Las claves de la nueva ley de medios, un controvertido proyecto que aún no está cerrado en la coalición

Por primera vez en más de tres años de negociaciones frustradas, el texto pasará a votarse en el plenario antes de fin de año, aunque aún debe superar tres hitos legislativos: la aprobación en Diputados, la comisión en el Senado y su sanción definitiva, contaminada al mismo tiempo por un año electoral en que los contratos de publicidad para la campaña cobran especial sensibilidad para los políticos. 

El diputado cabildante Sebastián Cal, partícipe desde un inicio en las conversaciones con los socios y el Ministerio de Industria, dio su visto bueno y abrió un frente interno en el partido, que prepara condicionamientos para la votación. Si bien el general Guido Manini Ríos dio luz verde a tratar el tema una vez superada la Rendición de Cuentas, sabedor de que el proyecto reviste aún más interés para los socios que para Cabildo Abierto, la aprobación en Diputados todavía no está garantizada, adelantaron fuentes políticas a El Observador. 

Las claves

El proyecto deroga la ley 19.307 de 2014, tachada de "hiperreglamentarista" por la actual administración, resistida por los empresarios de los medios y con artículos declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia. El exministro de Industria, Omar Paganini, intentó sin éxito en más de una rendición de cuentas la derogación de la norma vigente, aunque avanzando en cambios puntuales como la habilitación a los cables a solicitar licencias para dar servicios de banda ancha y acceso a Internet. 

El punto más controvertido es el referido a la concentración de medios, acusado de estar hecho "con nombre y apellido", al decir del investigador Gustavo Gómez. Según se aprobó en comisión, un titular o grupo económico no puede ostentar total o parcialmente más de cuatro licencias en la zona metropolitana y seis en el resto del país para prestar servicios de radio –ya sea AM y FM– y una licencia para televisión abierta. 

Si las licencias son tanto en la capital como en el interior, los permisos para radio no podrán superar los seis en su conjunto. En el caso de los cables de televisión para abonados, el tope es de ocho en todo el país. 

La ley vigente desde 2014 establece que solo se pueden acumular tres licencias de radio y televisión paga, aunque por la vía de los hechos algunos grupos como Clarín y Magnolio ya exceden ese límite y alcanzan el tope que este proyecto busca fijar. Eso lleva al investigador Gómez a hablar de que el texto "blanquea la concentración ilegal" de dichas compañías. 

El diputado Cal dijo al respecto a El Observador que se llega a ese número "porque es lo que hay, porque el Frente Amplio en 2014 sacó una ley tan equivocada que ni pudo aplicar cuando fue gobierno" y que ahora apuntan "a una ley que se adapte a la realidad del Uruguay". 

El subsecretario de Industria, Walter Verri, decía en este sentido durante su comparecencia parlamentaria tiempo atrás, cuando las negociaciones aún no estaban cerradas: "Podemos discutir si es cuatro, seis o diez; si en el interior eso es mucho o poco, si en Montevideo es poco y en el interior es mucho. (...) Lo cierto es que hay que poner un límite para que sea cumplido. Lo que ha ocurrido es que si hoy algún medio tiene ocho, es porque durante seis años que estuvo vigente la ley con una prohibición de más de tres, no se cumplió. Entonces, ¿de qué sirve si le ponemos dos? ¿Quieren ponerle dos? Pongámosle dos. Lo que va a ocurrir es que dentro de cinco años (...) se va a encontrar con que hay una realidad consumada". 

Otro punto sensible es que el proyecto habilita a que el Poder Ejecutivo establezca excepciones a los requisitos que deben cumplir las personas jurídicas titulares de licencia. Eso permitiría la transferencia de una licencia de televisión para abonados a una sociedad extranjera, aunque el gobierno deberá darle cuenta a la Asamblea General cuando curse dichas excepciones. 

El exministro Paganini –ahora canciller– hablaba en el Parlamento que esa "válvula de escape" a los requisitos responde a dos planteos de cableoperadores: que ya hay un proveedor de televisión para abonados extranjero que puede vender sin ningún problema y que vende en la bolsa como DirectTV y que "transferir a un nacional es muy difícil", por lo que dejar "la posibilidad de un negocio abierto" atendería un "problema de valor llave".

