Desafío para el equipo económico con fama de infalible

Las autoridades económicas tenían elementos para prever las complicaciones que se avecinaban, pero subestimaron los riesgos y ahora se ven forzadas a corregir
equipo técnico que comanda el ministro de Economía, Danilo Astori, ha ganado fama de infalibilidad. Ha sido durante años la garantía que han utilizado los gobiernos frenteamplistas sin excepción frente a la ciudadanía para transmitir previsibilidad sobre el manejo de la economía.

También han estado en el foco de la tormenta. En particular en el gobierno pasado con el manejo de la crisis que terminó con la quiebra de la aerolínea Pluna y que generó la caída del entonces ministro de Economía y hombre de extrema confianza de Astori, Fernando Lorenzo; o más cerca en el tiempo, cuando quedó salpicado por las escandalosas pérdidas de ANCAP que obligaron a la capitalización de la petrolera monopólica.

Pero en ambos casos se trata de situaciones de cuya responsabilidad, en última instancia, no son los únicos depositarios.

En la última campaña electoral el presidente Tabaré Vázquez volvió a apelar a la figura de Astori como conductor para dejar en claro que de obtener un segundo gobierno estaría al frente del timón económico una mano firme, de cara a tiempos más desafiantes a los de años previos.

Y ya en el gobierno, Astori con el respaldo del presidente y del Poder Ejecutivo en su conjunto, dio muestras de esa firmeza durante la negociación presupuestal del año pasado al no ceder a los reclamos de más recursos desde el Parlamento, sobre un proyecto que ya expandía el gasto vigente.

Ahora la economía uruguaya enfrenta una situación compleja. La actividad se frenó, el déficit fiscal aumentó, la inflación retomó las dos cifras luego de 13 años, y el gobierno tiene escaso o nulo margen de maniobra para corregir los desequilibrios.

¿Cómo se puede haber llegado a esta situación después de 10 años de bonanza histórica?

En principio, y sin entrar en el análisis de si se aprovechó o no el viento de cola, es claro que el actual gobierno sobreestimó el potencial de crecimiento de la economía. El presupuesto que envió el Ejecutivo el año pasado aumentó el gasto en US$ 470 millones para los dos primeros años, apoyado en el entendido de que la actividad crecería a una tasa superior a 2,5% anual en los próximos períodos. Eso a pesar de que no fueron excepcionales las advertencias de que el freno económico era inminente y que ya en ese momento se reflejaba en sectores relevantes de la actividad, producto de la desaceleración china y del ingreso de la región en fase de precrisis. Y ya desde 2014 había alertas generalizadas de los analistas privados, que el gobierno desestimó por considerarlas agoreras.

El paso del tiempo le dio la razón a los agoreros y el crecimiento de 2015 fue de 1%, la mitad de la proyección oficial que ya al cierre del año pasado había sido reducida a 2%. Un menor crecimiento repercutió inmediatamente en los ingresos impositivos y menos dinero con un gasto creciente no puede dar otra cosa que el aumento del rojo en los balances fiscales. El déficit alcanzó niveles cercanos a 4% al cierre del año y si a eso le sumamos el agujero financiero de ANCAP, la corrección de esa situación en las cuentas públicas avanzó al primer lugar en las prioridades oficiales. Así la inflación, que había ocupado esa posición, quedó desplazada a un segundo plano. De allí que el gobierno, a instancias del Ministerio de Economía, resolviera a comienzos de año aumentos de tarifas que estuvieron por encima del IPC y descartara beneficiar a los consumidores con un precio de los combustibles que reflejara el desplome en la cotización del petróleo. El resultado fue inmediato, y la inflación se aceleró hasta el 10,6% en abril.

Y debemos agregar al menú que la credibilidad de las metas de inflación del Banco Central se esfumó debido a su continuo incumplimiento y a acciones que no reflejan que exista ese compromiso con la misma. Sin confianza en que se hacen los esfuerzos suficientes para combatir la suba de precios, la incidencia de esos objetivos en las expectativas de los agentes económicos es nula.

Un escenario de aceleración de los precios, en la antesala de una negociación salarial, deja al gobierno entre la espada y la pared. Por un lado, con los sindicatos reacios a garantizar paz si las autoridades no ofrecen alternativas a una pauta salarial oficial que está lejos de garantizar el mantenimiento del salario real. Por el otro, empresarios que ven su actividad comprometida por un menor crecimiento económico y la pérdida de competitividad, que amenazan con la reducción del empleo.

Es claro que no todo es responsabilidad del manejo político de la economía, pero es cierto que existieron advertencias para prever una situación así y que una de las claves de la gestión es capitalizar la bonanza para cuando los vientos cambian. El freno económico fue anticipado, la suba del dólar –que incide directamente en la inflación– era prevista en todo el mundo, la crisis política y económica de Brasil se venía cociendo a fuego lento, y el crecimiento chino daba señales de agotamiento hace ya un bueno tiempo. Un presupuesto austero hubiese sido una señal de que las amenazas eran tomadas en serio, y hubiese contenido el efecto en cadena que desestabilizó del resto de las variables macro.

Ahora las autoridades se han visto forzadas, con cartas vistas y herramientas limitadas, a revisar el gasto público para ajustarse lo más posible a la nueva realidad.

Un desafío hasta para el más infalible.

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