestal no podrá cubrir los gastos de funcionamiento hasta fin de año. "Tenemos complicado los aspectos de funcionamiento durante este año. Y tenemos claro –dice Pérez Manrique– que el Presupuesto no prevé la concesión de fondos nuevos para el Poder Judicial y ante eso queremos mantener el nivel de funcionamiento que tuvimos en 2015 y la posibilidad de mantener el Centro de Justicia de Maldonado, que es prioritaria porque es el departamento después de Montevideo donde se paga más por alquileres de locales".

¿Cómo vive el hecho de que la rotación le haga ocupar la presidencia de la Suprema Corte en un momento tan complejo desde el punto de vista financiero?

Yo llegué a la Corte en 2012 y siempre hemos tenido años difíciles por diversas circunstancias. El año pasado tuvimos la tensión del conflicto salarial (que por suerte se ha encauzado) influyendo sobre la dificultad presupuestal. Y eso viene complicando el diálogo con el gobierno, con el sistema político. Nuestra situación financiera es de crisis y la solución está en el plano de que el Poder Ejecutivo es el que puede mediante el refuerzo de partidas presupuestales brindar una solución. Para este año necesitaríamos fondos extras por unos $ 62 millones.

A fines del año pasado la Suprema Corte de Justicia conformó un comité de crisis ante la situación financiera. ¿Qué recortes se están realizando?

El Poder Judicial está en crisis porque no tenemos los recursos que solicitamos. Se han tomado una serie de medidas de recorte de gastos, sobre todo en limpieza y seguridad. Estamos viendo la posibilidad de reducir lo que se hace en soporte papel. Por ejemplo, las comunicaciones internas o resúmenes de acta de los acuerdos de la Corte. Es como si una familia no tiene aumento por inflación en cinco años. Nosotros tenemos valores presupuestales a valor de 2010, pero con una inflación de 40% en el quinquenio y con el costo de vida del año 2016.

¿Podría llegarse a suprimir juzgados o no ocupar vacantes de magistrados que puedan generarse durante el año?

Una decisión que está tomada es que no se van a crear ni trasladar sedes en todo el período, con lo que de alguna manera congelamos la situación a la realidad actual. Pero eso nos conecta con otro problema que es la vigencia del nuevo Código Aduanero que comienza a regir el 1º de marzo y para lo que nosotros necesitamos unos $ 20 millones para ajustar el servicio y pueda funcionar el nuevo sistema que prevé judicializar todo lo contencioso de la materia aduanera.

¿El Poder Judicial llega a cubrir sus gastos hasta diciembre?

En este momento no llegamos. Por el flujo de los contratos y la forma como se facturan algunas cosas que se vienen arrastrando en parte de 2015; vamos a tratar de manejar los contratos de este año y los gastos para intentar llegar al mayor tiempo posible.

En este marco, dentro de un año comenzará a aplicarse el nuevo Código del Proceso Penal.

La ley marca que el Código entrará en vigencia en 2017, pero la intención del gobierno es postergar lo relativo a las audiencias orales públicas hasta 2019, en lo que vendría a ser una suerte de híbrido. De todos modos, sin fondos nada es posible, porque se trata de algo que no puede tener costo cero para el Poder Judicial. Nosotros tenemos entendido que en los primeros meses de este año se conformará una comisión técnica para definir la implementación parcial del Código, y en ocasión de esa discusión surgirán las necesidades de fondos y su vía de financiamiento.

¿Cree que hay una intención deliberada de debilitar el funcionamiento del Poder Judicial?

Yo no puedo juzgar intenciones. Los estudios internacionales destacan a Uruguay como una de las 20 democracias plenas del mundo y uno de los poderes judiciales más independientes del mundo. Eso no es coincidencia y esa es nuestra gran preocupación, porque somos vistos de esa forma en el exterior.

¿Cree que la no asignación de recursos al Poder Judicial es producto de las fricciones con el gobierno en los últimos años?

Eso lo dejo al observador razonable, como dicen algunos convenios. Yo desde mi situación institucional lo que no tengo dudas es que el funcionamiento del Poder Judicial puede llegarse a ver afectado por estas actitudes.

El Poder Ejecutivo prevé crear el feminicidio como agravante y no como delito autónomo. ¿Le parece adecuada esa solución?

En la estructura del sistema penal uruguayo no es una mala opción, más allá de que ya existe un agravante específico por el vínculo en el caso del homicidio. La violencia contra las mujeres no va a dejar de existir porque se adopten estas soluciones, pero es un mensaje. Hay que impulsar políticas de educación a mediano plazo.

¿Está previsto que en el transcurso de este año roten los dos jueces de crimen organizado, Adriana de los Santos y Néstor Valetti?

No es un tema que haya sido considerado por la Corte. La idea es que roten cada tres años o tres años y medio, pero no lo hemos estudiado. También hay que pensar que tenemos una integración en la Corte distinta a la que designó a los últimos jueces de crimen organizado.

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