La recomendación del Diálogo Social de pasar a una administración centralizada en el ámbito público de las cuentas de ahorro individual que hoy gestionan las AFAP copó la agenda y la discusión política. Pese a que el documento incluye diversas recomendaciones en distintos temas, apenas se conoció lo que se refería al ahorro individual obligatorio, primero extraoficialmente y luego en la presentación oficial, generó reacciones de todo tipo. Sin embargo, no se trata de una novedad.
La comisión de expertos en seguridad social que trabajó durante el gobierno de Luis Lacalle Pou –con representantes de todos los partidos y otras organizaciones– planteó una recomendación que iba en el mismo sentido. Incluso, llegó a estar en el primer anteproyecto de la reforma.
¿Qué decía la recomendación de la comisión de expertos? Planteaba que era necesario “modificar la situación actual” de la organización de las cuentas de ahorro individual y proponía dos alternativas, una de ellas era centralizar la administración de las cuentas en un organismo estatal. El documento final, además, recoge que tanto República AFAP como la Asociación de AFAP privadas “manifestaron dudas y riesgos respecto a la posible gestión de cuentas individuales de ahorro por el BPS”.
Pero el gobierno de Luis Lacalle Pou luego fue un paso más y en el primer anteproyecto que se hizo público sobre la reforma de la seguridad social incluía un artículo que facultada al Poder Ejecutivo a “disponer que el Banco de Previsión Social centralice y administre la actividad de mantenimiento y operación de las cuentas de ahorro individual obligatorio, cualquiera sea la afiliación jubilatoria de los respectivos titulares”.
Ese anteproyecto fue presentado a los distintos partidos políticos y eso inició conversaciones que derivaron en el proyecto que luego se presentó oficialmente al Parlamento. Y fue el Partido Colorado, según reconstruyó El Observador, el que le pidió al gobierno de Lacalle Pou que quitara ese artículo del texto.
En un documento elaborado por la comisión que el Partido Colorado creó para analizar el anteproyecto –integrada por Ariel Davrieux, Renán Rodríguez y Eduardo Rodríguez–, y que fue remitido a Saldain, planteaba directamente “suprimir” el literal que le daba esa facultad al gobierno, según constató El Observador. El proyecto de ley que llegó al Parlamento ya no incluía un cambio de este tipo.
La defensa de Saldain
El abogado especializado en temas de seguridad social y redactor de la reforma del gobierno anterior, Rodolfo Saldain, defendió la propuesta que en su momento contenía el anteproyecto que él mismo había escrito y dijo que tenía dos objetivos: uno político y otro técnico.
“Lo que nosotros proponíamos era una estatización del registro de cuenta personal”, dijo en entrevista con En Perspectiva de Radiomundo.
El objetivo político, según Saldain, era tender un puente con la entonces oposición política. Tanto Saldain como Lacalle Pou, según la versión del abogado, pretendían “agotar las instancias de buscar algo” que les “permitiera acordar con el Frente Amplio”. Sin embargo, el planteo, reconoce Saldain en la entrevista, tampoco generaba unanimidades dentro de la coalición gobernante.
¿Cómo defiende Saldain aquella propuesta que ahora el Partido Nacional “rechaza enfáticamente? El sistema tenía “dos problemas”: las comisiones y la falta de competencia.
Las comisiones fueron reguladas, eso hizo que bajaran mucho y que sean “muy aceptables” a nivel internacional. Sin embargo, lo de la competencia no fue abordado.
El libro que Saldain publicó en 2020 sobre el sistema previsional dice: “Se supone que (las AFAP) compiten por captar afiliados y que esa es la vía para lograr eficiencia pero el comportamiento de las personas ha demostrado que esa estrategia tiene escasos resultados y alto costos”.
Ante la lectura de ese pasaje en la entrevista, Saldain respondió: “Es así. Es una asignatura pendiente que no se va a resolver por el mecanismo más habitual del mercado (…) En este mercado la competencia no funciona en la forma más clásica. Porque nosotros las personas somos bastantes insensibles al costo de administrar ahorros. Entonces, sí pueden funcionar algunos métodos licitatorios, hay alguna experiencia en Chile”, explicó.
