Más aulas y más celdas

¿Existe una relación entre inversión educativa y ocurrencia de delitos?
El gobierno nacional tendrá que elegir si construye más escuelas, más centros educativos y los dota de lo necesario, o plazas carcelarias. Esa es la disyuntiva", dijo entre aplausos la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), Elbia Pereira, en su discurso del 1º de mayo. Aunque se trató de uno de los puntos fuertes del acto que organiza el PIT-CNT, no es la primera vez que se plantea esta dicotomía entre aulas y celdas.

En 1995, el por entonces presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Germán Rama, convenció al Parlamento de votar a favor de la creación de escuelas de tiempo completo, porque, según argumentó, de lo contrario el Estado tendría que construir más cárceles. En 2009, en tanto, en un acto de campaña, el candidato presidencial Pedro Bordaberry volvió a plantearse esta relación entre plazas carcelarias y centros educativos. "Si no resolvemos los problemas en la Educación, vamos a seguir bajando la ley de imputabilidad y construyendo cárceles", explicó.

Pero, ¿qué de cierto hay en estas afirmaciones? ¿Existe alguna relación entre inversión educativa y seguridad pública?

Para el sociólogo, magíster en educación, e integrante de la organización Eduy21, Renato Opertti, si bien "nada es lineal cuando se trata de educación", la falta de inversión y "propuestas claras" en la materia "puede llevar a que un país se vea obligado a destinar más recursos en cárceles". Según dijo, la deserción estudiantil en secundaria, la cual alcanza el 40% en los sectores más pobres, puede a la larga impactar en la forma en que una sociedad se relaciona.

"Cabe preguntar si toda esa expulsión en la educación media, presente en los últimos 20 años, no ha contribuido a empeorar la situación de seguridad", opinó el especialista.

Sin embargo, para Opertti plantear la discusión en más aulas o más celdas, es una "falsa dicotomía", porque no invertir en la construcción de nuevos centros de reclusión traerá aparejado hacinamiento, "lo que no contribuye a mejorar el nivel de seguridad". Y además, contar con más recursos para destinarlos en salarios o centros educativos no garantiza el éxito de una política educativa.

"Lo que hace exitosos a países como Finlandia o Singapur es que tienen una propuesta educativa sólida, apoyada en voluntades políticas, recursos y profesionalidad, y no solo en mayor inversión", dijo el especialista.

Por su parte, el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, opinó que "la inversión en cárceles debe ser vista como inversión educativa en el sentido amplio". "La cárcel debe dar educación para el trabajo, para la convivencia", opinó y agregó: "Hay que sacar el concepto de que es algo punitivo que no debe ser prioridad".

El Estado uruguayo destina al ítem educación el 4,5% del PIB (lo que en 2016 fue US$ 1.156 millones) y se propone tender al 6% . En tanto, la administración de cárceles demanda el 0,25% del PIB (US$ 136 millones).

Aulas en cárceles

Para el presidente de la comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados del Uruguay (CAU), criminólogo y catedrático en Penal, Germán Aller, "las cárceles deben servir para reeducar" y así "disminuir la posibilidad de que se cometan delitos".

El especialista opinó que "si el sistema funcionara correctamente, la cárcel debería ser un lugar para estudiar, completar secundaria, y hacer carreras universitarias".

0,25% del PIB (US$ 136 millones) es lo que destina el Estado uruguayo a la administración de cárceles, según en BID, mientras que destina 4,5% del PIB (US$ 156 millones) a la educación.

Sin embargo, según datos del Informe Anual del Comisionado Parlamentario Penitenciario 2016, el 80% de los presos (8.098 de los 10.123 recluidos) no realiza ninguna actividad educativa. "Insólitamente, en el seno del propio Estado se reproducen (y se magnifican) las condiciones sociales de carencias elementales que llevaron a que esas personas cometieran delitos. Alojarlos en un lugar sin educación, sin cultura, sin deporte, sin capacitación, es reiterar el contexto de vulnerabilidad social de donde provienen muchas de esas personas. El resultado se repite: más violencia", señala el informe que fue publicado la pasada semana.

El otro costo del encierro

No basta con considerar el rubro que el Estado destina a la administración de cárceles para comprender el impacto económico de tener a miles de personas bajo llave. Según el estudio Los Costos del Crimen y la Violencia 2017, que elabora el BID, además del 0,25% del PIB que se destina al funcionamiento de las cárceles, hay un 0,18% del PIB que el Estado se priva de recibir porque las personas recluidas no producen.

Para calcular esta cifra –que en Uruguay representa US$ 94 millones–, el estudio estima un ingreso laboral promedio en relación a su género y edad y así se puede saber cuánto percibiría si estuviera en libertad y empleado.

80% de los presos no realizan actividades educativas durante su tiempo de reclusión, según datos del Informe Anual de 2016 elaborado por el comisionado parlamentario penitenciario.

Si se suma lo que el Estado invierte y lo que deja de percibir, el costo de estos de la cárcel para Uruguay es del 0,43% de su PBI (US$ 226 millones). Ese porcentaje está por encima del promedio regional (0,39%), y supera largamente al costo de países como Guatemala (0,13%) o Brasil (0,20%), y por debajo de Barbados (0,71%), Bahamas (0,65%) y Chile (0,57%).

Alternativa a la cárcel

Con 315 presos cada 100.000 habitantes, Uruguay está entre los 30 países con mayor índice de prisionización del mundo, un ranking que dominan países como Islas Seychelles (799 presos cada 100.000 habitantes) y Estados Unidos (661). Para Aller esto juega en contra de su reeducación, y en última instancia contribuye a que, personas que fueron encerradas por el delito que no revestían un peligro para la sociedad, reciban instrucción criminal de aquellos que sí son peligrosos.

"En Uruguay la cárcel cumple función de castigo, y eso no tiene un correlato en una disminución de la criminalidad, más bien lo contrario", dijo Aller. El especialista opinó que debe pensarse en alternativas a la prisión, como tareas comunitarias para aquellos delitos de menor gravedad.

"Cabe preguntar si toda esa expulsión en la educación media, presente en los últimos 20 años, no ha contribuído a empeorar la situación de seguridad" Renato Opertti, sociólogo especializado en educación

Aller señaló que en Uruguay casi la mitad de las causas judiciales terminan donde hay un procesado, la persona termina tras las rejas, mientras que en países como Estados Unidos, que "son de mano dura", esta cifra no supera el 20%.

El abogado y criminalista dijo que no necesariamente por tener penas de cárcel más largas se obtiene un mejor resultado en seguridad, y apuntó a que reducir el nivel de prisionización y focalizar en
educación dentro de las cárceles en aquellos que lo ameriten permitirán reducir el costo social del crimen.

Cárceles que son "agujeros negros"

Según el informe de 2016 sobre la situación del sistema carcelario, elaborado por el comisionado parlamentario, una de cada tres personas privadas de libertad se encuentra en una situación grave de negación de sus derechos básicos y muy lejos de tener alguna oportunidad de rehabilitación. Estos 3.600 presos viven en lugares donde "todo tiene su precio" y se reiteran las acciones de corrupción de "funcionarios infieles". Además del ingreso de dinero, drogas, celulares y alimentos, el informe también revela que existen funcionarios que incentivan las peleas entre internos para realizar apuestas a ver quién gana. El comisionado señala como tortura la aplicación de medidas de aislamiento donde hay reclusos que no tienen ni siquiera dos horas diarias de contacto humano y reciben visitas cada 40 días.


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