Judiciales amenazan con demanda internacional si no logran acuerdo con el gobierno

Definieron que esperarán hasta abril a que el gobierno pague los aumentos salariales
La Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU) decidió seguirá reclamando al gobierno el 21,6% del incremento salarial y si la administración no acepta esa propuesta, presentarán una demanda internacional.

La decisión se dio luego de una reunión en asamblea que realizaron este jueves para definir el futuro del conflicto judicial que mantienen con el Poder Ejecutivo desde 2010.

El secretario de prensa de la AFJU, Rafael Álvez Acuña, dijo a El Observador que hubo siete mociones durante la asamblea, pero la ganadora fue la que establece que se reclame lo que dicta la sentencia judicial. En marzo de 2015, un fallo de la Justicia otorgó la razón a 3.800 funcionarios judiciales que reclamaban 26% de ajuste salarial, aunque la sentencia lo fijó en 21,6%.

"Vamos a visibilizar el conflicto y vamos a llevar acciones para hacer visible el reclamo", afirmó Álvez Acuña. El funcionario anunció que presentarán la propuesta en el Ministerio de Trabajo durante los primeros días de marzo luego de una marcha nacional.

Los trabajadores amenazan con presentar una demanda internacional a principios de abril si el gobierno no les paga. "Se puso una fecha prudencial, tiempo más adelante, porque esas cosas también llevan tiempo para procesar", sostuvo.


La fórmula del Poder Ejecutivo para dejar atrás el conflicto era pagarles un incremento el 15% de ese 21,6%. Sin embargo, el gremio rechazó esa propuesta a principios de febrero.

Ese 15% se dividía en dos, el retroactivo de 2012 a 2015 se pretendía pagar en tres cuotas anuales. Desde diciembre de 2015 los judiciales cobran el incremento del 7,75%, a cuenta del aumento del 15%. Del restante 8% (para llegar al 15%) se les abonaría 4% este año y 4% en 2018.

El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, informó a El Observador días atrás que la propuesta para los funcionarios y actuarios judiciales equivalía a un pago de US$ 18 millones este año, US$ 15,5 millones en 2018 y la misma cantidad en 2019.

Historia

El conflicto empezó en 2010 cuando con la ley de Presupuesto se incrementaron los sueldos de los ministros de Estado, que están equiparados con los de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Eso quería decir que, al elevar el de los primeros, también se debían aumentar los salarios de los ministros de la SCJ, algo que no sucedió.

A su vez, las remuneraciones de los funcionarios del Poder Judicial están enganchadas a los de los ministros de la SCJ y también se deberían haber incrementado .

En ese momento, el Poder Ejecutivo intentó enmendar el proyecto que votó el Parlamento a través de una ley interpretativa y luego repitió el procedimiento en la ley de Rendición de Cuentas para "desenganchar" los aumentos, pero ambas normas fueron declaradas inconstitucionales.

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