¿Cuánto se ahorraría el Estado con una rebaja de los salarios de legisladores?

Diferentes sectores y partidos pusieron el tema sobre la mesa y se propuso cortar sus sueldos de $204.613 en un 20%
El Frente Amplio y el senador Pedro Bordaberry instalaron la discusión en el Parlamento: ¿deben reducirse los salarios de los legisladores en un contexto en el cual el gobierno propuso un ajuste fiscal que afecta los salarios de los ciudadanos?

Los 129 legisladores perciben $ 204.613 por mes, además de una serie de partidas para secretarios ($ 126.305), otra para comprar diarios ($ 22.930) y otra para el celular ($ 4.627). En el caso de los diputados se agregan otros beneficios: $ 860 mensuales para correo, $ 1.040 para fotocopias y $ 802 por concepto de hogar constituido.

Las bancadas de los partidos, según la cantidad de senadores que tengan, también reciben dinero. Las que tienen hasta 3 integrantes obtienen $ 95.650 por por mes y los sectores con cuatro o más integrantes $ 30.444 por cada uno de los senadores. La partida de bancada de los diputados son $ 22.930.

Si se suma solamente el sueldo de los legisladores ($ 204.613) y su respectivo aguinaldo, el monto total que gasta el Estado uruguayo por año en estos salarios llega a $ 343 millones anuales.

Si a lo anterior se le suma el sueldo del vicepresidente, que integra el Senado (y que gana $ 408.868 por mes), el gasto en remuneraciones a los integrantes de las dos cámaras asciende a $ 348 millones o US$ 11,3 millones.

En caso de que se decidiera recortar estos sueldos en un 20%, el ahorro sería de U$ 2,3 millones por año. El ajuste fiscal presentado a fines de mayo por el ministro de Economía, Danilo Astori, busca reducir en US$ 500 millones el déficit fiscal, que en los 12 meses a abril equivalía a más de US$ 2.000 millones (4% del PIB).

Los planteos, tanto del Partido Colorado como del Partido Socialista dentro del Frente Amplio, no solo impulsan la medida de recortar el salario de los legisladores como un mecanismo recaudatorio sino que se entiende como una señal por parte del sistema político a la ciudadanía, en horas en las cuales se le pide esfuerzos adicionales en materia tributaria.


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