Mientras tanto, el Ministerio de Industria (MIEM) encabezado por Fernanda Cardona se propone alcanzar una nueva reglamentación y profundizar el debate hacia el próximo Consejo de Ministros, según reconstruyó El Observador. La administración del Frente Amplio critica que en varios artículos del decreto firmado por Lacalle se reglamentan aspectos que no estaban previstos en la ley, al tiempo que mantiene varios cuestionamientos a esta norma aprobada a mediados de 2024.
Las nuevas autoridades del MIEM afirman que la reglamentación hasta ahora vigente se había aprobado “con extremo apresuramiento” pese a que el plazo de la ley otorgaba hasta el próximo 21 de abril para emitir un decreto, a 180 días de la publicación de la norma en el Diario Oficial. Cardona también reprocha que la asesoría jurídica de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) –una de las reparticiones dentro de la cartera– nunca participó del análisis y que en cambio se encomendó a un “estudio privado” el "estudio de la norma" para redactar el decreto.
El gobierno anterior redactó el decreto reglamentario en base a un proyecto entregado por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) el 23 de enero y otro informe del 13 de enero que había encargado al estudio particular del Grado 4 en Derecho Administrativo, Miguel Pezzutti, según consta en el expediente al que accedió El Observador.
_LCM0861.webp
La ley de medios está a estudio del Parlamento desde hace un año
Leonardo Carreño
El exjerarca de la Dinatel, el colorado Gustavo Osta, defiende que se trató de tener un criterio de “independencia”, “académico, independiente, objetivo”, que se hizo de manera “transparente” al constar en el expediente y que en el caso de la Ursec implicó delegar la tarea en quien tiene “la espalda técnica”. La hoy oposición le reprocha al gobierno que fue “muy pobre” la suspensión del decreto reglamentario sin “precisar los motivos” y consignando en condicional que la norma “tendría disposiciones que no respetan el marco normativo vigente”.
Osta cuestionó que suspendan la reglamentación “por sospecha y por las dudas”, lo que consideró “decisiones que lesionan la seguridad jurídica” que todos los partidos deberían cuidar. La coalición defiende en esta línea haber reglamentado una normativa que ellos mismos impulsaron en el Parlamento y que el Frente, hoy en el gobierno, rechazó desde la oposición.
La ministra Cardona, en tanto, maneja un listado de “fallas” en la normativa legada por el anterior gobierno, según el texto al que accedió El Observador. En cuatro artículos del decreto 31/025 –ahora suspendido– las nuevas autoridades cuestionan a sus antecesores el haber avanzado sobre disposiciones no establecidas en la ley aprobada a mediados del año pasado.
La polémica por las transferencias de títulos
El MIEM sostiene que el artículo 18, tal como está redactado, admite que operadores de servicios de comunicación audiovisual que hayan realizado transferencias de títulos sin la autorización del Poder Ejecutivo podrán regularizarlas en los 30 días posteriores a la entrada en vigencia del decreto. El gobierno entiende que ese tipo de acciones sin autorización “son nulas” y que “la ley no dispuso que estos negocios pudieran ser regularizados”.
En su informe a la anterior administración, el abogado Pezzutti interpretó que “el texto legal plantea la duda respecto de si la nulidad refiere al negocio jurídico entendido como acto o contrato precedente o a su efectivización”, alegando que en una interpretación “literal” la ley “dispone que ‘transferir’ la licencia sería algo distinto de ‘ceder, vender, donar, o realizar los actos que directa o indirectamente impliquen un cambio total o parcial en la titularidad de las licencias’”. Según el estudio privado, la regularización ante el Poder Ejecutivo no implica “inclinarse por ninguna de las interpretaciones posibles” y admite “la superación de cualquier incertidumbre interpretativa mediante un plazo de convalidación o subsanación de vicios”.
El área de servicios
El MIEM considera que también los artículos 35, 36 y 37 del decreto suspendido reglamentaba aspectos nunca establecidos por la Ley de Medios respecto al área de servicios de cada operador.
0024987308.webp
La ley de medios empezará a ser aplicada en las tandas de los canales de televisión y en las radios. D.Battiste
De acuerdo al listado de la cartera, el primero de ellos permite que “a sola solicitud de los interesados, se puede ampliar el área de servicio de TV para abonados, TV abierta y radiodifusión” con el aval del Poder Ejecutivo.
