La directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Bottero, dijo que "hay una presión muy fuerte" de un grupo de padres "que perdieron el acceso a sus hijos" para que se apruebe el proyecto de ley de tenencia compartida, en entrevista con Radio Viva 96.7 de Punta del Este.
Bottero indicó que "la tenencia compartida ya se aplica hoy en el 90% de los casos de separación", y que los casos que se presentan para defender esta ley "son casos de hombres que tuvieron antecedentes de violencia y abusos hacia sus hijos", criticó la directora.
"No hay que generar una ley que vaya en contra de los logros de las mujeres para estos pocos casos", agregó.
El proyecto de ley, que tiene 13 artículos y cuenta con el acuerdo de la coalición, tiene previsto su tratamiento este martes en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Bottero, integrante del Partido Independiente, adelantó que su fuerza política no votará el proyecto como está redactado.
El texto, al que accedió El Observador y que tiene acuerdo en la coalición para avanzar en el Senado, reconoce el principio de la corresponsabilidad bajo el entendido de que ambos padres tienen derechos y obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo de sus hijos cualquiera sea el régimen de tenencia fijado judicialmente o por acuerdo. La finalidad, se indica, es la "justa distribución" de esos derechos y deberes.
La bancada tuvo que corregir en los últimos días una de las disposiciones, ya que según indicó en rueda de prensa la senadora Carmen Asiaín la redacción incurrió en un "error involuntario" que afectó a "un articulito", por el que de aprobarse el articulado un padre o una madre no perderían la patria potestad aunque incurrieran en delitos de femicidio, proxenetismo, o corrupción contra sus propios hijos.
La jerarca del Ministerio de Desarrollo (Mides) mostró su preocupación porque, de salir esta ley, no se cortaría "el acceso de padres a niños que pueden haber sido abusados", algo que podría ocurrir "incluso contra la voluntad de esos niños".
"Uruguay suscribió una serie de Convenciones internacionales que tienen fuerza de ley en el país, que fuimos pioneros en este sentido, y vamos a tener que dar explicaciones ante la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra y otros organismos", remarcó Bottero.
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