Hacia el control parlamentario

Es factible y deseable una acción opositora conjunta en Diputados

La unidad opositora con fines electorales es una meta tan prematura como dudosa. Pero es factible y deseable que se concrete la naciente iniciativa hacia una acción conjunta para frenar en Diputados cualquier exceso en que pueda incurrir el gobierno en el nuevo presupuesto. Además del objetivo primordial de proteger a una población castigada con desmesura tributaria y de tarifas, es una forma idónea de cumplir con la tantas veces ignorada obligación del Parlamento de controlar el gasto gubernamental. El movimiento se puso en marcha en la reunión convocada por el diputado Gonzalo Mujica, cuya escisión privó al Frente Amplio de su mayoría automática, y al que asistieron todos los partidos opositores menos el Independiente. No descartó participar en próximos encuentros pero sorprendió su ausencia en la reunión inicial después de haber aceptado primero para luego dar marcha atrás.

El diputado Iván Posada explicó que su partido consideró que, antes de enviar al gobierno un mensaje político sobre la necesidad de prudencia fiscal, es necesario conocer sus propuestas presupuestales. En ese mensaje, sin embargo, radica el peso de la iniciativa. Al margen de que se llegue o no a un acuerdo de toda la oposición, ya existe una advertencia al Poder Ejecutivo de que si no ejerce retracción presupuestal sus proyectos pueden ser frenados en la Cámara de Diputados. Mujica y los representantes de los partidos Nacional, Colorado, de la Gente y hasta la ultraizquierdista Asamblea Popular acordaron confeccionar un listado de temas comunes. Lo encabezará el generalizado rechazo a más aumentos de impuestos, que exigen algunos sectores frenteamplistas, y a las desmedidas tarifas de servicios públicas, luego de la seguidilla de ajustes fiscales dispuestos el año pasado.

Otros temas que deberá incluir una eventual plataforma común son la educación pública y la salud. Parte del oficialismo y el movimiento sindical apremian al gobierno para que asigne más recursos, pero sin ofrecer garantía alguna de mejoras de gestión y resultados. Son áreas que se tambalean por ineptitud conductiva y en las que el gobierno deberá moverse con extrema cautela, resistiéndose a gastar donde no se justifique. Las presiones ya se están intensificando con paros fijados en Primaria y Secundaria, alentadas por las perspectivas de crecimiento económico este año y el próximo. Pero la prioridad del gobierno debe centrarse en bajar el actual déficit fiscal del 3,4% del Producto Interno Bruto (PIB), hacia el 2,5% proyectado por el gobierno para 2019, y en reducir el endeudamiento. La forma de lograrlo es asignar a esas urgencias los ingresos que genere el crecimiento del PIB y mostrar extrema cautela en el gasto que proponga en la Rendición de Cuentas, bajándolo en vez de aumentarlo.

A propiciar estos objetivos saludables se encamina la búsqueda de un acuerdo entre los partidos opositores, pese a las diferencias ideológicas y de intereses políticos que los dividen. Su función, si fijan algunos puntos básicos de acción conjunta, será frenar la Rendición de Cuentas si al gobierno se le va la mano. Ciertamente no sería un desastre que este fuera el caso, ya que sin Rendición el gobierno no quedaría comprometido a aumentos de gastos, quedando con más libertad para la mesura fiscal que no existió en las dos primeras administraciones frenteamplistas, especialmente en la segunda como acaba de reconocer el ministro Danilo Astori, y que la actual asegura querer cristalizar.


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