En paralelo, continuaban abiertas las conversaciones con la nacionalista Graciela Bianchi sobre la ley de medios, y con Luis Alberto Heber sobre el financiamiento de los partidos, quienes le pidieron que "no se cortaran los puentes", según reconstruyó El Observador.
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Foto: Leonardo Carreño.
Los planes terminaron de encauzarse el martes de mañana, en simultáneo a la sesión del Senado.
Mientras el blanco Sergio Botana hacía uso de la palabra durante un homenaje a Fucvam impulsado por el socialista José Nunes, fuera de cámara la senadora Bianchi selló el acuerdo con Manini Ríos, bajo el "compromiso" de palabra para, al decir del excomandante en jefe, "asegurar que se respete a todos los partidos el acceso a los medios de comunicación".
La redacción de este punto clave para blindar una nueva ley de financiamiento de partidos políticos –trancada en el Parlamento durante las últimas dos legislaturas– quedará establecida este miércoles en comisión.
Heber, quien preside ese espacio, adelantó a El Observador que apostarán por la "libertad comercial", en lugar de controlar que en los canales haya "un precio unitario" que "sea igual para todos los contratantes", como habían votado los diputados el año pasado.
"Como el Frente Amplio cree que los canales nos dan minutos de regalo o nos atienden de forma diferencial, lo que estamos diciendo es que tiene que ser el mismo precio si rigen las mismas condiciones comerciales. Las condiciones comerciales son las que se diferencian y no los partidos políticos. Se los tiene que tratar de la misma manera. Aquel que tiene plata y paga contado puede tener un beneficio comercial, y no va a ser lo mismo que si lo financia en el tiempo", explicó.
Mientras tanto, Cabildo se mantiene firme en preservar la redacción que sus propios diputados lograron imponer en la primera cámara para habilitar una extensión de las tandas centrales a 20 minutos durante los períodos electorales, de modo de reservar la mitad de ellos para que los partidos pauten sin costo.
Según el texto votado en Diputados, el Poder Ejecutivo queda facultado a establecer este mecanismo mediante una contraprestación a los canales privados por los ingresos resignados por este concepto. La Asociación de Broadcasters había pedido US$ 25 millones, pero el blanco Jorge Gandini ha manejado que implicaría una cifra mayor a los US$ 40 millones, al tiempo que el gobierno transmitió informalmente a los senadores oficialistas que no tiene voluntad de implementarlo.
Por otro lado, volviendo a la ley de medios, Manini Ríos logró que los socios acompañen un aditivo largamente reclamado su partido para establecer "el deber" de los medios de asegurar una "comunicación política completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada", "obligación" que "comprende a todos los programas y espacios en que se emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político".
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Foto: Leonardo Carreño.
Su partido defendía en Diputados la creación de una "Junta de Garantías" que controlara su cumplimiento, pero el general acordó una redacción que solo consagra el "derecho de los ciudadanos" a eso, a pesar de que por la vía de los hechos también somete a los canales a las sanciones previstas en la ley.
"Viola estándares de libertad de expresión", cuestionó el investigador Gustavo Gómez, mientras que el ex-relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, aseveró que "impone la obligación de hacer periodismo de determinada manera". "Si se aprueba, el periodismo queda condicionado al regulador", escribió este experiodista que hoy es uno de los principales colaboradores de Yamandú Orsi.
La "forma" y los "contenidos"
La forma en que terminó introduciéndose como "grave y urgente" un proyecto que no se había siquiera mencionado para el orden del día en la reunión entre coordinadores de bancada de este lunes fue objeto de reproches varios. "Ninguno de los coordinadores avisó a los miembros de esta mesa que esto se iba a tratar como grave y urgente", cuestionó la propia vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón.
El Frente Amplio fue aún más lejos al resolver que "por primera vez desde la restauración democrática" dejará de participar en estas reuniones semanales en que todos los partidos acuerdan la agenda. "Es una decisión de la bancada que intenta mostrar hasta qué altura se rompieron hoy los códigos de relacionamiento entre los partidos", sostuvo el senador de Asamblea Uruguay, José Carlos Mahía.
Uno de los puntos más controvertidos del texto es la cantidad de licencias autorizadas a cada empresa. El texto acordado en el Senado añade incluso la posibilidad de tener una licencia de radio más en la zona metropolitana (cinco) que las cuatro que habían votado en Diputados. El proyecto aprobado autoriza que un titular pueda explotar hasta seis licencias de radio en el interior, con un tope de seis "en su conjunto" entre la capital y el resto del país. Los responsables de cables para abonados pueden tener hasta ocho licencias, más del doble que lo permitido por la ley (todavía) vigente desde el gobierno de José Mujica.
La nueva administración ha fundamentado que "hay que poner un límite para que sea cumplido", en tanto van casi diez años de una ley cuyos topes no se han cumplido, dado que, por la vía de los hechos, grupos mediáticos como Clarín y Magnolio exceden el límite permitido. Los detractores del proyecto acusan al gobierno de Luis Lacalle Pou de "blanquear una ilegalidad".
Otra modificación acordada en el Senado es que los cables podrán ofrecer Internet, algo que este Poder Ejecutivo ya había autorizado por decreto a las cinco empresas a las que la Suprema Corte de Justicia les dio la razón respecto a la inconstitucionalidad de la normativa vigente.
"Se los faculta a dar Internet de una manera de las cavernas. Si sos cablero satelital, no podés. (...) Lo que están consagrando es atar la vaca. Si lo que buscan es generar el Triple Play, que expliquen por qué no se lo dan para todos", acusó el senador del MPP, Alejandro Sánchez, en un punto sobre el que ha insistido Direct TV como cable satelital.
El dirigente de la oposición sostuvo que "se está legislando por intereses espurios y grupos de presión", y las suspicacias por una presunta connivencia del gobierno con los medios de comunicación sobrevoló buena parte de la puja con la oposición.
El nacionalista Sergio Botana defendió en sala la premisa inicial de este gobierno, que desde el 2020 buscaba la luz verde de Cabildo Abierto para aprobar este proyecto que, al fin y al cabo, deroga la ley vigente desde 2014. El exintendente de Cerro Largo habló de que la norma impulsada por Mujica era "un mamotreto ideologizado" con "complicaciones para los medios".
Otro de los puntos cuestionados por la academia es la eliminación de la sociedad civil en comisiones asesoras a la hora de otorgar licencias. "Se eliminan los lobby que con la ley anterior tenían derecho a opinar", acusó Botana.
En una sesión en que Argimón tuvo que pedir varias veces "silencio" a los senadores, el comunista Óscar Andrade reprochó que "se terminan votando proyectos con cambios de figuritas para temas internos de la coalición".
El precandidato blanco Jorge Gandini fue el más franco en reconocer las dificultades para tejer esta nueva ley: "Hoy es prácticamente la sesión antes de la interna. Hoy hay que votarla, si no se vota hoy quedará antes de la elección. La realidad es cruel y nos dice que estuvimos tres años y medio para encontrar un acuerdo y por eso hay que votarla porque mañana probablemente no haya".
