Especialistas creen que nueva ley de salud mental será dificil de aplicar

La que rige en la actualidad es de 1936; hospitales y colonias psiquiátricas deberían cerrar en 2020
El récord histórico de consultas en la emergencia del Hospital Vilardebó se alcanzó en marzo de este año: más de 2 mil pacientes -mensualmente se atienden unos 1.600- llegaron porque necesitaban asistencia psiquiátrica. Sin embargo, este centro está destinado a desaparecer, ya que Uruguay firmó en 2010 el Consenso de Panamá, que establece que todos los manicomios que hay en el país deben cerrar antes de 2020. ¿Los uruguayos están preparados para que no existan los hospitales psiquiátricos? ¿Cómo se tratan, entonces, las enfermedades mentales que requieren internación? Si surgen alternativas, ¿no terminarán convirtiéndose en nuevos Vilardebó?

El Consenso de Panamá no es el único documento que presiona al Estado. Un proyecto de ley de salud mental fue votado por la Cámara de Senadores en octubre del año pasado y ahora el texto se encuentra en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de Diputados, que lo votará el 11 de julio. Después lo aprobará la Cámara de Diputados. En ese proyecto también se impulsa la desinstitucionalización de los pacientes. Ya no existirán los hospitales o clínicas pisquiátricas y menos las colonias asilares. Quienes requieran internación irán a los hospitales o mutualistas con el resto de los pacientes.

El presidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, Rafael Sibils, dijo a El Observador que le parece "sumamente deseable" que se cierren los manicomios. El especialista señaló que el proyecto de ley plantea un cambio de paradigma en la forma en la que se debe tratar a las personas con enfermedades mentales, ya que deja de lado el aislamiento y favorece su reinserción a la sociedad. "Esta ley es suficientemente sólida y flexible como para continuar con los cambios que se han hecho y empezar con los que se necesitan", opinó.

De todos modos, Sibils aclaró que no todos los pacientes que se encuentran internados podrán integrarse a la sociedad. De hecho, hay personas que pasaron toda su vida en una colonia asilar, ya que sus familias no sabían qué hacer con ellos y prefirieron alejarlos.
2020 es el año en el que deberían cerrar todas las colonias y hospitales psiquiátricas según el Consenso de Panamá que fue firmado por Uruguay.
En esos casos, el proyecto de ley prevé la creación de estructuras alternativas, que "no podrán reproducir las prácticas, métodos, procedimientos y dispositivos cuyo único objetivo sea el disciplinamiento, control, encierro y (...) privación de libertad".

Las estructuras alternativas serán de tres tipos: de tiempo completo -cuando sea estrictamente necesario-, parcial diurna o nocturna y hospitalización domiciliaria.

"Hace más de 30 años que estamos tratando de pelear por que se cierren las colonias y es viable, pero hay que poner voluntad política y trabajo", agregó Sibils. El proyecto de ley actual sustituirá a la ley del Psicópata, que fue creada en 1936. Si bien esa norma supuso un avance en el tratamiento de las patologías mentales, porque determinó que se debía prestar asistencia a las personas que sufrían algún tipo de afección psiquiátrica, la medicina avanzó a lo largo del siglo XX y la ley se mantuvo.

Difícil de llevar a cabo

Una de las preocupaciones de las autoridades sanitarias es cómo poner en práctica la ley cuando se apruebe. Fuentes de ASSE dijeron a El Observador que tiene que haber un cambio cultural en los uruguayos, para que puedan incluir a las personas con enfermedades mentales en las actividades de todos los días. Según la fuente, el año 2020 "es mañana" para cerrar los manicomios, por lo que resulta "utópico" que se pueda cumplir ese plazo.

De todos modos, expresó que es necesario que se apruebe el nuevo proyecto de ley, porque en 1936 no había medicamentos y tampoco existía la psicología, por lo que el método de trabajo con los pacientes psiquiátricos era distinto. En ese sentido, sostuvo que aunque sea difícil llevar a cabo la norma, "es un buen punto de partida" para asegurar una asistencia de mejor calidad. "Esta ley va a ayudar a mejorar la relación de los usuarios con el personal de salud, pero todavía hace falta crear más infraestructura comunitaria", agregó.
2 mil pacientes fue el récord histórico de consultas psiquiátricas que llegaron a la emergencia del Hospital Vilardebó en marzo. Habitualmente llegan 1.600 por mes.
El informante contó que ya se crearon salas en el Hospital Maciel y en el interior del país, porque la idea de las autoridades es que los pacientes psiquiátricos sean recibidos en los mismos lugares que se tratan el resto de las patologías. "La sala del Maciel es una de las mejores de América Latina, tanto en el ámbito público como en el privado", señaló.

A su vez, explicó que reformar todo el Vilardebó sale dos veces más caro que abrir una institución nueva, ya que hace 137 años que se construyó el edificio. De todos modos, agregó que se hicieron remodelaciones en la cocina, en la emergencia y en el Pabellón 11 (el de máxima seguridad), porque hay 320 pacientes internados que "merecen vivir en mejores condiciones".

El presidente de la Comisión Interna del Hospital Vilardebó, Pablo Silva, también opinó que es una "utopía" llevar a cabo la nueva ley si se aprueba aunque destacó sus beneficios. "La ley es fabulosa y cualquier trabajador de la salud mental se enamoraría de ella, pero llama la atención que las mismas personas que participaron en su creación sean las que deben ocuparse del Vilardebó", dijo.

