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¿Es inflexible la regulación laboral en Uruguay?
Hace años un grupo de empleados de una industria realizó un planteo a los dueños: querían trabajar cuatro jornadas de 12 horas (completando las 48 horas semanales) y descansar luego días corridos. Vivían en zonas alejadas a la fábrica y la empresa aceptó la propuesta, que se plasmó en un convenio colectivo en el Ministerio de Trabajo. Años más tarde, varios renunciaron y por consejo de sus abogados reclamaron que les liquidaran como extras esas cuatro horas de más que ellos habían pedido para trabajar durante cuatro días por semana. Litigio, argumentación, escritos, pero el final fue que la empresa debió pagar juicios laborales por unos US$ 2 millones.
El caso es recordado por el abogado laboralista Santiago Pérez del Castillo (exministro de Trabajo durante el gobierno de Jorge Batlle) como un ejemplo de la rigidez de algunas leyes.
El ejemplo cobra validez cuando el mercado laboral atraviesa una fase de deterioro con diez trimestres consecutivos de caída del empleo.
Algunos analistas sostienen que esa contracción tiene relación con la falta de flexibilidad de la regulación laboral y la dificultad para adaptarse a los cambios tecnológicos.
Si bien hay normas específicas que vienen de muchos años atrás (como la de ocho horas o la de horas extras), la llegada del Frente Amplio al gobierno propició la aprobación de leyes y decretos sobre relaciones laborales que no contaron con el consentimiento de sectores de empleadores, pero recibieron el apoyo de los sindicatos. Desde ese sector se entendió que la regulación laboral que había regido en anteriores administraciones había favorecido a los empresarios en detrimento de los trabajadores.
En ese escenario –y con la reforma brasileña sobrevolando– la interrogante que se plantea es si la normativa laboral uruguaya es demasiado rígida y debe flexibilizarse o si hay que mantenerla incambiada.
"No existe adaptabilidad de la ley para comprender cosas que en los hechos son más razonables. Si de la ley surge que la persona debe trabajar ocho horas diarias y alguien quiere trabajar un poco más un día para hacerlo un poco menos, al otro no lo puede hacer", dijo Pérez del Castillo a El Observador.
La ley que establece como extras a las siguientes horas a partir de la octava fue elaborada durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990).
Pérez del Castillo recordó que en el ejemplo del reclamo mencionado la empresa también ganó algunos juicios. "¿Cómo se le explica a un inversor extranjero que puede perder algunos juicios y ganar otros por el mismo reclamo? Eso no les da seguridad jurídica", expuso el experto.
Para el abogado, la jornada de ocho horas de trabajo es un tema que ya ha sido revisado y superado a nivel internacional. La ley de ocho horas fue regulada en 1915 en Uruguay.
"En ese año se podía establecer una ley de ocho horas porque los trabajadores industriales tenían una jornada de esa duración, pero en un tiempo como el actual donde la mayoría de los trabajadores tienen horas de trabajo desperdigadas, no encaja cobrar extras", afirmó.
Para dejar de lado rigideces, Pérez del Castillo entiende que se debe avanzar en la distribución del tiempo de trabajo. "Esa distribución no solamente comprende el límite diario de horas, sino también el descanso intermedio, el semanal, el período de vacaciones. El asunto es que la referencia diaria pueda ser fácilmente modificable; la de 48 horas semanales también podría serlo", planteó.
Informó que en Alemania esa referencia se fija sobre un máximo de horas trabajadas en tres semanas y en otros países es anual. Recordó que en Europa la anualización de la jornada laboral no tuvo andamiento, pero sí funcionó en forma semestral.
En lo que no caben dudas para Pérez del Castillo es en la protección del límite de trabajo. "Es evidente que tiene que seguir, porque la gente no se puede matar trabajando porque precisa plata; hay que defenderla de sí misma", indicó. Para el experto es necesario impedir "cosas insensatas que pasan dos por tres". Y mencionó un nuevo ejemplo. "Hubo un caso de un profesor que trabajaba dos horas diarias y los directivos del colegio le propusieron tres. Trabajó así durante dos años y después reclamó una hora extra diaria. Ese tipo de cosas pasan mucho", señaló.
Los cambios del Frente Amplio
La posición del gobierno sobre las relaciones laborales ya está marcada. En el primer gobierno de Tabaré Vázquez en 2005 se reinstalaron los Consejos de Salarios, que habían sido eliminados en la administración de Luis Alberto Lacalle (1990 - 1995).
Además, generó dos normativas fuertemente resistidas por los sectores empresariales. En 2006 redactó el decreto 165 que permitió las ocupaciones de los lugares de trabajo como extensión del derecho de huelga, y en 2009 creó la ley de Negociación Colectiva. Los dos documentos todavía siguen en discusión y llegaron a la órbita de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) luego de una queja presentada por las cámaras de Industria y Comercio.
El organismo envió al gobierno una serie de recomendaciones –básicamente relacionadas a las ocupaciones y a la negociación colectiva tripartita– y siete años después aún continúan las idas y vueltas.
El sector empresarial sostiene que la ley de Negociación Colectiva es la que trae consigo la mayor rigidez laboral. Con esa norma se defendió el ámbito tripartito, se obligó a las partes (empresarios y sindicatos) a negociar de buena fe y al intercambio de información, entre otros aspectos.
