Adoptar a un bebé antes de que nazca: los dos antecedentes en Argentina y el debate que se viene en Uruguay

Sin embargo, lo que sucede en el camino se ha complejizado tanto que hoy en los dos márgenes del Río de la Plata la institucionalización de niños que no pueden estar con su familia de origen se ha convertido en un enorme problema.

En Argentina no hay una legislación que permita la adopción prenatal, que implica que, cuando una mujer anuncia que no puede o no desea criar al bebé que gesta, se disparen protocolos de modo que, al momento del nacimiento, esté todo pronto para la llegada de ese bebé. Tampoco está legislado en Uruguay.

El caso, inédito y celebrado por muchos en la provincia de San Luis, implicó algunas decisiones atípicas: el juez se puso el tema al hombro, la dirección del Registro Único de Adoptantes se puso el tema al hombro, la Defensoría de Niñez, Adolescencia e Incapaces se puso el tema al hombro, el Programa de Niñez se puso el tema al hombro. Todos aportaron desde su lugar para que la mujer gestante tuviera acompañamiento médico, psicológico, y jurídico acorde al proceso que estaba viviendo, y el resultado fue que el recién nacido, novel titular de derechos, naciera sin ninguno de sus derechos vulnerados. Ni un solo día de más en un hospital, ni un solo día de más institucionalizado, ni un solo día de más esperando por alguien que lo abrace. “¿Por qué someterlo a esa institucionalización innecesaria si teníamos el listado de adoptantes que estaban esperando?”, argumentó el juez de Familia encargado de la decisión, Hugo Orozco, en conversación con el medio local El Chorrillero.

Un caso similar ocurrió también en Argentina, en 2019, pero en la provincia de Corrientes. Acá, la reacción popular había sido distinta. Una adolescente de 17 años había quedado embarazada después de una violación, y no quería tener a ese bebé. De hecho, ya había tenido uno, también producto de una violación. No quería verse, otra vez, obligada a criarlo. Cuando quiso abortar, ya estaba de 23 semanas de gestación y los médicos le plantearon que era riesgoso avanzar.

"Intenté por todos los medios que a esta chica le hicieran el aborto legal. Como no pudo ser, y ella dijo que quería darlo en adopción, tomé esa decisión, para resguardar el derecho del niño que iba a nacer. Fue una medida de urgencia ante una situación dramática… llegó tarde, no hubo tiempo de nada (...) Me pregunto: ¿qué hicieron los maestros que la vieron embarazada tan chica? ¿Qué hicieron los médicos del hospital donde tuvo el (primer) bebé? ¿Dónde estaba la Justicia que ese abusador siguió libre tantos años?", esgrimió en ese momento la jueza que tomó la decisión, Marta Rut Legarreta, en conversación con el medio Clarín, después de las críticas de movimientos feministas y de juristas que había desatado su decisión.

En ese momento, la discusión pasaba por otro lado. Corrientes había sido catalogada como una provincia “pro vida” en 2011 y la lectura que se hacía del caso era: habían presionado a la adolescente para gestar a un bebé en vez de permitirle abortar. Le vulneraron su derecho a decidir no continuar con el embarazo, que había sido su primera opción. En otras palabras, el caso se embarcaba en un momento en que el debate de cuándo empieza la vida estaba en un momento álgido, meses antes de que se aprobara en el Parlamento la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

En Uruguay, donde ya pasaron once años desde la aprobación de esa ley, el problema de los recién nacidos que quedan sin su familia de origen aún persiste, y tiene empujes que muestran que, por momentos, el problema se agrava.

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En el Hospital Pereira Rossell, el centro pediátrico de referencia nacional, la cantidad de bebés que nacen y quedan internados por no tener con quién ir o porque la Justicia no ha tomado una resolución sobre ellos viene en aumento en los últimos años. En 2022 fueron 119 los bebés que quedaron en cuidados neonatales pese a que tenían alta médica. Al año siguiente, fueron 135. En 2024, fueron 189. Quedan ahí porque las mujeres que los gestaron no pudieron hacerse cargo de ellos —por problemas de salud mental, o de consumo de drogas, o por vulnerabilidad extrema— o porque, sencillamente, así lo decidieron. Y pasan allí mucho más que unos días: pueden ser semanas, pueden ser meses. En promedio, los recién nacidos con internación social —es decir, los que no tienen motivo médico— se quedan en el hospital durante 37 días.

Las enfermeras de este hospital, y de otros del resto del país, han visto cómo dejan de caber en la chata en la que se higieniza al principio y empiezan a necesitar bañito, han visto cómo empiezan a sonreír, a esgrimir sus primeros sonidos, a crecer, a pasos agigantados, como sucede cada día en la vida de un bebé. En el Hospital de Las Piedras recuerdan que con un bebé llegaron a convivir cinco, seis meses.

Esto, además de que implica la vulneración del derecho del recién nacido a vivir en familia, ha generado tensiones entre los hospitales y el INAU, responsable de velar por estos niños. Los directores de hospitales no quieren tener bebés que no tienen problemas de salud bajo su custodia; el INAU, por su lado, tiene severas complicaciones para conseguirles a estos niños un lugar adecuado, con la atención que necesitan. Ha resuelto, como medida intermedia, que la Fundación Canguro, o la Fundación Mir, sean las que cuiden a estos bebés mientras esperan por su familia definitiva. Esto puede llevar varios meses.

