Cabildo celebra avance de una ley que "hará justicia" con las víctimas de la "usura legalizada"

La decisión fue celebrada por el senador Guido Manini Ríos. Constituye, señaló, el primer paso para "hacer justicia con miles de uruguayos" que, como deudores de buena fe, "fueron víctimas de la usura legalizada de los prestamistas".

Se trata de un proyecto negociado hasta última hora y que generó una fuerte resistencia en filas del propio Poder Ejecutivo que integran los cabildantes pero que, para los liderados por el excomandante del Ejército, no va más allá de los compromisos asumidos con sus votantes. 

"Se trata de una realidad ante la que, no sé por qué, durante años el sistema político o no notó o miró para el costado", dijo a El Observador el senador Raúl Lozano. Una realidad bien visible, señaló, que sufren miles de uruguayos. Lozano destacó además que se trata - fuera de la vetada ley sobre suelos forestales - del primer proyecto de ley "trascendente" que presentó Cabildo Abierto y que será aprobado. 

Consultado, el senador reivindicó que su formación política ha sido la primera que se preocupó por poner el tema en esta legislatura. También que la iniciativa obedece a lo que su partido dijo que iba a ser durante la última campaña electoral. 

Con todo, Cabildo debió negociar y aceptar que algunos puntos de su propuesta fueran dejados de lado. Por ejemplo que, logrado un acuerdo y transcurridos cinco años de incumplimiento, el deudor quede rehabilitado al haber cancelado el 50% de la deuda. También que, si se puede acreditar que el acreedor actuó en forma engañosa al otorgar el crédito, los adeudos quedarían perdonados "sin más trámite". 

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El Frente Amplio había solicitado más plazo para definir su postura, pero terminó plegándose y votó el texto propuesto. El único punto opositor que el oficialismo aceptó incorporar está referido a la "actuación culpable del acreeedor" en los casos en que un crédito fue otorgado sin la información suficiente en cuanto al monto total a pagar con intereses incluidos. También está previsto en los casos que en la publicidad de ese crédito haya sido efectuada sin indicar la tasa de interés efectiva, y cuando el acreedor incurra en "prácticas abusivas" para el cobro de la deuda. Entre ellas, violación a la intimidad del deudor, uso de información errónea y "llamadas constantes y a horarios inapropiados". 

Manini y Labat

El proyecto generó a mediados de este año un enfrentamiento entre Manini y el presidente del Banco Central (BCU), Diego Labat. "Hay que ser muy cuidadoso, porque esto implica un posible cambio en las reglas de juego" había advertido el jerarca en junio al presentarse en el Parlamento. En su visión, proyectos como el de Cabildo significan "en los hechos meterse en contratos entre privados, que no siempre y no necesariamente van a llegar a los resultados que queremos o deseamos". 

Eso hizo que Manini desafiara públicamente a Labat a revelar "cuál sería la solución" a los graves problemas de endeudamiento que existe en el Uruguay. El senador citó allí cifras del propio Banco Central: 633.000 personas figuran como "deudores irrecuperables" en los registros del organismo. Por otra parte, el Clearing de Informes relevó que más de un millón de uruguayos mantiene algún tipo de atraso en el pago de sus deudas. 

Manini agregó que todo se debe a las "altísimas tasas de interés" que, según su visión, han sido "habilitadas, permitidas y legalizadas" por una ley aprobada a inicios del primer gobierno del Frente Amplio, "que avala a que las financieras puedan cobrar intereses por arriba del 150%", en un país en el que todos estos años la inflación no superó el 10%. 

Qué dice 

El proceso ideado por Cabildo guarda similitudes con que se utiliza con las empresas que se presentan a concordato. Plantea la creación de un procedimiento judicial para reestructurar los pasivos de las personas físicas, que deberá ser precedido obligatoriamente por un procedimiento conciliatorio en el ámbito administrativo.  A eso podrán acceder aquellos "deudores inculpables y de buena fe" cuyos activos estén constituidos por una única vivienda y sus ingresos anuales sean menores o iguales a 120.000 unidades reajustables, equivalentes hoy a $ 1.796.000. 

El procedimiento deberá ser entablado ante el Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas dentro de los seis meses de haber incurrido en mora. Esa oficina deberá convocar a una audiencia de conciliación en un plazo de 45 años. Allí se procurará un acuerdo que deberá reservar un ingreso mínimo al deudor para su sustentación, que no podrá ser inferior al 70% de sus ingresos nominales cuando estos no superen los cuatro salarios mínimos nacionales. En caso se superar dicho monto, la reserva será del 60%. 

Si al final del proceso el acuerdo no llega, la Justicia podrá recurrir a una "reestructura judicial forzosa" cuyo cumplimiento será obligatorio para las dos partes y cuyo cumplimiento resulte factible. 

El Frente Amplio, en tanto, insistirá con la aprobación de su propio proyecto de ley. A la izquierda le interesa sobre todo legislar sobre los intereses y las retenciones que los prestadores de dinero pueden efectuar. En particular, la oposición había planteado elevar el monto intangible de los salarios, llevándolo en forma gradual del 35% al 50% de aquí a 2025.