"La ley es un corsé apretado a fondo", dijo a El Observador el presidente de la comisión de Asuntos Sociolaborales de la Cámara de Industrias (CIU), Andrés Fostik. "Cuando se hace una norma tan encorsetada llega un momento que se rompe, el problema es de qué forma se rompe. Siempre es mejor evitar la rotura, hacer mantenimiento preventivo y seguir adelante para que no pase nada", añadió.
Fostik recordó que los Consejos de Salarios se crearon en 1943, pero señaló que la normativa aprobada en 2009 cambió la historia laboral en el país, otorgándole "protección absoluta a los trabajadores". Entonces, al decir del empresario, el trabajador puede "hacer cualquier cosa, provocar cualquier desastre y seguir en su cargo".
Fostik también se refirió a la flexiseguridad. "Acá no la quieren escuchar aunque la OIT hace años que utiliza el término: la flexibilidad con seguridad. Eso no está contemplado debidamente, con respaldo legal ni en la Ley de Negociación Colectiva y en los hechos menos, porque actualmente no hay seguridad jurídica", dijo.
Y por eso para el empresario es necesario instrumentar cambios en la regulación laboral. "El ejemplo es el de la empresa exportadora: se le va el buque y tiene que meter los contenedores en el puerto y necesita que los trabajadores estén 12 horas. Las paga doble y después no sabe si además no va a tener un problema", manifestó.
Una de las posibilidades es la de crear un banco de horas convenida entre empresarios y empleados. Eso significa fijar una cantidad de horas a trabajar en determinado período de tiempo (mensual, semestral anual u otro). Allí, de común acuerdo se establecen las horas a trabajar por jornada dependiendo del volumen de actividad de la empresa. Pero eso en Uruguay no está previsto, porque choca contra la ley de las ocho horas diarias y la norma sobre las horas extras.
Fostik también señaló que actualmente el mundo laboral se rige con otros parámetros, donde la robotización o automatización adquirió un lugar preponderante y algunos puestos de trabajo tradicionales corren riesgo.
"Esa inteligencia artificial está en todos lados y en países como el nuestro, productor de materia prima, va a traer problemas. El mundo va para ese lado, pero acá no flexibilizamos nada", expresó.
"En el mundo de hoy ya hay robots en el seguro de paro, porque fueron sustituidos por otros de mayor capacidad, pero acá seguimos discutiendo de otras cosas", remarcó Fostik.
Desde la Cámara de Comercio se observa que a nivel general la actual reglamentación laboral es poco flexible, y una de las rigideces que más se hace notar está referida a la organización de la jornada.
"Actualmente la forma de producir y comercializar adquiere otras necesidades y se debería establecer alguna manera de adaptabilidad de la jornada de trabajo que tuviera la certidumbre jurídica de evitar reclamos a posteriori; eso necesitaría una norma que lo habilitara", dijo una fuente de la cámara a El Observador.
Defensa
La posición sindical se ubica en un frente opuesto. La dirigencia entiende que las nuevas leyes o decretos impulsados por el gobierno del Frente Amplio llegaron para equilibrar una balanza que en períodos anteriores desfavorecía a los trabajadores.
El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, fue contundente en el concepto: "Se puede vivir en un país democrático con leyes y relaciones laborales modernas, o se puede elegir vivir en otro donde no haya reglas de juego", señaló a El Observador.
Añadió que en ocasiones hay sectores empresariales que tienen un doble discurso. "A veces se aspira tener políticas democráticas como hay en los países nórdicos, pero se propone para el país donde uno vive políticas que tienen que ver más con repúblicas bananeras", expresó Pereira.
El presidente de la central sindical argumentó que "si aumenta el IRPF (Impuesto a la Renta de las Personas Físicas) del empresario es porque la renta es mayor. ¿Entonces cuáles serían las rigideces del mercado laboral que le han impedido construir mayor patrimonio?".
El dirigente afirmó que normas aprobadas en los gobiernos del Frente Amplio, como la de negociación colectiva, de tercerizaciones, de libertad sindical, la de las ocho horas para el trabajador rural o los convenios colectivos para el sector de trabajadores domésticos "revolucionaron las relaciones laborales".
Igualmente recordó que hay cerca de 400 mil trabajadores que perciben un salario de $ 15 mil o menos.
"Hay gente en Uruguay que cree que algunos tienen que vivir con muy poco y otros con mucho y eso es injusto", finalizó el dirigente.
24 grupos forman parte de los Consejos de Salarios del sector privado. Hay 20 de la industria y el comercio, tres de la actividad rural y uno del servicio doméstico.
La reforma laboral que se aprobó en Brasil
La reforma aprobada modifica varios aspectos de las relaciones laborales. Uno de los artículos marca que la "convención y el acuerdo colectivo de trabajo tienen prevalencia sobre la ley" en algunos casos, como pactar la jornada de trabajo, banco de horas anual o el intervalo intrajornada. También señala que ese acuerdo no podrá prevalecer sobre normativas vigentes en casos de aportes a la seguridad social o seguro de desempleo.
El polémico decreto de las ocupaciones
Desde 2006, un decreto enfrenta al gobierno, los sindicatos y las cámaras empresariales: el de las ocupaciones de los lugares de trabajo. El gobierno en ese decreto señaló la medida como una extensión del derecho de huelga, algo que no es compartido por los empleadores, que reivindican el derecho a trabajar de los no huelguistas y el de los directivos de la compañía de ingresar a la empresa durante la medida, lo que fue respaldado por la OIT.
400 mil trabajadores cobran salarios líquidos de $ 15.000 o menos, según estimaciones realizadas por el PIT-CNT, que son calificadas como remuneraciones sumergidas