"Acá hay fines de semana que tenemos que calentar agua en jarras eléctricas para bañar a los pacientes y nadie hace nada", agregó el enfermero sobre las condiciones en las que trabajan.

A su vez, se mostró en contra de cerrar el hospital, porque ese centro funciona como un lugar de referencia para el tratamiento de las patologías psiquiátricas. Según el dirigente, la ley debería lograr la integración de todas las personas con trastornos mentales y "por decantación" el Vilardebó se clausuraría.


Sin embargo, sostuvo que los uruguayos "no están preparados" para ese momento, ya que cada vez más personas consultan en la emergencia del centro.

"Es fácil denostar un modelo en donde el enfermero trae el jabón de la casa para bañar a los pacientes, así cualquiera, así yo también llego a la conclusión de que hay que cerrarlo ahora", agregó.

Silva planteó que no se debe clausurar el centro, sino potenciarlo y remodelarlo para que no se vulneren más los derechos de las personas que están internadas allí. En ese sentido, sostuvo que el Vilardebó necesita más enfermeros (uno atiende a 30 internos) y más vigilantes, ya que hay un trabajador para cuidar a 50 pacientes.

Distintas visiones

La presidenta de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, Susana Ferrer, dijo a El Observador que el proyecto de ley no prevé la integración de equipos interdisciplinarios para determinar, por ejemplo, si el paciente debe ser internado. Según el texto, bastará con la firma de un profesional médico que considere que el usuario tiene que ser hospitalizado. "Determinadas cosas que se transforman en ley pueden transformarse en una forma de vulnerar los derechos de las personas", sostuvo. De todos modos, también se necesitará el consentimiento del paciente, de un familiar o de un juez.

La integrante de la Sociedad de Psiquiatría Biológica (la otra sociedad de psiquiatras que existe en Uruguay), Alcira Frontini, consideró que el texto sí incluye a otros profesionales para que participen del proceso, pero reconoció que hay ciertas instancias en las que no se puede dialogar con los usuarios. "La intervención psicoterapéutica es muy valiosa y muchas veces tiene mejores efectos que la farmacológica, pero primero hay que sacar al paciente de la situación aguda para ponernos a conversar", agregó.


La Coordinadora de Psicólogos del Uruguay también reclama que el órgano de contralor previsto en la ley para supervisar a los nuevos centros de tratamiento no se encuentre en la órbita del Ministerio de Salud Pública (MSP). Según los licenciados en Psicología, debería ser independiente, porque de lo contrario cada vez que asuma un nuevo gobierno va a haber cambios y no va a ser una política de Estado. De hecho, la Organización de Naciones Unidas (ONU) también le hizo esa observación al texto, lo que aplazó su aprobación en la comisión de diputados.

Sin embargo, Frontini consideró que para que no sean "solo recomendaciones", el equipo de fiscalización tiene que depender del MSP. "Para que el órgano de control pueda sancionar tiene que depender del Poder Ejecutivo, porque si no todo lo que haya que corregir va a quedar en la nada", explicó.

La psiquiatra consideró que no hay que discutir "detalles" de la norma, sino que hay que "colaborar" para que se apruebe. "No nos podemos olvidar que nos rige una ley de 1936 -subrayó-, resulta necesario apurar los plazos para cambiarla".

La "mala prensa" del electroshock

Según los especialistas, hay pacientes que no quieren recibir terapia electroconvulsiva (más conocida como electroshock) porque se ha creado "una mala prensa" en torno a ese tratamiento. Sin embargo, aclararon que la tecnología que se utiliza en Uruguay es la misma que se usa en el resto del mundo. "Se utiliza en casos muy específicos y tiene determinadas garantías", dijo el presidente de la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría, Rafael Sibils. El electroshock se usa para "resetear" el cerebro -según explicaron los psiquiatras- y permite borrar determinadas ideas que pueden ser peligrosas para el usuario o sus allegados. "Esto salva vidas, porque permite eliminar las ideas suicidas, por ejemplo", explicó Sibils.


El tratamiento se basa en pequeñas descargas de electricidad en el cebrero, que generan convulsiones. En la actualidad se realiza con la presencia de un psiquiatra, un anestesista (ya que el paciente está anestesiado mientras se hace), y dos enfermeros. La terapia dura 20 segundos. En el Hospital Vilardebó, por ejemplo, hay entre 10 y 15 usuarios que reciben el tratamiento por día.

Consentimiento informado

El proyecto de ley plantea que los pacientes deben saber los detalles de los tratamientos que se les aplicarán y deben estar de acuerdo -siempre que sea posible- con su internación. "Siempre que se puede, que es el 99,9% de los casos, se le explica lo que se le va a hacer. La persona entiende y tiene un consentimiento informado", explicó el presidente de la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría, Rafael Sibils. Si el usuario no está en condiciones de decidir, un familiar o un juez deben aprobarlo.

Un problema de denominación

Uno de los reclamos de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay es que el proyecto de ley utilice la denominación "trastorno mental". Según ellos, esa nomenclatura ayuda a la estigmatización de los pacientes y no los reconoce como personas con derechos. Sin embargo, Alcira Frontini, integrante de la Sociedad de Psiquiatría Biológica afirmó que una persona con un trastorno mental tiene todos los derechos de una persona que no lo padece, "pero eso no quita que tenga un padecimiento mental".


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