La sociedad de los ilustrados muertos

Papeletas con tres propuestas de enmienda constitucional circulan por calles de la ciudad y pueblos del interior, ante la indiferencia de la dirigencia partidaria, que confía en que tiene el patrimonio de las decisiones políticas. Grave error si se subestima a estos movimientos.

El plebiscito con mayor apoyo de toda la historia uruguaya fue ideado y echado a andar por alguien que no ha sido homenajeado con un obelisco, ni una calle ni una plazoleta; nadie se acuerda de él, pero las papeletas salían como pan caliente, otros se fueron apoderando de la iniciativa y finalmente, la fuerza de los jubilados, determinó que la aciaga enmienda de 1989 ganara con 81.8% de los votantes.

Y el segundo plebiscito con más apoyo también fue sobre jubilaciones (72.3% sobre votantes de 1994).

Hoy, una de las papeletas aparece como un frasco de dulce de leche abierto en un cumpleaños infantil; propone jubilaciones sin impuestos de acá a la eternidad, y aunque los que impulsan esa enmienda no son conocidos ni tienen organización fuerte, la tentación está sobre la mesa.

Las otras dos iniciativas también tienen un componente atractivo para gran público, porque emergen como reacción ante banqueros y "poderosos de las finanzas", como rebeldía ante la autoridad que quiere imponer un sistema de vida. Su problema es que pueden neutralizarse entre sí.

Las tres iniciativas desafían a los líderes políticos, porque la presión del pueblo chico, del barrio, de las cercanías, va a comprometer a dirigentes locales, alcaldes, ediles, diputados y otros, a pronunciarse en defensa de intereses populares. ¿Ahora frenarán estos intentos?

Hace dos semanas, el Frente Amplio aceptó arriar la bandera de la Reforma Constitucional, vieja aspiración de la izquierda, que no pudo concretar ni al ser mayoría absoluta del país. Pero aunque el partido con más militantes no pudo hacerlo, otros con menos potencial se ingenian para emparchar la Constitución.

Este martes, Uruguay celebró el juramento de la primera Constitución del país, que fue redactada en circunstancias especiales, como lo explicó el entonces diputado por Montevideo, José Ellauri (1789-1867) en su carácter de miembro informante de la comisión redactora.

En su discurso ante la Asamblea, Ellauri aclaró que esos constituyentes no tenían "la vanidad de persuadirse" de haber "hecho una obra original, grande, ni perfecta"; subrayó el honor de tamaña tarea, de su "primera y más sagrada atención, de constituir el Estado", y aclaró que ello había sido encarado "sin la comodidad precisa para el recogimiento y la meditación; sin libros y sin una sociedad numerosa de ciudadanos ilustrados a quien consultar y de quienes recoger conocimientos útiles".

Y abrió la puerta a las modificaciones que se pudieran hacer a esa Carta, para que fuera mejorada: "La Comisión, que ha sentido vivamente el que nuestros conciudadanos no le hayan favorecido con sus observaciones en este tiempo, repite que se prestará con docilidad a cuantas modificaciones o supresiones se presenten fundadas ...".

Aquella primera Constitución tenía 159 artículos y estaba destinada a tener muchas modificaciones, aunque debió esperar hasta agosto de 1912 para recoger la primera enmienda y sería esa Ley Nº 4.257 la que creara el plebiscito, herramienta posteriormente muy usada.

Desde el 19 de abril de 1934 hasta ahora, se han realizado 17 elecciones para gobierno nacional (presidente o colegiado) y salvo en dos ocasiones, 1954 y 1984, siempre hubo que votar simultáneamente por un plebiscito. Además hubo otros cuatro plebiscitos separados de elecciones (1951, 1980, 1994 y 1996), pero los casos que se presentan para 2019 son de votación simultánea a una elección presidencial. Eso supone cierta confusión de intereses para el votante, porque no se trata de un "Si" contra un "No" a propuesta concreta, sino de un pronunciamiento mezclado con otras listas e intereses.

La amplia mayoría de esas propuestas concluyó en fracaso, pero varias fueron aprobadas (1934, 1938, 1942, 1966, 1989, 1994 y 2004) y las que sí fueron exitosas fueron las de beneficios para jubilados.

Dos recursos de plebiscitos son contra la bancarización; uno conducido por el abogado Gustavo Salle (con Milionis, Martínez, Chiereghin, Terra y Beisso), con una enmienda que dice que "está prohibida cualquier forma de bancarización obligatoria", que la gente "tiene derecho a operar con dinero en efectivo en todo tipo de transacción" y que el gobierno no puede dar "ventajas o perjuicios" si se paga con efectivo o tarjeta.

El otro movimiento es con la consigna "Para decirle No a la Ley de Inclusión Financiera Obligatoria" ("Sumate firmando") y sus representantes son Fabio Brun, Tomás Luis Casas, Carlos Citera, Jorge Díaz, Fernando González Abella, Miguel Mestre, José Andrés Pereyra, Martín Rodríguez Croucciee y Alejandro Sorozabal. Dice que "el Estado será civilmente responsable del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección" y que "el uso de mecanismos de dinero electrónico o de cualquier otro instrumento financiero, será opcional para los contratantes".

La otra papeleta fue lanzada el 3 de julio en el Ateneo de Montevideo, con oratoria de Huber Díaz y Carlos Sarthou y si es aprobada derribará el "Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social" (IASS), la Contribución de jubilados y pensionistas bancarios, y si el Parlamento llega a votar un tributo a los retirados militares, toda negociación de ahora habrá perdido valor.

Propone agregar este inciso en el artículo 67 de la Constitución: "Las pasividades, las pensiones, y en general todo tipo de prestaciones de seguridad social, servidas por el BPS, o entidades estatales, paraestatales o privadas, no podrán ser gravadas con tributos de ninguna naturaleza, ni ser objeto de detracciones, descuentos, o prestaciones de cualquier tipo, salvo las obligatorias alimentarias, de salud o las que consienta su titular".

Este año la Corte Electoral se pronunció contra el recurso impulsado en Colonia para derogar un impuesto al alumbrado y citó dos antecedentes de Rocha y Flores, porque no es posible hacer referéndum contra ley de impuestos (y se interpretó que eso incluye a decretos departamentales).

En este caso se trata de una enmienda constitucional para impedir que haya tributos sobre pasividades, por lo que no es un referéndum derogatorio, sino que tiene fuerza constitucional para impedir que se graven esos ingresos.

El caso será un nuevo desafío para los partidos políticos y les obligará a pronunciarse. Los líderes pueden dejar correr el agua pensando que no llegará la inundación, pero eso tiene riesgos incontrolables.

Ellauri advirtió que la sociedad de 1830 no era "numerosa en ciudadanos ilustrados", aunque viendo los parches que se han propuesto y hecho a la Constitución en estos últimos tiempos, el Uruguay se parece más a una sociedad con ilustrados muertos.