Derechos de Autor: organismo regional se suma a Spotify y reclama que se eliminen artículos de la Rendición de Cuentas

El director ejecutivo de ALAI, Raúl Echeberría, dirigió una carta a los senadores que por estas horas estudian la Rendición de Cuentas previo a la votación en el Senado que comenzará el próximo martes.

En la misiva se hace hincapié en que "los artículos mencionados modifican sustancialmente los sistemas actuales de administración de derechos de autor, lo que tiene implicancias para diversos actores de la sociedad civil, la industria cultural, la educación, la investigación y el desarrollo tecnológico".

Según afirman desde ALAI los textos sustituvos presentados en el Senado continúan siendo "deficientes y preocupantes". Desde la asociación regional ya habían enviado una carta expresando su preocupación semanas atrás y ahora destacan como objeción que los cambios propuestos, tal como están redactados, carecen de definiciones claras y resultan ambiguos, "lo cual hace impredecible los impactos que puedan ocasionar".

"Por la falta notoria de desarrollo del texto, de aprobarse, la reglamentación sería tan compleja que implicaría una delegación de competencias legislativas al Poder Ejecutivo", señala el director ejecutivo de la Asociación. 

Además, la asociación sin fines de lucro afirma que las modificaciones propuestas "ocasionarán incertidumbre jurídica en un país que ha hecho de las certezas jurídicas una de sus cartas de presentación".

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Desde la organización se hace hincapié en que cualquier modificación en el ámbito de los derechos de autor debe realizarse "con extrema cautela y después de un análisis exhaustivo de sus posibles consecuencias no deseadas".

En este marco, ALAI  sugiere "con toda convicción la eliminación de ambos artículos (284 y 285) del proyecto actual, y que sean derivados a la comisión correspondiente para una discusión separada que incluya un análisis detallado y cuidadoso, y la consulta a todas las partes interesadas".

Para la Asociación esta discusión deberá llevarse a cabo con la participación de expertos en el campo y con un análisis adecuado de las repercusiones que puedan surgir de las distintas propuestas.

"Entendemos que la cantidad de expresiones de preocupación que se han presentado, tanto en las comparecencias ante la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda como a través de los medios, son evidencias suficientes de la complejidad del tema y la necesidad de más discusión", sostiene el director ejecutivo de ALAI en su carta y agrega: "Aprobar estos artículos así sería muy precipitado y podría tener consecuencias indeseadas incluso para aquellos intereses que se pretenden defender".

ALAI es una organización regional sin fines de lucro que trabaja por el desarrollo digital de América Latina representando la perspectiva de la industria de Internet. Algunas de sus empresas miembro son, por ejemplo, Google, Meta, TikTok y Zoom.

Otros reclamos

A fines de agosto Spotify fue la primera plataforma en alzar su voz en contra de la nueva normativa. La empresa sostuvo que aprobar los artículos 284 y 285 de la Rendición de Cuentas implicaría “un pago obligatorio adicional de los servicios de música” que sumaría a los “miles de millones de pesos” que Spotify ya asegura estar costeando, lo que podría afectar su operativa.

Días después, tanto el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, como la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, recibieron cartas del mismo tenor de Digital Media Association (DIMA) y la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), según consta en los documentos a los que accedió El Observador. 

La primera es la representante de las compañías de streaming, y tiene bajo su órbita a YouTube, Pandora, Apple Music, Amazon y Feed.fm. La segunda representa a actores de la industria discográfica, entre ellos a Warner Music, Universal Music, Sony Music y en el caso nacional a la Cámara Uruguaya del Disco. 

¿Qué dicen los artículos?

Los artículos en discusión referidos a los derechos de autor son los 284 y 295 de la Rendición de Cuentas que fue aprobada en Cámara de Diputados y está en estudio en la de Senadores.

En el primero de ellos se establece que "el intérprete de una obra literaria o musical tiene el derecho de exigir una retribución por su interpretación difundida o retransmitida mediante la radiotelefonía, la televisión, internet o redes digitales de cualquier tipo, o bien grabada o impresa sobre disco, película, cinta, hilo o cualquier otra substancia, medio o cuerpo apto para la reproducción sonora o visual. No llegándose a un acuerdo se recurrirá al Tribunal Arbitral establecido en el artículo 58 de la presente ley", establece la nueva normativa.

El 285 expone que "artistas Intérpretes o ejecutantes, respecto de su facultad de comunicación pública y de puesta a disposición al público de fonogramas y grabaciones musicales en audiovisuales, generan en todos los casos, el derecho a una justa y equitativa remuneración por su explotación. Se establece asimismo que las entidades de gestión debidamente autorizadas a funcionar ejercerán la representación de artistas intérpretes o ejecutantes, de acuerdo a la reglamentación del Poder Ejecutivo, salvo que éstos manifiesten expresamente lo contrario".