"Uno puede pensar qué puede pasar con lo que ya está. Y bueno, ya está, porque no hubo una prohibición anterior y porque hay un derecho adquirido que no podemos afectar (...). Son hechos consumados y el Estado puede ser pasible de un juicio", afirmaba el ministro. 

“Yo no quiero que Clarín, Globo o (Carlos) Slim se hagan dueños de las comunicaciones en Uruguay. Con éstos me peleo, pero somos pocos y nos conocemos, es entrecasa”, defendía Mujica en 2014 durante la discusión por la ley de medios vigente. 

Menos participación

Tanto el Frente Amplio como el PIT-CNT y la Universidad de la República han apuntado que la redacción actual "no cumple con los estándares de calidad democrática", como redactara en 2021 el Consejo Directivo Central de la Udelar, y eso se debe en parte a que el texto actual echaría por tierra varios capítulos de la ley vigente que tendían a "democratizar" la gestión de los medios, aunque varios de ellos nunca llegaron a aplicarse, incluso durante el tramo final del gobierno del Frente. 

Se elimina de esta manera el Consejo de Comunicación Audiovisual, que a entender del docente Gabriel Kaplún "era positivo" a la hora de desconcentrar los controles que ahora recaerían exclusivamente en el Poder Ejecutivo. El órgano nunca se implementó por falta de acuerdos parlamentarios en 2018 para designar a sus miembros. "Ahora vuelve a quedar eso en manos del Poder Ejecutivo, tal como viene sucediendo desde antes", expuso Kaplún.

También se suprime la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca), integrada por actores varios como la Asociación de Broadcasters (Andebu), la Asociación de la Prensa (APU) y las radios del interior, que, entre varias competencias, contribuyó en la reglamentación de la ley y que convocaba a audiencias públicas a la hora de asignar frecuencias. 

Si bien nunca llegaron a implementarse, desaparecerían además con el nuevo proyecto la Defensoría del Público –que debería haber funcionado en la órbita de la Institución Nacional de Derechos Humanos para velar por los derechos de las personas– y el Consejo Honorario Asesor de Medios Públicos.

"La ausencia de mecanismos de aplicación de la ley que garanticen la participación ciudadana y la transparencia no resulta conveniente (...) Dejar exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo las decisiones sobre el uso del espectro radioeléctrico y la regulación de los medios de comunicación se aleja de los estándares internacionales hacia los que el país había comenzado avanzar en los últimos años", cuestionó la Udelar. 

Paganini ha defendido en tanto que cualquier llamado para renovar licencias u otorgar nuevas sería público y se daría vista. 

El texto derogaría por otro lado el Fondo de Promoción del Sector de Comunicación Audiovisual, que debería nutrirse de un canon anual por parte de los titulares de medios para abonados satelitales, que debería ser de 2,10 unidades indexadas ($12) por abonado. "Hasta 2014 no estaban obligados a pagar por usar frecuencias que son un patrimonio público. El gobierno las exonera, año a año, pero ahora lo derogan de plano. Las radios del Interior no debían pagar nada. ¿Quiénes se benefician? Las grandes TV comerciales de Montevideo", acusó el investigador Gustavo Gómez. 

Otro punto novedoso refiere a la publicidad, y habilitaría a los medios a excederse por hasta cinco minutos más por hora en las tandas "en épocas de incremento del movimiento comercial". El límite actual, que el proyecto mantendría, es de 15 minutos. El senador del MPP, Daniel Caggiani, afirmaba cuando estaba en Diputados que eso significaba "un margen de ganancia de alrededor de mil dólares el minuto". 

Modificaciones finales

Si bien el mensaje original del Poder Ejecutivo no lo contenía, los diputados de la coalición volvieron a agregar varias disposiciones de la ley actual referido a la protección de menores, de discapacitados y garantías para periodistas. Dichos aditivos tuvieron también el voto de los diputados frenteamplistas. 

Uno de ellos es la posibilidad de "objeción de conciencia" por parte de los periodistas, pudiendo "negarse a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos de su autoría que hayan sido sustancialmente modificados sin su consentimiento". APU había reclamado que se mantuviera este punto, y así será. 

Otro refiere a limitantes a la publicidad dirigida a menores, como la prohibición de incluir publicidad no tradicional en programas infantiles o la incitación a la compra "aprovechando su inexperiencia o incredulidad", así como también la protección a su "derecho a que no se utilice su imagen en forma lesiva", y el mantenimiento del clásico horario de protección al menor.