La Justicia suiza aceptó ayer el pedido de Uruguay de extraditar a Figueredo para indagarlo por lavado de dinero, estafa y apropiación indebida derivados de hechos de corrupción registrados en torno a contratos de televisación de torneos de la Conmebol, organismo del que el dirigente uruguayo fue vicepresidente entre 1993 y 2013.
La intención de las autoridades uruguayas es que Figueredo, de 83 años de edad, arribe a Montevideo antes del próximo jueves 24, aunque el retorno –que al igual que el viaje de ida de los policías, se hará en clase económica– depende de las conexiones aéreas, dado que no hay vuelos directos entre Uruguay y Suiza.
Apenas llegue a Uruguay, Figueredo será conducido a declarar ante la jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez. Tomando en cuenta los plazos que se manejan y que la Constitución establece que como máximo un indagado puede estar detenido 48 horas hasta que se resuelve si es o no procesado, es probable que la instancia judicial deba hacerse durante el Feriado de Navidad y a pesar de que el jueves 24 comienza la Feria Judicial.
Gómez dijo ayer que en la medida que Uruguay pidió la extradición de Figueredo y que Suiza la aceptó es "porque existe prueba suficiente de una actividad con apariencia delictiva" y "se presume que terminará con el procesamiento" del dirigente, que también fue presidente de la AUF entre 1997 y 2006.
Consultado sobre el tema en rueda de prensa, el fiscal destacó el logro que supone para el sistema judicial uruguayo haber obtenido la extradición de Figueredo a pesar de que Estados Unidos lo había requerido antes. "Confiamos en que vamos a tener nuevos elementos para continuar con una investigación seria que habla bien del país y de su sistema judicial, porque lograr una extradición en estas condiciones no es nada sencillo", dijo Gómez.
La denuncia, presentada por los abogados Jorge Barrera y Víctor Della Valle, planteó que la Conmebol recibió una oferta de la empresa Global Sport (propiedad de Francisco Casal) de US$ 805 millones por las ediciones de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de 2015 a 2020, pero terminó aceptando la propuesta de la firma T&T Sports, que ofreció US$ 381 millones, es decir, US$ 424 millones menos.
Figueredo aceptó desde el comienzo la opción de ser extraditado a Uruguay debido a que las penas en Estados Unidos son bastante más severas y casi no tendría la posibilidad de evitar la cárcel, siendo que de acuerdo a la legislación uruguaya podrá lograr el beneficio de la prisión domiciliaria al tener más de 70 años.
Pero, además, con el fin de obtener una reducción en la eventual condena, Figueredo pretende firmar un acuerdo de colaboración con el fiscal Gómez, para lo cual deberá aportar al expediente información que sea de utilidad para la investigación.
"Nosotros no vamos a ofrecer información como si fuera una venta. El que maneja la investigación es el fiscal y en función de lo que plantee veremos qué es lo que está en conocimiento de mi cliente para que pueda aportarlo a la investigación", expresó ayer a El Observador la abogada de Figueredo, Karen Pintos.
Al respecto, Gómez dijo que la posibilidad de suscribir un acuerdo de colaboración supondrá una "conversación" para saber "cuál es la información que Figueredo está dispuesto a dar".
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