Idea del MPP sobre declaración jurada de privados "exorbita el marco constitucional", dice ministro de SCJ

Jorge Chediak afirmó que se afectaría el derecho la intimidad

El debate sobre la transparencia para evitar la corrupción está instalado. A nivel político existe consenso para que se hagan públicas las declaraciones juradas de bienes ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) de varios jerarcas de distintos ámbitos del Estado y gobernantes, que si bien actualmente están obligados a cumplir con ese requisito, la información no se divulga debido a que la normativa actual establece que solamente se debe dar a conocer los estados patrimoniales del presidente y del vicepresidente.

El Movimiento de Participación Popular (MPP), el sector que lidera el expresidente José Mujica, presentó el martes a los demás sectores del Frente Amplio un proyecto de ley para ampliar las declaraciones juradas que deben hacerse públicas, abarcando a los legisladores, directores de entes y servicios descentralizados,intendentes, alcaldes, concejales, ministros de Estado, ministros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El aspecto más polémico de la iniciativa es que plantea la obligación de realizar declaraciones juradas ante la Jutep a los privados que tienen nexos comerciales con el Estado.

"Pretendemos seguir avanzando en un camino cada vez más transparente donde todas las personas físicas que manejen fondos públicos, incluso perteneciendo a instituciones u organizaciones privadas, deban rendir cuentas de sus bienes e ingresos", dice la iniciativa del MPP y que tiene al diputado Daniel Caggiani como uno de sus principales impulsores.

Al respecto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, dijo que a su juicio incluir a los privados en el sistema de declaraciones es algo "exorbitado" porque implicaría "una violación al derecho de intimidad".

El artículo 3 del proyecto detalla que la obligación regirá para entidades comprendidas en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), los licenciatarios o concecionarios de obra o servicios públicos, y "organismos privados que manejen fondos públicos o administran bienes al Estado, bajo cualquier título o modalidad". Agrega sobre eso último que la reglamentación determinará el alcance de la obligación, y a partir de qué monto la presentación será voluntaria.

"Abarcar a quienes contratan con el Estado, por ejemplo suministrando productos, es demasiado y exorbita el marco constitucional", consideró Chediak.

"No conozco democracia que haya transitado tan lejos hacia la obligación de transparentar, porque los que tenemos la obligación de ser transparentes somos los funcionarios públicos", dijo Chediak al ser entrevistado anoche en el programa Quién es Quién que se emite por Televisión Nacional de Uruguay (TNU, Canal 5).

Con lupa

El magistrado sostuvo que una norma de ese tipo "habría que mirarla con lupa". "No todo mecanismo que tenga un objetivo loable es constitucional porque puede chocar con determinados derechos", afirmó.

Chediak indicó que existe hasta una dificultad operativa, porque normalmente los privados que tienen negocios con el Estado son personas jurídicas, es decir empresas, por lo que lo único respecto a ellas que podría divulgarse son sus balances. "¿Se iría hasta la obligación de transparentar los patrimonios de quienes son accionistas de esas empresas?", se preguntó.

No obstante, el integrante del máximo órgano del Poder Judicial dijo que está "totalmente" de acuerdo con divulgar las declaraciones juradas de todas las personas que ocupan cargos de jerarquía en el Estado, así como de sus familiares más directos.

Por su parte, el abogado constitucionalista Martín Risso dijo a El Observador que la iniciativa del MPP en cuanto a abarcar a los privados que en algunos casos tienen vínculos comerciales con el Estado es una idea "muy fina" desde el punto de vista de la Carta Magna, por lo que su articulado debe ser analizado con detenimiento.

"Es claro que a los funcionarios públicos se les puede exigir y a los privados no, pero quienes contratan con el Estado en cierta forma están en el medio, por lo que se debe estudiar", afirmó Risso.


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