"Entro por una puerta y salgo por la otra", afirmó este lunes el exintendente de Artigas Pablo Caram, en relación a la citación de la Fiscalía que tiene pendiente para responder por las presuntas irregularidades cometidas al frente de la comuna en licitaciones millonarias de obras públicas.
La investigación liderada por el fiscal Raúl Iglesias fue motivada por un informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), el organismo que vela por que se cumplan las normas de la función pública, y que analizó las adjudicaciones por unos US$ 3,8 millones a dos empresas, que eran propiedad de dos funcionarios municipales cercanos a Caram. La Jutep concluyó que los tres jerarcas violaron los principios de probidad, legalidad y transparencia.
Sin embargo, desde que se conoció el fallo el exintendente nacionalista sostiene que es inocente y adjudica intencionalidad política a los jerarcas de la Jutep. "Se cae de maduro que no hay absolutamente nada, todo es cristalino. Estamos en tiempos electorales, mezclaron agua con aceite y alguna otra cosita más", expresó este lunes en rueda de prensa, a la salida del acto de asunción de Pablo Da Silveira como ministro de Educación y Cultura.
Además, afirmó que no tiene "absolutamente nada que ver" con las denuncias en su contra y dijo que el informe de la Jutep se basó en "suposiciones". "Yo nunca vi que te juzguen por suposiciones", indicó.
El organismo empezó investigando la relación entre el contador de Proyectos de la Intendencia de Artigas, Omar Bicera, con una de las empresas, Pedrera del Norte SRL, ya que uno de los socios es hermano del funcionario municipal. Los dueños de esa empresa son Martín Bicera y Rodrigo Jiménez. Este último, sin embargo, también es dueño de Prenorte SRL y Jiménez Felice Rodrigo, según la conclusión a la que llegó la Jutep.
Mientras el organismo investigaba la denuncia inicial, encontró que Emiliano Soravilla, asesor de Caram contratado en forma directa, figuraba en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) como apoderado de dos de las empresas investigadas: Prenorte SRL y Jiménez Felice Rodrigo.
Días después de conocerse el dictamen de la Jutep, la Junta Departamental de Artigas envió a la Fiscalía y al directorio del Partido Nacional el informe.
Según supo El Observador, el fiscal Iglesias citó a declarar a Soravilla y a Bicera, los otros funcionarios denunciados.
El Directorio del Partido Nacional estudiará el informe para convocar al intendente y escuchar su versión. Esta instancia debió postergarse por la asunción del gabinete ministerial y los cambios que supone la asunción de Lacalle Pou y otros jerarca para el lema.
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