Según reconstruyó El Observador, parte de las conversaciones con Manini Ríos llevaron a Cabildo a moderar su idea original de crear una "Junta de Garantías" para controlar el cumplimiento de estos principios, propuesta que llegó a trancar durante casi dos años las negociaciones en Diputados, con la posición contraria del resto de los partidos. Esta nueva redacción llevó incluso al Poder Ejecutivo a acceder a ello, en el entendido de que no tendría efectos reales.
"El artículo de Cabildo para mí es coartar la libertad de expresión de los medios. No era necesario", declaró a El Observador el diputado del Partido Colorado, Martín Melazzi, uno de los principales negociadores del texto en la cámara baja.
El cabildante Sebastián Cal, quien prefirió no hacer comentarios para esta nota, se había negado a acoplarse a esta exigencia de su partido, a tal punto que Manini llegó a manejar que fuera Álvaro Perrone, otro diputado, quien concurriera a de forma extraordinaria a la comisión respectiva para presentarlo.
La senadora nacionalista Graciela Bianchi aseguró a El Observador que entendieron que "no era peligroso" y que "hay quienes lo están interpretando al revés". "Lo que tenemos que defender es la República y la democracia. No le veo nada malo a que haya un mecanismo de control, en todo caso reafirma que hay que tener en cuenta el interés de la sociedad civil, pero con los controles correspondientes de un Estado democrático", defendió.
Las voces críticas se multiplicaron en redes. El investigador Gustavo Gómez habló de una "mordaza a opiniones sobre actores políticos" y de que el artículo "es una disposición de obligación, no un principio programático".
Varios periodistas de televisión y radio salieron al cruce: "El día que este artículo se haga ley, vamos a estar un paso más cerca de la Venezuela que todos los senadores que lo aprobaron se llenan la boca condenando. Triste, sorpresivo y repugnante desenlace de una Ley de Medios que era pésima y va a terminar siendo infinitamente peor", escribió Federico Comesaña; César Bianchi se preguntó "quiénes serán los jueces que dirán qué es "serio" e "imparcial", y Patricia Madrid sostuvo que "la única posibilidad de que este mamarracho no prospere es con el veto del presidente".
En una intervención en sala, la nacionalista Bianchi sostuvo que "hay un capítulo de sanciones que, obviamente, quien no cumple será sancionado", lo que a entender del investigador Gustavo Gómez demuestra el "espíritu del legislador".
El texto votado en el Senado comete al Poder Ejecutivo a controlar y sancionar las disposiciones de esta ley, lo que por la vía de los hechos delega en la voluntad del gobierno de turno cómo posicionarse. El proyecto detalla varios tipos de infracciones.
"Con nombre y apellido"
Otras dos modificaciones acordadas en el Senado están bajo la lupa de ser "con nombre y apellido", a decir del investigador Gustavo Gómez.
Una de ellas fue el aumento de las licencias de radio permitidas a un mismo titular en el área metropolitana –en Diputados votaron cuatro y ahora pasarán a ser cinco–, por lo que incluso legisladores oficialistas señalan informalmente al Grupo Magnolio, con participación en cinco radios de Montevideo.
Sin entrar en el caso puntual, el nacionalista Sergio Botana justificó a El Observador que "se aumenta un poquito" para "que la empresa pueda ser viable". El gobierno había defendido que no importaba "si es mucho o poco" el número de licencias, sino que lo importante era "poner un límite para que sea cumplido".
"Lo que ha ocurrido es que si hoy algún medio tiene ocho, es porque durante seis años que estuvo vigente la ley con una prohibición de más de tres (licencias), no se cumplió. ¿Quieren ponerle dos? Pongámosle dos. En cinco años se va a encontrar con que hay una realidad consumada", dijo tiempo atrás el subsecretario de Industria, Walter Verri.
El proyecto aprobado en el Senado también autoriza a que un titular pueda explotar hasta seis licencias de radio en el interior, con un tope de seis "en su conjunto" en todo el país. Para los responsables de los cables, el tope será de ocho licencias, como es actualmente el caso de grupo Clarín.
Además, el Senado cambió el artículo 17, de modo que ya no es una "incompatibilidad" que un cable satelital también tenga una licencia para "prestar servicios de banda ancha y acceso a internet". En particular, oficialistas y opositores señalan que esto contempla en parte el reclamo de Direct TV.
Previo a su aprobación, el director de Estrategia Global de la compañía, Carlos Magariños, había manifestado en el Senado que el tal como estaba escrito ese artículo, "se excluye a las empresas de TV satelital o de cable de alcance nacional de prestar servicios de internet", al tiempo que la redacción acordada en la Rendición de Cuentas de 2021 –que autorizó a cableoperadores a brindar internet– "deja abierta la posibilidad" para los cables satelitales y "es un poco confuso", al punto que no habían logrado conseguirlo.
Tal como informó El Observador, la concesión o no de la licencia a Direct TV para prestar internet está en manos del Poder Ejecutivo. La compañía espera lograr una penetración del 8% en los hogares de Montevideo en un primer año, un 15,8% el segundo y 21,3% en el tercero.
La delegación había considerado que el caso uruguayo era excepcional en la región. "La regulación nos coloca en una situación de soledad regulatoria global por las particularidades (...). ¿Hacia dónde vamos? Tenemos una situación de dominancia por un jugador líder (en el mercado del internet: Antel) y fuertes barreras a la competencia. Esto genera un riesgo de descalce tecnológico", había alegado otro ejecutivo, Carlos Winograd.
Sin embargo, en opinión del gobierno, Direct TV queda en la misma situación que con la ley vigente, que no prohíbe expresamente a los cables satelitales la posibilidad de vender internet, como sí lo hacía la redacción de la ley de Medios salida de Diputados.
El diputado colorado Martín Melazzi explicó que esa formulación era "por defensa de la competencia", aunque entendían que "rozaba la inconstitucionalidad". "Lo que me parecía correcto no era prohibirlo, sino limitarlo en la cantidad de lugares en donde pueda brindar el servicio (de internet) en los mismos ocho que establece la reglamentación para los cables. No estamos en contra pero sí tiene que estar más claro en la reglamentación", sostuvo.
El senador del MPP, Alejandro Sánchez, fue uno de los más críticos con la restricción para los cables satelitales y no así para el resto.
"Si tenés cable por coaxil, podés dar internet. Pero si sos cablero satelital, no. No pueden explicar por qué esa discriminación por tecnología, porque tienen intereses espurios de algunos intereses empresariales. Lo que están consagrando es atar la vaca (...). Si lo que se busca acá es generar el Triple Play, ¿por qué no se lo dan para todos? ¡Expliquen por qué construyen una valla alrededor del área metropolitana y no les permiten entrar! Es permitir que propietarios y algunas familias mantengan un negocio para que no venga otro a competirle", refirió, sin explicitarlo, al cable de los canales privados de Montevideo, Equital.
