La fiscal Gabriela Fossati imputó al excónsul uruguayo en Moscú, Stefano Di Conza, por 14 delitos de fraude reiterados, en concurrencia fuera de la reiteración con 14 delitos de suposición de Estado Civil en reiteración en el marco de la investigación sobre la organización que falsificaba pasaportes uruguayos para ciudadanos rusos y que integraba el exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano.
En la audiencia celebrada este domingo, que presenció El Observador, Fossati impuso la prisión preventiva hasta el 6 de febrero para el imputado. La fiscal entiende que Di Conza era parte de la banda que integraban Astesiano, el escribano Álvaro Fernández, su pareja Patricia Medina y el ciudadano ruso Alexey Slivaev, todos imputados en el caso.
Di Conza se desempeñó como cónsul en Moscú entre 2013 y 2018 y en el último tiempo trabaja en la Dirección de Asuntos Consulares. El Observador se contactó en dos oportunidades con Di Conza cuando comenzó a ser nombrado en la investigación y en ambas oportunidades negó estar vinculado a la organización que falsificaba pasaportes.
Di Conza ya había sido objeto de una investigación administrativa por un tema de visados cuando estaba en Moscú.
Cuando comenzó la investigación sobre el caso Astesiano y se realizaron investigaciones internas en Cancillería, Di Conza fue trasladado al Instituto Artigas del Servicio Exterior, “para que nadie luego pueda observar la objetividad del procedimiento”, habían explicado desde el ministerio.
A mediados de noviembre, el imputado Slivaev declaró en fiscalía e insistió en que las partidas que él utilizaba para gestionar los trámites venían apostilladas por el consulado uruguayo en Rusia y que él no tenía por qué dudar.
De esa forma, intentó explicar que cuando él recibía el documento, la falsificación ya estaba hecha y el delito ya se había cometido, pero no por él, sino por las personas que hacían el trámite en Rusia. Los delitos que se pueden haber cometido en Rusia no son perseguibles en Uruguay.
Consultado sobre si conocía de esas maniobras, respondió: "No es mi negocio, mi negocio era hacer el trámite". Aunque sospechara que hubiera irregularidades, no estaba obligado a denunciar.
En otro momento de aquella instancia, la fiscal Fossati le preguntó si conocía a un excónsul uruguayo en Rusia y Slivaev le indicó que solo de nombre.
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