"Evitar el mal mayor". Esa fue la premisa con la que salieron a la calle este este viernes a la tarde los policías que destinó el Ministerio del Interior para seguir de cerca la marcha en repudio a la reunión del G-20 en Buenos Aires, y que derivó en pintadas a paredes, daños a fachas de edificios y agresiones contra periodistas y algunos funcionarios policiales.
Políticos de la oposición -que tomaron la omisión policial de este caso como uno de los argumentos para votar este martes en el Parlamento una moción de censura contra el ministro Eduardo Bonomi- cuestionaron la pasividad de los efectivos que no lograron la detención de ninguno de los involucrados.
Pero para el director nacional de la Policía, Mario Layera, hay "una confusión" a la hora de juzgar el operativo policial que las autoridades consideraron exitoso, y que el trasfondo "es más complejo" de lo que se piensa.
"La orden es actuar siempre en estos casos con disciplina operativa buscando evitar el daño mayor", dijo Layera a El Observador, para quien no debe perderse de vista la normativa que rige la respuesta de la policía ante los desórdenes públicos. El artículo 30 de la Ley de Procedimiento Policial, por ejemplo, establece que "en toda circunstancia el personal policial debe actuar de forma tal que, racionalmente, evite generar un daño mayor al que pretende impedir".
Pero eso no es todo, dijo Layera, porque también enfrentaron otra dificultad: la capacidad de los manifestantes de proteger su identidad -actuaban encapuchados y se escondían en el centro de la marcha luego de agredir instalaciones y personas- y que eligieran un lugar para refugiarse y cambiarse de ropa: la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, ubicada en Martínez Trueba y Constituyente.
Los fiscales que actuaron en este caso, Fernando Romano y Leonardo Morales, esperan ahora la pericia de las cámaras de seguridad de la sede universitaria para identificar a los agresores que usaron el centro de estudio como punto de partida y refugio.
De todos modos, Layera dijo que no estaba en el plan del operativo "detener a todos, que eran más de 200 y no más de 20 los que actuaron en los daños y pintadas".
Morales escuchó esta explicación cuando le tomó declaración al jefe de Policía de Montevideo, Ricardo Pérez, y coincidió. "Enfrentaron a grupos que estaban buscando mártires, y si hubieran actuado tal vez estuviéramos lamentando lesiones graves o incluso muertos", dijo el fiscal, quien añadió que el saldo de víctimas -un policía con una mano fracturada y algunos periodistas que denunciaron agresiones- es favorable. "Ellos (la policía) consideran que salió bien el procedimiento, dado todo lo que pasó", dijo.
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