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“Decide el Estado y la sociedad o deciden las mafias”: los gobernadores se unieron contra el narco en Rosario
En medio de la escalada de violencia en Rosario que obligó al Gobierno nacional a desplegar un operativo de saturación en la principal ciudad santafesina, todos los gobernadores respaldaron a Maximiliano Pullaro en la lucha contra el narcotráfico en Santa Fe y adelantaron su apoyo a las medidas del Ejecutivo. “El Estado o las mafias”, plantearon a través de un comunicado que lleva la firma de todos los 23 mandatarios provinciales y del jefe de Gobierno porteño.
En el comunicado reconocen al narcotráfico como un problema “federal”, “no porque corresponda a una jurisdicción provincial, sino porque es un problema de todos”. “Los Gobernadores de las provincias argentinas y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresamos nuestro acompañamiento al Gobierno y Pueblo de la provincia de Santa Fe”, aseguran.
El Gobierno nacional conformó este domingo un comité de crisis para hacer frente a los atentados que se desataron la semana pasada en Rosario, como represalia del narco a la política de endurecimiento de las condiciones de detención de los presos de alto perfil que implementó el gobierno de Pullaro. Además de reforzar la presencia de fuerzas federales, el Gobierno decidió afectar a las Fuerzas Armadas para que den apoyo logístico en la lucha contra el narcotráfico. Ayer, el presidente Javier Milei aseguró en una entrevista con Chiche Gelblung en Crónica TV que “evalúan enviar una nueva ley de seguridad interior que les permita a las Fuerzas Armadas que puedan tomar algunas acciones adicionales”.
Si bien los gobernadores no mencionaron directamente esta propuesta, manifestaron: “Apoyamos las acciones destinadas a fortalecer tanto la operatividad de las fuerzas de seguridad como la persecución penal del narcotráfico y el terrorismo que vienen llevando adelante los gobiernos provincial y nacional”. “En mayor o en menor medida, la Nación en su conjunto está afectada por este fenómeno que está mostrando en Rosario su faceta de violencia y terrorismo y que no reconoce de límites ni fronteras, constituyéndose en una problemática que -con distintas formas- afecta a todas las jurisdicciones”, sostiene el documento.
“La gravedad y complejidad de lo que sucede requiere decisiones a la altura de lo que está en juego, que es la diputa por parte de la soberanía: deciden el Estado y la sociedad o deciden las mafias”, sentenció la carta que lleva la firma de Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Axel Kicillof (Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba), Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Marcelo Orrego (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Poggi (San Luis), Ricardo Quíntela (La Rioja), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Rio Negro), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Leandro Zdero (Chaco) y Sergio Ziliotto (La Pampa).
Luego de la convocatoria a la conformación del comité de crisis, desde el oficialismo anunciaron que la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, así como el Servicio Penitenciario asistirán a la Policía de Santa Fe en los esfuerzos por frenar la ola de violencia en Rosario. Las Fuerzas Armadas, por el momento, fueron facultadas para otorgar asistencia en las operaciones de seguridad interior. Sin embargo, muchos efectivos presentaron reparos y exigieron lo que Milei anunció: una modificación legislativa que les dé más herramientas.
Hasta ahora, las Fuerzas Armadas solo están habilitadas en Rosario para llevar adelante cuestiones logísticas como repartición de alimentos, traslado y trabajo en los barrios. Siempre sin armamento. Esto es lo que genera temor y dudas dentro las FF.AA. con el cambio que plantea el oficialismo. Y es que la pregunta recae en cómo podría defenderse un cocinero o un chofer ante un eventual ataque de un narcoterrorista.
“No aparece claro un marco legal que avale la intervención de los militares en esta operación. No hay reglas de empeñamiento”, advirtió un general retirado a este medio. Además, algunos insisten en que todavía está presente “el fantasma de los juicios y condenas por la represión de los 70 aún está vigente”. “Sin el marco legal adecuado y sin reglas de empeñamiento claras y aprobadas por el poder político es una locura”, plantean.
Pullaro, por su parte, expresó su apoyo a la reforma que impulsa el Presidente, ya que consideró que se trata de “ataques terroristas”. “Por lo que me decían están discutiendo un artículo de la Ley de Seguridad Interior. Yo creo que nosotros sí necesitamos una presencia policial muy fuerte. Y si es militar acompañando las tareas de prevención urbana también, porque lo que estamos viviendo son hechos de terrorismo y se tipifican de esta manera. El objetivo es quebrar decisiones de los gobiernos constitucionales a través de sembrar el terror y nosotros nos vamos a mantener firmes”, consideró durante una entrevista con LN+.
Consultado por la posibilidad de que las Fuerzas Armadas tengan atributos adicionales para manejarse en seguridad interior, Pullaro respondió: “Por supuesto, previo a un entrenamiento en lo que es la prevención urbana, el Ejército está formado en este momento no para tareas preventivas, sino defensivas y de ataque, pero rápidamente son personas entrenadas que tienen obviamente formación militar, formación táctica, formación en inteligencia, con lo cual están muy cerca de poder llevar adelante también acciones preventivas. Tendría que ver con el armamento y una formación muy corta para que puedan actuar, pero si lo pueden hacer”.
