Demanda de patrulleros e "ineficiencia" en indicación de tobilleras; SCJ exhortó a jueces a hacer "uso responsable"

La SCJ  pidió a los jueces que realicen un relevamiento en sus sedes para "descartar o brindar una solución alternativa" a las tobilleras electrónicas en los casos que ingresen dentro de las "dificultades" que planteó el Ministerio del Interior en el informe,  informó El País y confirmó El Observador con la circular enviada a los magistrados.

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"Hay tobilleras rotas en casos que no sabemos qué evolución han tenido y ante la ruptura por parte del victimario no ha habido un seguimiento o una consecuencia de ningún tipo", dijo Abdala en conversación con El Observador en diciembre.

Según el jerarca, el "crecimiento exponencial" de la demanda de tobilleras que ha tenido el Ministerio del Interior, que pasó de tener 1.200 activas al principio de la administración a 1.900 al momento, "esconde una gestión no del todo eficiente o con visos de ineficiencia" de parte de la Justicia en el otorgamiento y en el seguimiento de los casos.

Los casos "por fuera de los perfiles"

La Dirección de Monitoreo Electrónico (Dimoe) del Ministerio del Interior clasificó los casos que, a su entender, plantean dificultades a la hora de monitorear una tobillera electrónica. 

Las personas que tienen antecedentes penales por estupefacientes, homicidios, tráfico de armas, copamientos o rapiñas, por ejemplo, "no se adhieren a pautas y reglamentaciones"' para usar las tobilleras electrónicas lo que genera una demanda de móviles que la Policía tiene que mandar por cada situación.

Otro de los ejemplos es cuando se le colocan tobilleras a personas que viven en la calle, debido a que no pueden informar de un domicilio fijo ni tienen acceso a energía eléctrica para cargar el dispositivo lo que genera "procedimientos policiales continuos" como envíos de patrulleros para controlar el funcionamiento o trasladar a la persona para cargar la pulsera.

Las personas con un problema de salud mental diagnosticado que usan tobilleras electrónicas también son dificultosas para la gestión de la Policía, debido a que "generan eventos continuamente" por ingresar y salir de internaciones.

El informe señaló también que hay un 9,5% de tobilleras activas donde el conflicto no entre una expareja, sino entre madres e hijos lo que hace que la víctima acceda a ver al ofensor sin el dispositivo "para verlo, brindarle alimentación" y cuando la Policía lo detiene la víctima "concurre a solicitar que se lo libere".

En esos casos, el Ministerio consideró que son usuarios que "requieren una atención específica" y que "no la tienen por parte de ninguna institución u organismo".

Cuando no hay disponibilidad de tobilleras, la Justicia dictamina que la víctima sea custodiada por la Policía. El cuidado se realiza en tres turnos y en cada uno trabajan dos policías que se desplazan en un patrullero.

En Montevideo, por ejemplo, hay 57 personas custodiadas en este momento, una tarea que realizan 342 efectivos en total en 57 vehículos del Ministerio del Interior. "Esto termina repercutiendo en el combate a la violencia de género y distrae recursos que deberían aplicarse a la seguridad pública en general", consideró Abdala.