Los coordinadores de las bancadas de la coalición en Diputados acordaron este martes convocar a una sesión extraordinaria el próximo jueves para votar la nueva ley de medios, aprobada semanas atrás en la comisión de Industria con el respaldo del oficialismo.
El proyecto busca echar por tierra la normativa vigente desde el gobierno de José Mujica y "blanquear" varias situaciones. De hecho, es la última gran iniciativa que el actual gobierno considera central y que aún no ha logrado luz verde en el Parlamento. El texto estuvo más de tres años trabado en comisión, hasta que se reactivaron las conversaciones con los conducidos por el general Guido Manini Ríos tras la última Rendición de Cuentas.
En comisión, el grueso del proyecto se aprobó con el voto de los blancos, colorados, el Partido Independiente y el cabildante Sebastián Cal, aunque el Frente Amplio prestó su visto bueno para algunos aditivos, en especial los referidos a protección de menores y otras garantías.
Pese al voto de Cal, el posicionamiento de Cabildo se mantenía como una incógnita hasta ahora. "Hay diferencias que tendrán que subsanarse. Está en el Parlamento, pero tenemos la mejor disposición para solucionarlo", había dicho a El Observador el ministro de Vivienda, Raúl Lozano, uno de los principales negociadores de su partido dentro de la coalición.
Este martes, el cabildante Álvaro Perrone transmitió a sus socios que acompañarían la propuesta en general, aunque no votarían dos artículos, según supo El Observador. El dirigente adelantó también que su partido promovería cambios al proyecto, aunque no especificó cuáles.
Cabildo comunicó que los dos artículos que no votará son el 39 y el 40, uno referido a que los titulares de los medios podrán acordar "prestar servicios en forma conjunta" siempre que se respete la defensa de la competencia, y otro que mandata a los cables para abonados a retransmitir los canales de televisión abierta.
El texto pasaría así al Senado para su sanción definitiva, con un tratamiento que quedará atravesado por el año electoral, en el que los contratos de publicidad para la campaña cobran especial sensibilidad para los políticos, al mismo tiempo que está pendiente el proyecto de financiamiento de los partidos, con un artículo sobre publicidad electoral gratuita como uno de los temas más sensibles.
El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República emitió este martes una resolución en que reiteró que el actual proyecto "no cumple con los estándares de calidad democrática en materia de comunicación, como sí cumple la normativa vigente, que tuvo una parcial y tardía aplicación en el gobierno anterior y muy escasa en este".
"La iniciativa habilita una mayor concentración y extranjerización de los medios de comunicación del país, inhabilita la participación ciudadana y no garantiza la transparencia en las decisiones sobre uso de espectro y regulación de los medios", agregó. Tanto el Frente Amplio como el PIT-CNT se han manifestado en la misma línea a lo largo de todo el período.
El punto más controvertido es el referido a la concentración de medios, acusado de estar hecho "con nombre y apellido", al decir del investigador Gustavo Gómez. Según se aprobó en comisión, un titular o grupo económico no puede ostentar total o parcialmente más de cuatro licencias en la zona metropolitana y seis en el resto del país para prestar servicios de radio –ya sea AM y FM– y una licencia para televisión abierta.
Si las licencias son tanto en la capital como en el interior, los permisos para radio no podrán superar los seis en su conjunto. En el caso de los cables de televisión para abonados, el tope es de ocho en todo el país.
La ley vigente desde 2014 establece que solo se pueden acumular tres licencias de radio y televisión paga, aunque por la vía de los hechos algunos grupos como Clarín y Magnolio ya exceden ese límite y alcanzan el tope que este proyecto busca fijar. Eso lleva al investigador Gómez a hablar de que el texto "blanquea la concentración ilegal" de dichas compañías.
El gobierno ha defendido en cambio que la ley de Mujica es "hiperreglamentarista" y que es necesario "poner un límite para que sea cumplido".
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