El segundo permite que los servicios de radiodifusión sonora puedan reducir el área de servicio, lo que a entender del gobierno “contradice la propia ley” que establece que dichos servicios “deben realizarse en el área autorizada en condiciones aceptables”, por lo que “viola las bases de los llamados y las autorizaciones otorgadas”.
El 37, sostiene el MIEM, abre la puerta a que con el traslado de las estaciones transmisoras el Poder Ejecutivo habilite una modificación del “30% en el área de cobertura y la Ursec un 10%”. Según el gobierno frenteamplista, con esto “las emisoras pueden cambiar mediante varias solicitudes sucesivas toda el área de servicio e incluso cambiar de departamento”.
A sugerencia del estudio de Pezzutti, la administración anterior incorporó a estas disposiciones la obligación de realizar consultas o audiencias públicas. El abogado sostuvo que de esta manera prevenían una posible “afectación de derechos de terceros” a la hora de modificar elementos de las licencias tales como el área geográfica en que cada operador puede prestar su servicio.
“Concentración de medios”
El nuevo gobierno entiende que el decreto anterior abría la puerta a que el Poder Ejecutivo nunca se enterara “de un mecanismo que podría encubrir una concentración de medios”. Esto se debe a que el artículo 38 indica que para permitir la realización de coordinaciones técnicas para operar basta con que se comunique a la Ursec. “No se establece que deben contar con autorización previa para estas coordinaciones”, observa al respecto el MIEM.
El Frente Amplio ha dirigido buena parte de sus dardos hacia la nueva Ley de Medios bajo el argumento de que promueve una “mayor concentración” y “extranjerización” del negocio, al aumentar por ejemplo la cantidad de licencias por titular. La coalición rebatía por el contrario que esa realidad se había consumado incluso durante la legislación aprobada por la izquierda en el gobierno de José Mujica y que esta era su manera de hacer que la actividad fuera viable para los operadores de un rubro cada vez más complicado.
Entre otras críticas, el MIEM también fundamentó que una de las “fallas” del decreto era que su artículo 47 no incluía a la radiodifusión sonora en las obligaciones establecidas para la publicidad protagonizada o dirigida a niños, niñas y adolescentes, en tanto la ley vigente indica que todos los servicios de comunicación audiovisual tienen este mandato.
Otro punto contra el que apunta el actual gobierno es el artículo 15, bajo la premisa de que “no reglamenta cómo se computa, desde qué momento y cuándo se suspende el plazo del silencio positivo de la Administración que establece la ley, de manera tal que no existen incentivos para presentar la documentación completa e impulsar el trámite” por parte de privados para transferir licencias totales o parciales.
La polémica trasciende la sola reglamentación de esta ley dentro del Frente Amplio, donde se suman voces varias que impulsan la derogación de la norma que aprobó el gobierno de Lacalle Pou. Tal es el caso de la actual vicepresidenta Carolina Cosse. Durante la campaña, el hoy secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, predicaba a favor de “cambiarle pila de cosas” y de pensar en nuevas medidas en el plano de las telecomunicaciones. El actual titular de la Dinatel, Pablo Siris, afirmó en entrevista con La Diaria que “hay que pensar en contraprestaciones” para las plataformas de streaming, política que varios de sus correligionarios comparten.
_INE6614.webp
La Ursec le consultó a Tenfield si ya acordó con algún canal de aire para que transmita Uruguay-Perú, como indica la Ley de Medios
Camilo dos Santos
La discordia del FA
Al filo de la Navidad pasada, la Ursec envió a las autoridades anteriores del MIEM su proyecto de reglamentación de la Ley de Medios, aprobada durante el año electoral luego de un controvertido acuerdo en el seno de la coalición.
Según consta en el expediente, el entonces director por la oposición en el ente regulador, Pablo Siris –hoy titular de Dinatel– dejó constancia de que en “apenas dos días”, “con una celeridad inusitada para lo que es el cotidiano funcionamiento” de la Ursec, le enviaron a la cartera su reglamentación. El jerarca cuestionó en diciembre que aún quedaban “más de cien días” para elaborar ese trabajo, por lo que “nada justifica” que se hiciera “de manera express” sin “la participación y diálogo necesario entre las distintas áreas técnicas (...), sin la consulta a expertos en la materia y sin la participación de los regulados”.
Ya con el Frente Amplio erigido en el gobierno electo, las autoridades entrantes le reclamaron entonces a los jerarcas que no innovaran en el tema. No tuvieron éxito y ahora la legislación de los medios de comunicación audiovisuales vuelve a estar sobre el tapete.
