La Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu), planteó sobre mediados de junio al presidente, Yamandú Orsi, que el ajuste –retroactivo a julio– que tradicionalmente tienen las jubilaciones mínimas a mitad de año como “adelanto” no se descuente en enero de 2026 cuando se realice el aumento anual por el Índice Medio de Salarios Nominal (IMSN).
¿Qué dicen en el gobierno sobre ese planteo? El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, fue consultado al respecto el jueves pasado durante una conferencia de prensa, donde el gobierno anunciaba los resultados de una emisión de deuda en francos suizos por US$ 400 millones para cubrir necesidades de financiamiento en un contexto de fuertes restricciones fiscales.
“Es un tema que está en discusión. Es lo más prudente que puedo responder. No hay una resolución tomada al respecto. Lo estamos discutiendo intensamente”, afirmó Oddone en esa oportunidad.
Jubilación mínima
Actualmente la jubilación mínima está fijada en 3,05 Bases de Prestación y Contribución (BPC), lo que equivale a $ 20.057, según el Banco de Previsión Social (BPS).
El planteo de Onajpu implicaría un aumento extra de unos $ 602 (3%) en las prestaciones que cobran los pasivos más vulnerables.
En julio de 2024 había más de 136.000 jubilaciones y pensiones que accedieron al ajuste adelantado, y que en ese caso fue descontado a posterior en enero de 2025.
Según Onajpu, el decreto debería estar firmado antes del 10 de julio para que los jubilados y pensionistas accedan a la mejora con el cobro de agosto. “¿Es suficiente? No, son $ 600, pero para muchos es un pequeño respiro”, afirmó días atrás la secretaria general de Onajpu, Estela Ovelar en radio M24.
Las jubilaciones y pensiones mínimas están fijadas en 3,05 BPC desde 2020. Ese año se realizó por últimas vez un ajuste diferencial de 0,05 BPC que fue dispuesto en plena pandemia, y siguiendo el criterio que venía aplicando el Poder Ejecutivo sobre las prestaciones más bajas desde el año 2007.
La historia de los aumentos diferenciales
Los ajustes de las pasividades más bajas han motivado polémicas en los últimos 20 años, no solo por su magnitud, sino también por cambios en la manera de computarlos.
Desde 2007, los gobiernos de la época priorizaron el aumento de las prestaciones que cobraban los afiliados de menores recursos, con un punto de partida que fue de apenas una BPC. Por ese entonces, además del ajuste anual por IMSN, se comenzaron a hacer de manera paulatina aumentos diferenciales de los mínimos jubilatorios. Antes de esa fecha, se habían otorgado aumentos extras de 3% y 6% en 2005 y 2006 a quienes cobraban los mínimos.
En varios años, aún cuando en los decretos se mencionaba, la palabra “adelanto a cuenta”, el anticipo no se descontaba posteriormente. Con ello las pasividades más bajas tenían incrementos extras. Esos incrementos se incluían en el monto base, sobre la que se sumaban luego los nuevos ajustes en enero.
La polémica de 2022
Una de las últimas polémicas si dio en 2022. Ese año el Poder Ejecutivo tomó en cuenta para calcular el aumento anual que correspondía por ley, el ajuste que a mitad de 2021 ya le había otorgado a las pasividades mínimas como anticipo. Esto por decisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). De esa manera, lo que antes se consideraba como “diferencial” se tomó como parte del aumento, y no como un piso de la nueva corrección.
Los famosos $ 200 de Astori con plata de Philip Morris
En julio de 2015 durante el primer año de gobierno del presidente Tabaré Vázquez el aumento extra llevó estas prestaciones a $ 8.011 (2,625 BPC) con una suba diferencial de $ 381. Una política similar se siguió en 2017, 2018 y 2019 , por ejemplo. También ocurrió en 2009, por ejemplo.
Y en 2016 hubo dos ajustes del monto mínimo. El primero fue en julio, y luego le siguió otro en agosto, pero que originalmente no estaba previsto dada las condiciones por las que atravesaban las cuentas públicas y la economía del país.
Ese aumento de $ 209 fue un adelanto del ajuste que luego correspondía otorgar por ley en enero de 2017. Con ello la prestación quedó cercana a $ 9.000. Esa vez el Poder Ejecutivo destinó para el pago unos US$ 7 millones, parte de lo que había ganado en un juicio a la compañía Philip Morris.
