Los aspectos del nuevo TLC con Chile que generan desconfianza en el FA

Rodolfo Nin Novoa todavía no había puesto un pie en el sexto piso de la Cancillería cuando ya sabía lo que tenía que hacer: "abrir la puerta y prender la luz" de nuevos destinos, tal como él mismo repite, para facilitar el camino de los exportadores. Ese fue el mandato presidencial que recibió pocos segundos después de aceptar el cargo.

Nin Novoa llegó a una cancillería que no había negociado un tratado bilateral en doce años y los números describían esa "realidad incontrastable", como definió el ministro el día que fue a explicar a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado el acuerdo de libre comercio que por esos días se aún se negociaba con Chile.

"Actualmente el Uruguay accede solamente al 7,12% del mercado global de bienes con un esquema de preferencia. Según el Banco Mundial, la media de los dos países de acceso preferencial al comercio global es del 40%", dijo Nin el 1° de setiembre de 2016. Chile a través de sus 25 acuerdos obtiene acceso preferencial al 70% del comercio global, contrastó el ministro.

Ante esa realidad y con el mandato de abrir mercados la cancillería trazó una hoja de ruta: se harían esfuerzos para profundizar los lazos comerciales con los países en los que hay un acuerdo marco a nivel del Mercosur, que son miembros de Aladi y que tienen un amplio margen de maniobra para mejorar la oferta exportable de bienes y servicios uruguayos.

La sintonía política entre Tabaré Vázquez y Michelle Bachelet propició que en un encuentro bilateral en diciembre de 2015 los dos presidentes acordaran profundizar los lazos comerciales. La instrucción de los presidentes se resolvió en pocos meses, con cuatro visitas presenciales y varias rondas de comunicación virtual. Del lado uruguayo trabajaron 40 funcionarios de varias dependencias del Estado.

El TLC con Chile significa liberalizar servicios y negociar un conjunto de elementos innovadores para facilitar el comercio. Por eso Nin Novoa comenzó a hablar de un acuerdo de "última generación" que –más allá de la nominación marketinera– implicaba que, por primera vez, un gobierno uruguayo trasladará sus posiciones nacionales a un amplio abanico de materias tales como: coherencia regulatoria, comercio electrónico, medioambiente, transparencia, anticorrupción, género, pequeñas y medianas empresas, facilitación de comercio, participación pública, entre otros temas.

El músculo negociador uruguayo no solo se activó por primera vez desde 2004 sino que además volvió a ejercitarse con una contraparte entrenada y actualizada.

El acuerdo se selló a principios de octubre de 2016 en la Torre Ejecutiva, donde el presidente Tabaré Vázquez recibió al ministro de Relaciones Exteriores de la República de Chile, Heraldo Muñoz.

El Ejecutivo además procuraba que el acuerdo con Chile propulsara las negociaciones con el Pacífico: México, Colombia y Perú seguían en la lista.

Pero un año después el Parlamento aún no votó el tratado que es resistido por varios sectores del Frente Amplio (ver página 3). En definitiva, el acuerdo se negoció más rápido de lo que lleva de tratamiento parlamentario. De forma inevitable, el canciller tendrá que volver a explicar próximamente los beneficios que el tratado de veinte capítulos tiene para el país si es que quiere cruzar la cordillera que le pone el partido.

"Creo que estamos en el nivel más alto que puede considerarse en las relaciones bilaterales comerciales entre dos países", afirmó categóricamente Nin Novoa el 18 de marzo durante una nueva comparecencia en la comisión del Senado.

El tratado liberaliza el comercio en materia de servicios. Por ejemplo las empresas de software dejarán de pagar el 25% de aranceles para ingresar al mercado chileno. Hubo sectores que las partes decidieron dejar afuera del acuerdo como el de las telecomunicaciones en Uruguay y el de los servicios financieros en Chile.

En este proceso se dio la particularidad que por primera vez Uruguay negoció bajo la modalidad de "listas negativas", es decir, estableciendo solo qué es lo que no se permite. El texto del acuerdo tiene dos anexos. En el primero cada una de las partes incluyó lo que quería dejar afuera –en el caso de Uruguay fue servicios que involucran monopolios estatales básicamente– y en el segundo anexo se hicieron reservas a futuro.

