El país cayó tres puntos y cuatro posiciones en el Índice de Percepción de Corrupción, interrumpiendo la trayectoria ascendente que había alcanzado su máximo histórico en 2024.
A esta altura, la pregunta ya no es si el sistema falla, sino quién responde penal y políticamente por un sistema que, una y otra vez, no cumple con su deber más elemental: preservar la vida de quienes están bajo su custodia.