En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) está en plena zafra. En sus salas se negocian desde agosto los ajustes salariales que tendrán alrededor de 600 mil trabajadores de la actividad privada durante los próximos dos años. Allí también se define a qué velocidad se completará la recuperación del salario perdido durante la pandemia para los sectores que lo tienen pendiente.
Para la décima ronda se instalaron alrededor de 170 mesas. En la amplia mayoría de los subgrupos ya se dejó atrás la presentación de propuestas y contrapuestas, y representantes de empleadores y trabajadores están en pleno intercambio para renovar los acuerdos que vencieron el 30 de junio pasado.
Al cierre de esta semana había unos 20 acuerdos firmados, y otro grupo de entre 25 y 30 estaba en proceso de redacción, dijo a El Observador, el director nacional de Trabajo, Federico Daverede.
El MTSS no estableció plazos para que empleadores y trabajadores se pongan de acuerdo, pero sí una vez cumplidos los 60 días desde la puesta en marcha de las conversaciones comenzó a evaluar la situación mesa por mesa.
Ese análisis toma en cuenta el curso de la negociación, el nivel de acercamiento entre las partes y los antecedentes de las últimas dos rondas. A partir de ahí se determina en qué mesas amerita dar algo más de tiempo porque es factible llegar a un acuerdo tripartito. Y también en cuáles se debe generar el desenlace final, esto es pasar a votación el lineamiento oficial, o en su defecto implementar el decreto del Poder Ejecutivo.
Daverede estimó que a partir de la semana entrante se empezará a acelerar el proceso de cierre de las mesas, sin desconocer que hay grupos más complejos que otros. “A mediados de octubre pensamos tener un gran porcentaje de la ronda cerrada”, dijo el jerarca.
Consultado sobre el ritmo de la negociación afirmó que está “dentro de lo normal” y es similar al de la ronda anterior, pero con un tema común en muchas plataformas sindicales, que es la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial.
Si la firma de los acuerdos se dilata mucho en el tiempo puede generar dificultades asociadas al pago de los retroactivos, que en este caso son a julio de 2023. Esto supone un problema para las empresas que deben afrontar un pago sin todavía tener claro las cifras, y también para los asalariados que ven demorada la actualización de sus ingresos.
“Por eso nos interesa que las negociaciones sean dinámicas y eficientes, que cada reunión realmente tenga contenidos para poder acercar a las partes”, apuntó el director nacional de Trabajo.
El sector supermercados es un rubro del comercio donde tradicionalmente la negociación lleva más tiempo, y esta vez no es la excepción. Hubo cuatro reuniones y la situación está en “cero”, según dijo a El Observador, el dirigente de Fuecys, Carlos Baíz.
La plataforma del sindicato planteó acuerdo a dos años con ajustes por inflación proyectada, recuperación de lo perdido en pandemia (2,1%) en una sola cuota, y cuatro puntos de crecimiento de salario real (uno por semestre). A la lista se suman otras reivindicaciones, como ratificación de los beneficios de acuerdos anteriores, antigüedad y presentismo ajustado por IPC, menú subsidiado para todo el personal y revisión de categorías, ente otros.
En el grupo de trabajo doméstico la actualización de los salarios se perfila para que siga los parámetros establecidos en la pauta oficial, aunque inicialmente el sindicato había hecho un planteo con ajustes mayores. También hay otros puntos en discusión, como la creación de categorías (cocina, limpieza y cuidado), licencia unificada y días libres para estudios médicos sin pérdida de presentismo, por ejemplo. Habrá una nueva reunión en los próximos días, dijo a El Observador, Laura Rivero, presidenta del Sindicato Único de Trabajadores Domesticas.
Dentro de la industria, hay varios grupos vinculados a la actividad metalúrgica que también están negociando. El dirigente de la Untmra, Danilo Dárdano, afirmó a El Observador que no han registrado avances significativos, y estimó que el 90% de las ramas irá a votación. En la lista de reivindicaciones está la implementación de un fondo social en los rubros que no lo tienen, y también la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas semanales sin pérdida de salario.
Con respecto a los salarios, el planteo sindical se basa en ajustes por inflación proyectada de analistas privados, correctivos, y recuperación de lo perdido en pandemia a pagar en una sola cuota. Está semana se prevén paros y asambleas en esta rama de la industria.
Dentro del sector financiero se sigue negociando en banca privada, y hay acuerdos en Afaps, compañías de seguros y tarjetas de crédito, informó a El Observador, el dirigente del sector banca privada de AEBU, Juan Fernández.
También se sigue negociando en el sector rural que abarca a trabajadores de ganadería, agricultura, tambos y actividades conexas; en la rama de peajes, y en la mayoría de los rubros del comercio, servicios y la industria, entre muchos otros.
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