Hubo más muertos en la construcción tras la aprobación de ley penal empresarial

Luego de una intensa discusión en la que estuvieron involucrados trabajadores, empresarios, políticos y hasta constitucionalistas, el Sindicato Unico de la Construcción (Sunca) logró que el 18 de marzo de 2014 el Frente Amplio aprobara en el Parlamento la denominada Ley de Responsabilidad Empresarial.

Pese a que blancos y colorados se opusieron a la iniciativa –y a que se advirtió acerca de su posible inconstitucionalidad- el sindicato logró imponer su idea de que una ley que sancionara penalmente a los empresarios que pusieran en riesgo la vida y la salud de sus empleados abatiría la cantidad de muertos en accidentes de trabajo en el área de la construcción.

Sin embargo, más de un año después de la aplicación de esa norma, el número de muertos en la construcción aumentó al tiempo que disminuyó la cantidad de accidentes junto con el número de trabajadores que se desempeñan en esa área de actividad.

Así surge de un estudio realizado por el ex director de la Oficina de Servicio Civil, Alberto Sayagués, que en las últimas horas fue entregado a dirigentes del Partido Nacional y al que tuvo acceso El Observador.

Allí consta que los muertos en la construcción durante el 2013 fueron nueve y en 2014 fueron 14. "Resulta razonable concluir que las afirmaciones del Sunca respecto al buen resultado que tendría esta Ley no fueron confirmadas por los hechos. La Ley parece ser ineficaz para evitar las muertes en la construcción producto del riesgo del trabajo. También resulta razonable concluir que la Ley resulta ineficaz para evitar que algunos empresarios incumplan normas de seguridad y provoquen muertes por desidia", dice el informe de Sayagués en el que cita legislación comparada y cifras de accidente en otros países.

Por su parte, el presidente del Sunca, Faustino Rodríguez, dijo a El Observador que "efectivamente, la cifra de muertos es real y es lamentable".

Pero señaló que dos de los fallecimientos ocurridos en 2014 tuvieron como escenario un mismo accidente en Río Branco, y que más de un caso fue protagonizado por trabajadores que estaban "en negro". "Cuando hay presencia del sindicato y de las cámaras (empresariales) los controles son muy estrictos", afirmó el sindicalista.

En su documento, Sayagues, quien asesora al líder blanco Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) señala que el texto de la ley de responsabilidad empresarial "es muy breve y se concentró en un solo punto lo que la hizo particularmente ineficaz". Ese artículo dice: "El empleador, o en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección en la empresa, no adoptare los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador, será castigados con tres a veinticuatro meses de prisión".

Sayagues toma por buenas las cifras de disminución de accidentes que maneja el Sunca pero les da otra lectura. "Al analizar las cifras de ocupación encontramos que el promedio de trabajadores de la construcción en el mismo período enero a julio, disminuyó de 80.530 de 2013 a 73.160 de 2014: una baja del 9,2%. El 'histórico descenso del 9%' citado por el Sunca en el número de accidentes de trabajadores se corresponde casi exactamente con el descenso del número total de trabajadores. Y esto debe ser mejor explicación que el impacto de la Ley en los accidentes", señala Sayagués.

El ex funcionario nacionalista observó que las experiencias transitadas en este tema por países como España y Perú –citadas por el Sunca como muestras de éxito en el combate a los accidentes.- tienen sus peculiaridades.

Dijo que en España "la tendencia de accidentes es a disminuir y en Uruguay es fluctuante" y que en el país europeo fue aprobada "una extensa ley de prevención de riesgos laborales" que "reorganizó y profundizó" la gestión en ese asunto. En cuanto a la experiencia peruana, Sayagués observó que a la ley que penaliza a los empresarios responsables de accidentes se le adjuntó un artículo que establece que "se excluye de responsabilidad penal cuando la muerte o lesiones graves son producto de la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del trabajador".

El asesor consideró que "hay que superar la tradicional mentalidad de 'Ley aprobada, problema solucionado'; es esencialmente un problema de gestión, no de represión. Y conste que no nos preocupamos porque vayan presos los responsables de las muertes en la construcción por desidia. Nos preocupamos porque no disminuyen las muertes y no aumentan los presos".

"¿Quiere decir que la Ley, además de ineficaz, fue contraproducente en Uruguay? No, ya que dos años, que es la información que se presenta, no es suficiente para marcar tendencias porque en pocos años puede haber importantes fluctuaciones que pueden interpretarse de diversas formas. Por ejemplo, las edades y fechas de ingreso a los registros del BPS de los accidentados pueden indicar la contratación de personal con menor experiencia", complementa Sayagués en su informe.

Durante los días en los que la ley fue debatida en el Parlamento, varios abogados consideraron que el delito de "peligro" camina al filo de la Constitución. Es así que el catedrático en derecho constitucional, Martín Risso, opinó que la ley votada "es espantosa desde el punto de vista técnico".

La iniciativa fue rechazada por blancos y colorados. A los astoristas tampoco les gustaba pero la terminaron votando.