Como las personas no se interesan por los costos de administrar sus ahorros y no se genera una competencia entre las AFAP hay algunos costos que son altos. Eso, creen los impulsores de la propuesta actual y los de la de aquel entonces, podría mejorar centralizando las cuentas.
¿Por qué ahora Saldain entiende que no es una posibilidad? Por un argumento estrictamente político y no técnico. “Fundamentalmente porque la fuerza política del progresismo no ha demostrado tener suficiente vigor para contener a las fuerzas que operan contra el sistema, como el PIT-CNT, Partido Comunista y Partido Socialista”, dijo en la misma entrevista.
Es decir, Saldain –y en su momento Lacalle Pou– entiende que es un “mecanismo posible” que podría tener ciertas ventajas pero ahora se opone por argumentos políticos.
Los colorados, sin embargo, se opusieron tanto en 2022 como ahora. “En aquel momento (2022) creíamos la idea era errática porque no mostraba beneficio al monto jubilatorio y desvirtuaba la esencia del sistema, terminaba estatizando innecesariamente el pilar de capitalización, con los riesgos de tentación de “manejar esos ahorros” de los gobernantes de turno, desincentivaba la competencia por lograr el mejor retorno del ahorro de los trabajadores y podía generar repercusiones nacionales e internacionales sobre la seguridad jurídica y las reglas de juego, que podían golpear la credibilidad del país”, escribió en X el diputado colorado Conrado Rodríguez.
Rodríguez fue uno de los legisladores que participó de las negociaciones con Saldain en aquel entonces. Y ahora reafirma aquella postura. “Más de tres años después le hacemos la misma crítica y nos mantenemos en nuestra posición. Para nosotros antes no era bueno y ahora tampoco. Nunca fue una opción que pudiera traer beneficios al trabajador, ni al país”, apuntó.
Lo que dice el Frente Amplio
El Frente Amplio se opuso a las recomendaciones que hizo la comisión de expertos en aquel entonces por distintos motivos. Pero fue un rechazo general ya que la comisión no votó por temas. Dentro de esas recomendaciones estaba ésta vinculada a las AFAP. Una de las representantes de la fuerza política en aquella comisión fue Jimena Pardo, actual presidenta del Banco de Previsión Social.
Si bien está inhibida de hacer política partidaria por su cargo, fue consultada por el tema en Arriba Gente de Canal 10 por este tema. “Yo entiendo que no era lo mismo porque no estaba correctamente planteado. Él (Saldain) lo planteaba en un proyecto pero sin tener un diseño concreto”, dijo y agregó que incluso hoy aun no está el “diseño concreto”. Esa parte le toca al Poder Ejecutivo si entiende que esta recomendación del Diálogo Social tiene que concretarse en un proyecto de ley.
En un documento de análisis técnico del anteproyecto realizado por el Frente Amplio apenas se menciona esta propuesta en un pasaje vinculado a las comisiones que cobran las AFAP.
“Si se accionara la potestad establecida en el art.101, literal B), por la cual el BPS podría centralizar y administrar “la actividad de mantenimiento y operación de las cuentas de ahorro individual obligatorio, cualquiera sea la afiliación jubilatoria de los respectivos titulares”, sólo se establece que será la Agencia Reguladora la encargada de “establecer procedimientos con el objeto de monitorear la expectativa de baja de comisiones asociada””, dice el documento del entonces partido opositor.
La preocupación colorada
Si el Poder Ejecutivo toma esta recomendación del Diálogo Social y lo manda al Parlamento deberá buscar los votos para aprobarlo en la Cámara de Diputados donde no tiene mayorías propias. El único aliado posible sería Identidad Soberana que tiene una visión muy crítica del trabajo de las AFAP. Sin embargo, Gustavo Salle esperará la propuesta para analizarla.
Pero previendo ese debate, en el Partido Colorado tienen una preocupación vinculado al costo que podría tener este cambio. Por eso el diputado Rodríguez está trabajando en un pedido de informes para conocer cuál es el costo estimado que tiene el Fideicomiso de la Seguridad Social para la administración de los fondos vertidos por las AFAP. Se trata del fideicomiso que tiene los ahorros de los cincuentones y cuarentones y que podría ser un mecanismo similar que se aplicara para este caso. El legislador también pretende conocer la “rentabilidad” generada por ese fideicomiso.