Uno de los puntos medulares, explicó el exdirector de la Dirección de Asuntos Económicos de Cancillería, Ricardo Nario, es el mejoramiento de las normas técnicas y medidas sanitarias que hace que el comercio sea más fluido. En este sentido el acuerdo creó un Comité Sanitario y Fitosanitario para evitar obstáculos técnicos al comercio y que provocará que los productos uruguayos que hoy demoran en llegar al mercado chileno puedan ingresar en forma más rápida.

Otro de los aspectos que destacaron los técnicos de cancillería refiere al régimen de origen que habilitará a Uruguay a utilizar este tratado como una ventana para ingresar en otros mercados, una posibilidad que el país ya tenía pero no utilizaba.

"Pienso que el comercio bilateral va a aumentar sustancialmente. Esperemos que los US$ 199 millones que exportamos en 2015 puedan aumentar ciento y tantos millones", dijo Nario en comisión el 1° de setiembre de 2016.

El tratado incluyó aspectos novedosos en materia de anticorrupción –que obliga a la administración central a darle más potestades a la Junta de Transparencia y Ética Pública-, comercio electrónico y género.

El encargado del área de derechos de autor del Ministerio de Educación y Cultura, José Antonio Villamil, fue invitado especialmente por la senadora Constanza Moreira (Casa Grande) a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado para expresar sus opiniones acerca del capítulo Propiedad Intelectual.

"A diferencia del Tratado de Libre Comercio existente entre Uruguay y México, contiene disposiciones que suponen aceptar niveles de protección de la propiedad intelectual superiores a los que los países en vías de desarrollo defienden en los foros internacionales, en especial la Organización Mundial del Comercio", dijo Villamil ante los senadores.

El especialista señaló, además, que el tratado contiene disposiciones que afectan la capacidad negociadora del país en las tratativas que se llevan adelante en la actualidad para un TLC entre el Mercosur y la Unión Europea.

"Las coincidencias culturales y de producción con los países del Mercosur pueden hacer que una protección amplia de las indicaciones geográficas europeas se transforme en una barrera para la valorización de los productos regionales, especialmente, vinos y quesos", argumentó. Las indicaciones geográficas son aquellas que identifican a un producto como originario del territorio de un miembro.

Finalmente, Villamil señaló que Uruguay debía esperar para sumarse al Sistema Internacional de Patentes (PCT) porque de adherirse ahora podría complicar la negociación con la Unión Europea. En una de las cláusulas del acuerdo, las partes se comprometieron a llevar adelante los "mayores esfuerzos" para adherir a dicho tratado de cooperación marco que existe desde 1970.

Sus argumentos fueron tomados por algunos sectores del Frente Amplio para trancar la aprobación del proyecto. Sin embargo, en opinión de la directora nacional de Propiedad Industrial, Marianela Delor, dicho tratado "no modifica sustancialmente la soberanía ni las disposiciones sobre el otorgamiento de patentes en Uruguay", dijo el 1° de junio en el Senado.

En esa comparecencia la funcionaria explicó que tanto el tema de los derechos de autor, como de las marcas y las patentes quedaron por fuera del capítulo por haber "ciertas incompatibilidades normativas".

De todos modos, Delor reconoció que las indiciaciones geográficas "es un tema delicado" y de "debate" en tanto que tiene "mucha incidencia en la inserción comercial de los dos países".

Lo que se acordó fue crear una comisión de seguimiento, en el ámbito del Ministerio Industria, para el análisis de todas las indicaciones geográficas. A Uruguay le importa crear denominaciones de origen para productos de exportación como el vino tannat y el queso colonia para poder distinguirse de la competencia.

En el caso de Chile el interés es proteger, por ejemplo, la originalidad del pisco frente a Perú.

En este caso particular Uruguay se guardó la posibilidad de que en un futuro, cuando se negocie un acuerdo de estas características con Perú, se pueda reconocer también el pisco como peruano, explicó el funcionario de la cancillería, Martín Álvez, en el Parlamento.