El gobierno de Yamandú Orsi publicó este lunes la reglamentación Ley N° 20.383, la llamada "Ley de Medios" impulsada por la administración de Luis Lacalle Pou. Pese a que es una norma con la que el Frente Amplio fue muy crítico durante el tratamiento parlamentario, el Poder Ejecutivo definió ahora corregir la reglamentación que legó su antecesor en sus últimas semanas de gestión y blindar algunos artículos que consideraba como "fallas".
"Lo que buscan estas modificaciones es dar transparencia y garantías, quitar la discrecionalidad todo lo posible del medio y establecer condiciones igualitarias para todos los sectores", dijo a El Observador el director nacional de Telecomunicaciones, Pablo Siris. "Se buscan mecanismos que, sin resolver los problemas más serios de la ley (vigente), la doten de transparencia", agregó.
Siris, quien fuera el representante frenteamplista en el anterior directorio de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), sostuvo que la norma actual "tiene problemitas y cosas que deberían ser modificadas", pero reconoció que el gobierno no está pensando en una nueva iniciativa legislativa –tal como adelantó El Observador – dado el escaso ambiente político para aprobarlo en un Parlamento sin mayorías.
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Pablo Siris, director nacional de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria
MIEM
Multas a canales y radios por faltas
El nuevo decreto del Ministerio de Industria (MIEM) firmado por el presidente Orsi deroga siete artículos de la reglamentación aprobada por Lacalle Pou en febrero, modifica otras 12 disposiciones y agrega cuatro nuevos artículos a ese texto, según un repaso inicial del investigador y exjerarca frenteamplista Gustavo Gómez.
Uno de los cambios más importantes radica en el artículo 14, que reglamenta las sanciones previstas en la ley. Apenas asumió la administración de Fernanda Cardona, el MIEM cuestionó que el anterior gobierno no había reglamentado esa disposición y por tanto no establecía ningún cuadro de graduación respecto al monto que deberían pagar los medios en caso de incurrir en faltas.
"El decreto 31/025 no establecía régimen de sanciones, dejando tanto al interesado como a la administración sujeta a la discrecionalidad", afirmó al respecto el director de Telecomunicaciones. "Lo que correspondía era establecer mínimos o máximos que se correspondan con la realidad jurídica del país. (...) No hay una intención sancionatoria, pero al no haber un monto mínimo y máximo, las sanciones –que pueden ocurrir y desde la Ursec las veía ocurrir todo el tiempo– no pueden quedar sujetas a la arbitrariedad de la administración".
Este asoma también como el punto de mayor polémica con la oposición. "Es una excusa para agregar y multiplicar sanciones siderales que confirman que el FA ve a los medios como enemigos a los que pretende controlar", declaró a El Observador el exdirector de Telecomunicaciones, Gustavo Osta. El exjerarca del Partido Colorado opinó que "no hay cambios sustanciales" en la nueva redacción pero que sí en ese ítem se confirma la intención de "volver al espíritu de la vieja legislación" y "la posición histórica del FA" con "resabios de kirchnerismo" respecto a los medios.
El decreto establece multas máximas de hasta 6.000 unidades reajustables (UR) –equivalentes a casi $11 millones– para faltas "muy graves" como incumplir las limitaciones a la titularidad de licencias para brindar servicios de comunicación audiovisual, transferir títulos sin autorización o falsear los requisitos para obtener las licencias o la reiteración contumaz de sanciones graves.
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Micrófonos prontos para dar una conferencia
Inés Guimaraens
El mínimo para ese tipo de infracciones será de 120 UR ($219.342), en casos como la prestación de servicios sin contar con la licencia correspondiente, en los que también se incautarán los equipamientos de transmisión.
En este plano, el gobierno detalló que cuando la Ursec considere a una infracción como "muy grave", deberá abstenerse de resolver y tendrá que elevar sus actuaciones al MIEM para que determine "si comparte la calificación".
