La jueza Mariana Mota, quien será trasladada este viernes desde la justicia penal –donde se especializó en casos de DDHH- a la justicia civil, manifestó que con su movimiento “se están obstaculizando las investigaciones”, según dijo a Brecha.
Explicó que con su salida de la órbita penal, su sucesora deberá “empezar desde el desconocimiento de las causas, y debe ordenar la cabeza y ver cómo estamos en casi 50 causas de no menos de 600 fojas cada una, más los legajos militares y los archivos de miles de fojas digitalizadas de los tribunales militares en cada caso”, lo que obstaculizará los casos.
En otro orden, Mota considero que “no” se está haciendo valer la independencia del Poder Judicial. Al respecto, puso como ejemplo el caso del avión Air Class o el del "300 Carlos", cuando el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro hizo declaraciones públicas.
“Ahí correspondía que el Poder Judicial saliera a defender su independencia y señalara con claridad que se debía cumplir con la orden que había impartido una jueza, pero yo no sentí nada eso”, comentó.
En otro tramo de la entrevista se le preguntó a Mota por su opinión respecto a que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aún no ha señalado que lo que se investiga en los 50 casos son crímenes de lesa humanidad, los que son imprescriptibles e inamnistiables.
La magistrada señaló que “es una decisión que se ha ido evitando” y que desconoce el por qué. “Después de una excelente sentencia de inconstitucionalidad de la ley de caducidad, solo rescato el voto discorde del exministro Leslie van Rompaey, el único que dijo que se puede aplicar la figura de la desaparición forzada en estos casos”.
Agrego que esa postura deja a Uruguay “muy atrás en la jurisprudencia latinoamericana de derechos humanos” y señaló que Argentina, Bolivia, Paraguay, entre otros países, “desde hace muchos años se han acompasado a la evolución internacional, pero no Uruguay.
Volver a empezar
Mota manifestó que con su pasó a la justicia civil tiene “que empezar otra vez”. “Hace siete años que estoy en la materia penal, estudié, me profesionalicé, hice cursos, me preocupé por especializarme en lo penal y en materia de derechos humanos vinculados con los penal, algo que la Suprema Corte de Justicia no promueve. Y de buenas a primeras me pasan a civil, entonces tengo que empezar otra vez”, dijo a Brecha.
La jueza, que dijo tener unos 50 casos de derechos humanos a su cargo, señaló que “cuando un juez está con determinadas causas complicadas es importante que siga un hilo conductor hasta el final, salvo que esté haciendo las cosas muy mal”, lo que consideró que no era su caso.
Archivos militares
Mota agregó que va a recurrir su traslado y que maneja la posibilidad de ir a una corte internacional en caso de que no prospere. “Pienso en lo que este traslado significa para el control del cumplimiento de la sentencia del caso Gelman en cuanto a la orden de no obstaculizar las causas. La obligación de investigar no se cumple”.
La jueza agregó que “hay archivos militares que permanecen ocultos”. “Algunos militares lo han dicho en este juzgado. Los archivos existen, pero no dicen dónde están”, indicó.
“Algunos declaran que hace 20 años estaban en tal lugar o en otro, para que no los encontremos. En el corredor algunos han alardeado con que esos archivos ocultos son su salvoconducto”, expresó.
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