María Eugenia Scognamiglio
Periodista de actualidadNacional > VIOLENCIA DE GÉNERO
Persona con dos tobilleras y hasta una muerta con el dispositivo derivan en reclamo a la SCJ por "ineficiencia"
Tobilleras electrónicas vinculadas a personas que murieron, que se fueron del país, que duermen en la calle y que, por lo tanto, no pueden cargarlas, que tienen menores a cargo aunque usen el dispositivo, personas con antecedentes penales por otros delitos e incluso una persona que tenía dos tobilleras: una por agresor y otra por víctima.
El Ministerio del Interior detectó que hay una "gran cantidad" de dispositivos colocados de forma "ineficiente" y "por fuera de los perfiles". A su vez, hay más de 50 casos de personas que circulan con la tobillera hace más de dos años, un plazo que excede los seis meses regulares. Según el subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, ese plazo es flexible, sin embargo, los casos que tienen el dispositivo hace más de dos años no tienen seguimiento de parte de la Justicia.
Por eso Abdala le envío una nota a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) este martes, en el que le pidió a la presidenta, Doris Morales, que la Justicia revise la forma en la que asigna las tobilleras electrónicas.
"Hay tobilleras rotas en casos que no sabemos qué evolución han tenido y ante la ruptura por parte del victimario no ha habido un seguimiento o una consecuencia de ningún tipo", dijo Abdala en conversación con El Observador.
Según el jerarca, el "crecimiento exponencial" de la demanda de tobilleras que ha tenido el Ministerio del Interior, que pasó de tener 1.200 activas al principio de la administración a 1.900 al momento, "esconde una gestión no del todo eficiente o con visos de ineficiencia" de parte de la Justicia en el otorgamiento y en el seguimiento de los casos.
"Nos consta que hay tobilleras que se le han aplicado a ofensores que tienen graves antecedentes penales por otros delitos y que en ese caso no correspondería, porque seguramente con la tobillera no es suficiente para prevenir una acción delictiva", expresó Abdala.
En el Ministerio del Interior aseguran que el presupuesto no es el centro del reclamo a la SCJ y argumentaron que, de hecho, se ha incrementado el dinero invertido en la compra de tobilleras y hay dos partidas de 200 dispositivos cada una que llegarán en las próximas semanas.
Sin embargo, el otorgamiento y seguimiento de los casos está llevando a una gestión "ineficiente" que reduce la cantidad de dispositivos disponibles, algo que atrae otro problema: los recursos que se destinan a la custodia policial de la víctima, explicó el subsecretario.
Cuando no hay disponibilidad de tobilleras, la Justicia dictamina que la víctima sea custodiada por la Policía. El cuidado se realiza en tres turnos y en cada uno trabajan dos policías que se desplazan en un patrullero.
En Montevideo, por ejemplo, hay 57 personas custodiadas en este momento, una tarea que realizan 342 efectivos en total en 57 vehículos del Ministerio del Interior. "Esto termina repercutiendo en el combate a la violencia de género y distrae recursos que deberían aplicarse a la seguridad pública en general", consideró Abdala.
Autos incautados para custodiar a víctimas
En la nota Pablo Abdala le pidió a la SCJ que también se mejore la gestión del procedimiento que habilita al Ministerio del Interior a usar vehículos incautados en procedimientos policiales, siempre que no hayan sido por delitos de narcotráfico.
Las Jefaturas de todo el país tienen "decenas" de vehículos incautados por delitos como contrabando, por ejemplo. Pero, no se pueden utilizar hasta que un juez lo determine.
La ley 20.075 indicó que la Justicia puede otorgar el vehículo al Ministerio del Interior luego de los 90 días corridos a su incautación, pero el plazo termina siendo demasiado largo para los intereses de la Policía.
"En eso le pedimos a la SCJ mayor diligenciamiento, porque vemos que hay cierto retraso en varias tramitaciones para afectar el vehículo al Ministerio del Interior", explicó Abdala.
Con los autos incautados, el Ministerio del Interior pretende custodiar a las víctimas para desafectar patrulleros a esa tarea. Si bien Abdala dijo que no sería "tan categórico" para afirmar que faltan patrulleros, sí reconoció que las tareas de seguridad pública en la calle se podrían reforzar si contaran con más autos.
¿A quiénes corresponde colocar una tobillera?
En agosto, tras el femicidio de la joven Valentina Cancela, la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) aclaró que no se podría haber colocado una tobillera a Santino, el homicida de la adolescente de 17 años, debido a que el asunto se había instalado en la opinión pública.
Los jueces basaron su respuesta en la acordada de la Suprema Corte de Justicia 8028/201 que determinó que "por razones jurídicas y técnicas" las tobilleras se deben colocar a personas mayores de 18 años, que sepan leer y escribir y que no presenten problemas de audición porque el dispositivo tiene indicaciones escritas y debe poder interactuar con las autoridades encargadas del monitoreo.
Pero, además, la normativa estableció que los jueces deben determinar la duración de la medida, con fecha y hora de finalización para que se realice la desconexión del dispositivo, algo que, según Abdala, no funciona correctamente.
A su vez, el juzgado debe revisar cada seis meses los expedientes en los que se impuso la utilización de la tobillera electrónica para el seguimiento del caso, algo que también reclamó Abdala ante la SCJ.
