Derechos de autor: la alerta de Spotify, el pedido de Da Silveira y la intervención de Lacalle Pou

Sin embargo, cuando el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, citó a los diputados de la coalición dos semanas atrás a una reunión en Torre Ejecutiva –ante la molestia de varios ministros por las reasignaciones negociadas en la cámara baja–, fue el propio presidente Luis Lacalle Pou quien "pidió que se reintegraran", según aseguró el legislador del Partido Independiente, Iván Posada, y confirmaron a El Observador varios participantes del encuentro. 

Posada sería en la semana siguiente, junto a su colega blanco Rodrigo Goñi, el responsable de reintroducir la disposición en un aditivo para su aprobación en el pleno de la Cámara de Representantes. "Si la reforma propuesta se convirtiera en ley en su forma actual, el negocio de Spotify en Uruguay podría volverse inviable, en detrimento de la música uruguaya y sus fanáticos”, alertó la plataforma en una carta al Ministerio de Educación y Cultura informada por El País y a la que accedió El Observador. 

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Los artículos en cuestión son el 284 y el 285, que habían llegado en el mensaje inicial como el 260 y el 261. En el primero de ellos se agrega a Internet y a las redes sociales como dos nuevas plataformas a través de la que los intérpretes tienen "derecho a exigir una retribución por su interpretación difundida en ellas". En caso de no haber un acuerdo, el monto se establecerá por "juicio sumario por autoridad judicial competente", según el artículo 284.

El 285 expone que “los acuerdos que celebren autores, compositores, artistas intérpretes o ejecutantes, directores y guionistas respecto de su facultad de comunicación pública y de puesta a disposición al público de fonogramas y grabaciones audiovisuales generan, en todos los casos, el derecho a una justa y equitativa remuneración por su explotación”.

"Esto en definitiva reestablece el equilibrio de todas las partes, de acuerdo a los comentarios que todos tenemos, de que no se estaban respetando los derechos de todos los intérpretes", aseguró Posada en diálogo con El Observador.

La disposición –desglosada por Da Silveira y reintegrada por el oficialismo a pedido de Lacalle Pou– había surgido por un reclamo de la Sociedad Uruguaya de Intérpretes (Sudei), que llegó a mantener por este tema una reunión con el presidente de la República. 

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Spotify adujo que la nueva normativa –ahora a estudio del Senado– implicaría “un pago obligatorio adicional de los servicios de música” que sumaría a los “miles de millones de pesos” que Spotify ya asegura estar costeando, lo que podría afectar su operativa. La plataforma consideró que los cambios interferirían con la contratación privada y que podría incurrirse en una duplicación de pagos por contenidos que ya han sido licenciados. 

La Sudei preparaba por estas horas un comunicado público en respuesta a la plataforma y para explicitar sus reivindicaciones. 

La carta enviada por Spotify al Ministerio de Educación y Cultura by El Observador on Scribd