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El partido de Rousseff juega su última carta para frenar el juicio
El PT reclama a la Justicia anular el proceso por las sospechas sobre el líder opositor Cunha
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09 de mayo de 2016 a las 05:00
La crisis política brasileña, que al menos desde el inicio de 2016 tiene paralizado al país con la economía más grande de la región, ingresa esta semana en fase de definición. A horas de que el Senado brasileño resuelva el miércoles, según los pronósticos, la separación provisoria del cargo de la presidenta, Dilma Rousseff, y el inicio de un juicio político con fines destituyentes, el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) jugó una de sus últimas cartas para salvar la cabeza de la mandataria.
El PT reclamó a la Justicia que anule el proceso de destitución por entender que los líderes de los partidos opositores, quienes son sospechosos en casos de corrupción, ejercieron presión sobre sus legisladores para obligarlos a abrir el camino del impeachment.
El calvario político de Rousseff comenzó a principios de diciembre de 2015 de la mano del entonces titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, a quien el Tribunal Supremo brasileño, en una decisión inédita adoptada por unanimidad el viernes, ordenó separar del cargo por las múltiples acusaciones de corrupción que hay en su contra.
En la sesión del 17 de abril una mayoría de diputados (367 contra 146) aprobó el procedimiento de destitución contra la presidenta, acusada por la oposición de maquillar las cuentas públicas en 2014, año de su reelección. Luego, la comisión de impeachment del Senado recomendó el viernes al plenario que someta a un juicio de destitución a Rousseff, decisión que la suspendería transitoriamente de su mandato.
El pleno de 81 senadores deberá votar el miércoles si acepta o rechaza ese parecer, que no es vinculante, pero marca el último paso formal antes de la decisión de someter a Rousseff a un juicio político y apartarla del poder por hasta 180 días mientras se tramita el proceso y llega la sentencia definitiva.
El último intento
Mientras Rousseff, que da por descontada la derrota en el Parlamento, se prepara para ser separada del cargo, el PT agota los movimientos políticos para evitar la caída de su gobierno.
El diputado oficialista Paulo Teixeira pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) que anule la votación del 17 de abril de la Cámara de Diputados, la que considera "nula" porque los líderes de los partidos ejercieron presión sobre los diputados de sus sectores, según informaron el sábado los medios brasileños.
Teixeira se basa en el hecho de que el presidente de la Cámara de Diputados y estratega de la destitución fue suspendido el jueves por la justicia por obstaculizar las investigaciones sobre corrupción en el escándalo del caso Petrobras, en el que está involucrado.
Teixeira alega que los dirigentes de los grupos parlamentarios, bajo la batuta de Cunha, "violaron claramente el derecho al libre arbitrio" de los diputados, lo que está prohibido por la ley que rige el impeachment o juicio político.
El diputado oficialista afirma que numerosos diputados votaron por temor a represalias, como la posibilidad de ser expulsados de su partido en caso de desobediencia. Algunos prefirieron abstenerse.
A pesar de la insistencia de los partidarios de la presidenta, el STF parece poco inclinado a rectificar la decisión del Congreso y, según los sondeos y cuentas de los medios, Rousseff será apartada el miércoles del poder por una mayoría de senadores.
Cunha, antiguo aliado del gobierno devenido en enemigo de Rousseff y convertido ahora en el político brasileño más denostado por sus problemas con la Justicia, fue la pieza fundamental para abrir el proceso de impeachment contra la presidenta.
La defensa
La presidenta brasileña continúa su defensa a través de una agenda de entrevistas en medios internacionales.Rousseff afirmó el jueves que "las elites están sustituyendo golpes militares por golpes parlamentarios" en América Latina, durante un mano a mano concedido a la cadena televisiva Telesur. En ese sentido denunció que "hay un intento de alcanzar el gobierno no a través de las vías electorales".
La mandataria insistió en que su posible destitución "no tiene base jurídica", ya que no ha "cometido delitos de corrupción". La presidenta afirma que se le acusa por asuntos de "administración presupuestaria que no son base para alejar a un presidente". En una entrevista con la cadena BBC, Rousseff también había dicho la semana pasada que no renunciaría para "no enterrar la prueba viva del golpe".
El debate que paralizó a una potencia
La oposición brasileña acusa a la presidenta Rousseff de realizar maniobras contables irregulares para maquillar los resultados fiscales del 2014, el año en que la mandataria fue reelecta.
Mientras para la oposición, este maquillaje fiscal supone un "crimen de responsabilidad", uno de los motivos previstos en la Constitución para justificar el proceso, el Ejecutivo sostiene que es una práctica utilizada por todos los gobiernos, por lo que considera que el impeachment contra Rousseff es un "golpe de Estado".
En un contexto de crisis económica y con un gobierno debilitado por las diferencias con sus aliados, el empujón del ahora suspendido presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, a la denuncia contra Rousseff puso en apuros a la presidenta a fines del pasado año, pero el Tribunal Supremo frenó el proceso y ordenó suspenderlo temporalmente para analizar el asunto.
Las vacaciones calmaron los ánimos pero en febrero el clima político volvió a calentarse con multitudinarias movilizaciones contra el gobierno mientras crecía la indignación en la opinión pública por los casos de corrupción ligados a la estatal Petrobras, destapados durante la investigación del Lava Jato.Políticos, empresarios, funcionarios e incluso el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva están en la mira de Moro.
La situación para Lula y Rousseff se complicó aun más con el nombramiento del expresidente como ministro, una maniobra que tuvo efectos contraproducentes tras la difusión de una conversación telefónica privada entre ambos de la que podría desprenderse que la designación pretendía blindar al exmandatario y alejarlo de la órbita de Moro.
El escándalo fue en aumento y, en marzo, la Cámara de Diputados –ya con la autorización del Supremo– nombró a los 65 miembros de la comisión especial para decidir si procedía iniciar un juicio político.
La comisión dio luz verde al proceso y dejó la palabra al pleno de la Cámara de los Diputados, dominado mayoritariamente por conservadores y evangélicos.
Ni los esfuerzos de última hora de Lula para buscar apoyos ni las promesas del PT a sus antiguos aliados tuvieron efecto alguno y Rousseff sufrió una derrota aplastante: 367 votos a favor del impeachment y 137 en contra.
El resultado de la votación puso en evidencia la debilidad del gobierno y la soledad de la presidenta, y colocó a Rousseff al borde del precipicio mientras Temer iniciaba, sin disimulos, negociaciones para formar su propio equipo sin esperar a la decisión del Senado, que tiene la última palabra.
Tras la aprobación del informe que pide la apertura del impeachment en una comisión especial del Senado, los 81 miembros de la cámara alta decidirán el miércoles, por mayoría simple, el futuro de Rousseff. En Brasil, nadie duda que el juicio político prosperará.