Algunas faltas "graves" tendrán multas por hasta 1.000 UR ($1,8 millones). Se cuentan entre ellas el incumplimiento de la obligación de atender un requerimiento de información de las autoridades y la comisión de más de dos infracciones leves en un solo año. Con variaciones según cada sanción, el mínimo en esta categoría será de 50 UR ($91.392), como cuando no se constituya garantía cuando sea requerida.
Las sanciones leves conllevarán una multa de 300 UR ($548.355).
Además, cuando se reiteren las faltas –en dos años las leves y en cuatro años las más graves–, las multas podrán llegar como máximo a las 10 mil UR ($18.278.500).
Se trata de valores similares a la última reglamentación aprobada por Tabaré Vázquez sobre el final del segundo mandato, aunque la normativa nunca llegó a aplicarse a cabalidad dada la oposición de la coalición que asumió el gobierno.
Cambios a los medios públicos "no están en agenda"
La Ley de Medios aprobada en 2024 –tras un dificultoso acuerdo en la coalición con Cabildo Abierto – creó el Sistema Público de Radio y Televisión Nacional (Sipraten). Uno de los puntos más controvertidos desde la entonces oposición –hoy en el gobierno– refería a la instauración de un directorio compuesto por un presidente, un vicepresidente y un vocal que gobernarían los medios públicos por seis años y, por tanto, trascenderían los mandatos políticos de cada quinquenio. Dichas autoridades deberían ser designadas mediante venia del Senado con mayorías especiales.
Sin embargo, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) –de quien dependen los medios públicos– no lo tiene "en agenda". "Las personas que designamos estaban pensadas desde la concepción de este gobierno para las políticas públicas. Las autoridades que propuse están vinculadas a esta administración", dijo a El Observador el ministro José Carlos Mahía.
Si bien el actual Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) tiene un esquema de gobernanza similar al de la ley –Érika Hoffman preside los Medios Públicos y dirige Canal 5, Daniel Aquino conduce las radios públicas y Adriana Asti está como vocal–, el gobierno no siguió la lógica de designar un directorio que fuera independiente de la administración electa.
20250410 Fachada del Canal 5, Medios Públicos.
Foto: Inés Guimaraens
"No hablé con nadie del tema, porque lo está liderando más el MIEM, pero en el MEC no lo tengo en agenda de debate", sostuvo Mahía al respecto. A eso se le suma que cualquier designación de ese tipo requeriría consensos parlamentarios.
El nuevo decreto reglamentario impulsado por el MIEM sí encomendó al MEC a "elevar una propuesta" en el plazo de 180 días para instrumentar un artículo de la ley que implica fijar aranceles y contraprestaciones por los servicios brindados desde los medios públicos.
Evitar una concentración de medios encubierta
Otro de los artículos de mayor interés para el gobierno es el número 12, que redefine el concepto de "coordinación de operaciones técnicas", a las que limita "exclusivamente" al "uso común de infraestructura de transmisión" y "en particular torres para instalación de sistemas radiantes".
El gobierno entendía que, tal como estaba escrito en el decreto anterior, el Poder Ejecutivo podía llegar a no enterarse de un eventual "encubrimiento de una concentración de medios". Según Pablo Siris, las empresas podían compartir administración o estudios sin poner al tanto al Ejecutivo, mientras que ahora "se aclara" que la coordinación de operaciones es exclusivamente para "infraestructura de operación".
Deroga siete artículos
El nuevo decreto deroga una serie de disposiciones que a entender del gobierno actual se extralimitaban al regular sobre asuntos no contemplados en la ley. Tal es el caso del artículo 18, referido a la regularización de transferencias de títulos, y la ampliación y reducción del área de servicios para televisión y radio.
También se incluyen otros cuatro artículos, como uno sobre la prescripción de las infracciones muy graves al cabo de tres años, o la extinción del derecho al cobro de multas al cabo de dos años de la resolución.
