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Ejecutivo niega reducción de jornada laboral de estatales y desautoriza al director de la Oficina del Servicio Civil

Alberto Scavarelli dijo que el estatuto del funcionario público debía revisarse ante "inequidades"
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25 de enero de 2016 a las 20:20

La reducción de la jornada laboral de los nuevos funcionarios públicos, pasando de ocho a seis horas, "no está en la agenda del gobierno". Con esas palabras el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, salió este lunes ante la prensa a dejar en claro que lo manifestado por el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), Alberto Scavarelli –quien habló de "inequidades" entre los trabajadores del Estado por las diferentes cargas horarias – no es lo que se pretende impulsar ni está en los planes del Poder Ejecutivo.

A dos años de que se haya aprobado el estatuto del funcionario público, Scavarelli se refirió la semana pasada a la necesidad de realizar modificaciones en la normativa. En entrevista con El Observador TV, el director de la ONSC señaló que si bien la ley 19.121 votada en 2013 fue "la piedra de toque" para regular el trabajo de los estatales, la norma "tiene una serie de temas que se tienen que ir ajustando en la negociación".

Este domingo en entrevista con El Pais, Scavarelli reiteró la intención de la ONSC de rever la legislación instalada durante el gobierno de José Mujica, ante la existencia de lo que calificó como un "nudo" que genera disparidad entre los trabajadores. "Esta situación, si no es injusta, creo que por lo menos no es equitativa", dijo el jerarca.

Pero lo cierto es que en menos de 24 horas, y tras el consejo de ministros de este lunes, el Ejecutivo salió a descartar lo dicho por Scavarelli, funcionario que responde directamente al presidente Tabaré Vázquez tras abandonar el Partido Colorado y sumarse a la campaña del mandatario en el 2014. "La directriz fundamental sigue siendo la estrategia de la cultura del trabajo para el desarrollo", dijo Murro ratificando el rumbo.

La propuesta de Scavarelli apuntaba a modificar uno de los escasos puntos a favor que obtuvo el oficialismo cuando -durante la administración Mujica- debió negociar con la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE) el nuevo estatuto. El gobierno quería lograr la unificación de la jornada laboral en la Administración Central (y que todos trabajaran ocho horas en vez de seis), pero el gremio logró imponerse y que este régimen horario abarcara únicamente a los nuevos trabajadores. El gobierno de Mujica también era partidario de que todos los estatales trabajaran de forma obligatoria durante los feriados laborables, pero esto tampoco pudo ser. COFE consiguió que en estas jornadas trabaje un grupo limitado de funcionarios.

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