El oficialismo obtuvo 135 votos y dejó atrás décadas de resistencia gremial. El mapa político argentino se reconfigura.
"No soy gorila, el Presidente tampoco", se ufanó un importante vocero del Gobierno en una conversación con periodistas. Se le preguntaba por las críticas que recibió LLA de parte del peronismo, que por supuesto no parecían preocuparle.
Hace 40 años, Raúl Alfonsín iniciaba un debate que para muchos fue el principio del fin, cuando impulsó la Ley de Democratización Laboral y como respuesta obtuvo 13 paros generales durante su mandato, que se vio obligado a terminar seis meses antes de que cumpliera el período constitucional de entonces, que era de seis años. Carlos Saúl Menem tenía en agenda una reforma laboral, pero nada hizo para impulsarla. Rápidamente negoció con el sindicalismo, que acompañó las privatizaciones de empresas públicas a cambio de respaldar las inéditas políticas liberales del gobierno de entonces. Fernando De la Rúa sucumbió ante la "Banelco" y quedó sin poder, ni siquiera el respaldo de su propio partido. Mauricio Macri ni lo intentó y eligió como batalla la reforma previsional, que le parecía más urgente en términos presupuestarios.
Javier Milei, en cambio, tomó la postura inversa. Desestimó de plano la reforma previsional "en este mandato" (así lo dicen altas fuentes del Gobierno) e impulsó una reforma laboral sui generis, desinteresada en la democracia interna de los gremios y enfocada en un complejo articulado que supuestamente busca reducir las cargas laborales a las empresas, aunque tampoco les queda claro que les sirva. En principio, apuntan a eliminar la llamada "industria del juicio", pero según el abogado Julián De Diego "no se puede desproteger al trabajador ni dejar sin incentivos la registración", y pidió un texto "más equilibrado". Incluso puso sus reparos en el fondo de indemnizaciones creado por la ley, que consideró una herramienta interesante para la UOCRA pero difícil de imponer en otros sectores.
Como sea, el Gobierno consiguió los aliados justos para el quórum (130) y el respaldo de la votación en general con 135 votos. No está para tirar manteca al techo, pero dada la resistencia que ofreció el sindicalismo durante 40 años y el peronismo ¿residual? y la izquierda en la sesión de ayer, es mucho más que un objetivo cumplido: es lograr lo que nadie pudo.
Quizás por eso el radicalismo fragmentado estaba nervioso con la sesión de ayer. Desde el bloque UCR que preside la mendocina Pamela Verasay, pasando por el monobloque de Karina Banfi, los cinco diputados radicales que se fueron a Provincias Unidas como Martín Lousteau y Pablo Giuliano, y los diputados radicales que ya forman parte de LLA (Luis Petri y Mariano Campero, entre otros), el partido que más se jugó por la democracia sindical fue quizás el más deslucido en la sesión del jueves.
Rodrigo Estévez Andrade, autor entre otras obras de Ahora Alfonsín. Historia íntima de la campaña electoral que cambió la Argentina para siempre (que escribió junto a Matías Méndez) le dijo a El Observador que "el dilema supera a Alfonsín, es un drama de época que trasciende al radicalismo, lo que estamos viviendo es un parteaguas similar al de 1943 con la llegada de Juan Domingo Perón, pero en democracia".
En efecto, para Estévez Andrade también el peronismo está impactado. "No solo están los peronistas de Unión por la Patria, sino los representantes de gobernadores peronistas vapuleados por el kirchnerismo, y tantos peronistas desperdigados en el PRO como Cristian Ritondo, Diego Santilli y la propia senadora Patricia Bullrich. Son todos peronistas en proceso de reconfiguración libertaria."
En el camino, los partidos tradicionales buscan renovarse. Un caso es el de la UCR, que eligió a Leonel Chiarella, de 36 años, muy vinculado al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, sucediendo a Lousteau, cuestionado por la dirigencia partidaria de las provincias. La nueva conducción, con Chiarella a la cabeza, respaldó a través de un documento la reforma laboral porque "tenemos una legislación del siglo XX", porque "las PyMEs no pueden contratar trabajadores", porque "hay 9 millones de trabajadores informales" y, finalmente, porque "en los últimos años aumentaron un 135% los juicios laborales".
También le hizo críticas a la creación del Fondo de Asistencia Laboral, que el partido consideró difícil para las pequeñas y medianas empresas, y alertó sobre el desfinanciamiento del ANSES que puede generar esta política, sobre todo en el caso de provincias que dependen del presupuesto nacional. También propuso que la cuota sindical sea voluntaria, y no obligatoria, como finalmente quedó en el texto enviado por el oficialismo luego de la negociación con la CGT.
Con dificultad, el peronismo también busca renovarse, despegándose de Cristina Fernández de Kirchner y el relato kirchnerista, una tarea titánica que solo tiene alguna alternativa de éxito si al Gobierno le va definitivamente mal con su modelo económico y su desapego absoluto de la crisis que provoca el cierre de fábricas y la fenomenal caída del consumo, acompañada de su política de reducción sistemática de los salarios para evitar que se vaya a la inflación.
Por último, el PRO luce liquidado. No puede retener a sus diputados, a sus senadores; aún está por verse si lo logra con los gobernadores. Su derrumbe es existencial, ya que coincide con muchas políticas de Milei pero no con su vocación por quedarse con el partido que inició el camino de la derecha liberal en la Argentina. LLA le ganó en la Ciudad y no para de comer amarillos. ¿Cuánto más puede aguantar Mauricio Macri, el presidente del partido?
Mientras tanto, en Casa Rosada todo es satisfacción por el plan cumplido (TMAP, como dicen los militantes libertarios: "todo marcha de acuerdo al plan"). Ya imaginan el camino a seguir y se relamen anticipadamente por los buenos resultados que tendrán con lo pendiente. Se aprestan a reglamentar la reforma laboral eliminando de cuajo la justicia laboral nacional, pasando los casos porteños a la justicia de la Ciudad. "Es lo que dice la ley", destacan.
Y no dejan de mirar al futuro. "Vamos por la aprobación de la ley de glaciares, que es más importante que la reforma laboral", dicen en el Gobierno, pensando en las inversiones mineras que están a la espera de esa ley para ingresar al país.