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Volverá a discutirse el proyecto de ley de adopción prenatal

Durante la administración de Luis Lacalle Pou, las entonces senadoras nacionalistas Carmen Asiaín y Gloria Rodríguez presentaron un proyecto de ley para permitir las adopciones prenatales y neonatales —hasta la cuarta semana del nacimiento— de modo de minimizar el tiempo de institucionalización de los recién nacidos. La propuesta implicaba que desde que la mujer se enteraba de que estaba embarazada ya podía, si así lo decidía, presentarse en el INAU para manifestar su voluntad. Si se arrepentía de su decisión, se estipulaba un plazo de 90 días después del nacimiento del bebé para revocarla.

El proyecto planteaba el problema que presentaba la institucionalización innecesaria de cientos de niños, el derecho a vivir en familia, y además, lo que implicaba una propuesta de este tipo para los derechos de la mujer. "Nuestra legislación tiene historia en métodos anticonceptivos, preventivos y en aborto, pero obligamos a la madre a tener que vincularse durante un mes para que pueda determinar si decide desvincularse o no", argumentaban en el proyecto, lo que, entendían, prohibía “la libre decisión de la madre".

El juez argentino Hugo Orozco, argumentaba días atrás de la misma forma la decisión que había tomado de dar en adopción al bebé al momento de nacer. “Las mujeres no pueden ser obligadas a maternar, menos aún ante situaciones traumáticas. No hay políticas públicas en los hospitales para la mujer gestante que no materna. ¿A qué me refiero? No se le puede decir ‘mamá’ en el taller prenatal, no se pueden hacer referencias como ‘¿qué ropita le compraste?’ o ‘¿qué nombre tiene?’. Detrás de la maternidad hay una romantización lógica, pero no todas las mujeres lo atraviesan igual ni todas quieren maternar. Esa mujer que no quiere maternar es una gestante, no es madre".

Sin embargo, esta interpretación no tuvo cabida años atrás cuando colectivos feministas o incluso por la Asociación de Padres Adoptantes de Uruguay (APAU), entendían que el proyecto de Asiaín y de Rodríguez era innecesario y regresivo. Al igual que pasó en Argentina en 2019, la mirada de las organizaciones feministas era que el proyecto de las senadoras escondía, en el fondo, el interés de desalentar los abortos, sobre todo si se tenía en cuenta que la senadora Asiaín, de religión católica, ya había marcado en debates anteriores su postura firme en contra del aborto y a favor de los derechos de los nonatos.

Después de un tiempo en comisión de Población, el proyecto fue archivado. Ahora, dice la exsenadora Gloria Rodríguez a El Observador, “hay otro ambiente” para discutirlo, por lo que planteará en el ámbito de su partido que el proyecto vuelva a tratarse.

El nuevo “ambiente”: se revisará todo el proceso de adopción

Es cierto que la discusión sobre los procesos de adopción ha cobrado una nueva fuerza en los últimos meses. Después del debate que impuso la Ley de Urgente Consideración, en la que se acortaron los plazos en el proceso de evaluación de los aspirantes a adoptar y se unificaron trámites finales que hacen a la tenencia definitiva del niño, el tema volvió al debate público a partir de casos que siguen evidenciando falencias del proceso. Uno de los últimos fue el de Itzaé, una bebé que fue dada en adopción a una mamá del Registro Único de Adoptantes y ocho meses después fue separada de su familia adoptiva para integrarla a familiares biológicos, con los que la bebé no había tenido contacto previo. A partir de este caso, contado en primera instancia por El Observador, la Institución Nacional de Derechos Humanos intimó en dos ocasiones al INAU para que revirtiera la decisión, sin éxito. Además, instaló una mesa de diálogo que se mantendrá durante los próximos meses para analizar todo el proceso de adopciones y elevar recomendaciones a las autoridades para evitar la vulneración de derechos que se dan en algunos casos.

Uno de los convocados a esa comisión será el pediatra José Luis Díaz Rossello, que en entrevista con El Observador la semana pasada comentó la necesidad de que el INAU y la Justicia se adelanten a tramitar el futuro de los recién nacidos que, ya sabe, terminarán siendo dados en adopción. "La ley dice que una mujer tiene que ir al juez y reconfirmar que no quiere criar a su hijo. No puede ser que haya que esperar un mes para que la madre ratifique que no puede criar a su hijo. En materia de derechos de la mujer, si establecimos que con cinco días alcanza una interrupción del embarazo, una decisión que tiene pensada hace nueve meses… ¿es tan tonta que tiene que ratificar que no lo quiere criar? Una mujer que quedó embarazada y oculta su embarazo, lo tiene y anuncia que no lo va a criar, la hacen ir al juzgado al mes a ratificarse", expresó.

También está con el tema la diputada comunista Tatiana Antúnez, en conjunto con la colorada Paula de Armas, que están trabajando en un nuevo proyecto para implementar cambios en el proceso de adopción actual. Consultada por El Observador sobre si se considerará también incorporar la discusión sobre la adopción prenatal, Antúnez dijo: “Deberíamos hacer una revisión integral del tema de adopciones. Hay que brindar las mayores garantías a los niños y niñas, pero también a las familias que deciden restituir derechos por la vía de la adopción, y es imprescindible estimular los procesos pensando también en niños y niñas mayores de 5 años. Me genera muchas preguntas la adopción prenatal, sumado a las dificultades desde el punto de vista económico que implica transitar este camino. Creo que debemos debatir seriamente y seguro que no voy a subestimar ninguna propuesta que vaya en el sentido de los derechos y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes”.