El gobierno presentó un proyecto para modificar la ley de lavado de activos con el objetivo de fortalecer los controles y enfrentar el avance de delitos. Sin embargo, los contadores critican algunos aspectos de la normativa, advierten sobre un exceso de burocratización y se oponen a continuar como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas por la elaboración de auditorías o informes de revisión limitada.
Hace menos de un mes, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento una propuesta modificativa para la ley de lavado de 2017, que plantea, entre otros aspectos, la obligación a diferentes profesionales y sectores de actividad a registrarse ante la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y a presentar información de operaciones sospechosas.
La exposición de motivos señala que más allá de la adecuación normativa, las modificaciones propuestas aspiran a consolidar la colaboración interinstitucional, ampliar la capacidad operativa del Estado y armonizar la legislación con los estándares internacionales en materia de lavado de activos.
Explica que un sistema antilavado robusto y eficiente no sólo dificulta la operatividad del crimen organizado, sino que también transmite el mensaje de que el Estado mantiene un compromiso firme en la lucha contra la delincuencia en todas sus manifestaciones.
El nuevo texto plantea que los sujetos obligados -entre los que se encuentran los contadores- a presentar reportes de operaciones sospechosas (ROS) deberán conservar los registros y la documentación respaldante de todas las operaciones realizadas con sus clientes o para ellos, tanto nacionales como internacionales, por un plazo mínimo de 10 años después de terminada la relación comercial o de concretada la operación ocasional. Hasta ahora, el plazo máximo es de cinco años.
“Hay un exceso de burocratización”, dijo la presidenta del Colegio de Contadores, Cristina Freire, en un evento que se desarrolló la semana pasada.
“Lo de los 10 años es excesivo, tendrá sus razones pero quisiéramos entenderlo. Lleva a una mayor capacitación de nuestros colaboradores, más cantidad de trabajo y eso implica aumentar los costos”, expuso.
Auditorías
El proyecto mantiene a los contadores como sujetos obligados cuando confeccionen auditorías o informes de revisión limitada.
“Nuevamente estamos hablando de esto, lo hacemos desde 2012 y vamos a seguir porque consideramos que no es una actividad de riesgo porque es posterior a los hechos”, dijo Freire.
La profesional añadió que hay procedimientos que se aplican en las auditorías o los informes de revisión para detectar fraudes, pero eso no implica que a través de ellos se puedan comprobar operaciones sospechosas de lavado de activos.
“Hasta ahora, de ninguna auditoría ha surgido ningún ROS; entonces que pongan a los contadores como sujetos obligados por ese motivo nos sigue molestando y consideramos que hay que conversar sobre este tema en particular”, expresó Freire.
Según la memoria de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central, los contadores -como sujetos obligados del sector no financiero- estuvieron entre entre los profesionales que menos ROS presentaron en el último quinquenio. En ese período -2020/2024- presentaron ocho reportes, superando solamente a los abogados que aportan cuatro.
“Entiendo que desde el punto de vista de la Senaclaft nuestros reportes han ido a la baja. Pero la preocupación primera es: ¿esta nueva ley va a provocar mayores ROS? ¿No generará un exceso de ROS inútiles?”, preguntó Freire.
20250520 Conferencia: Perspectiva de la prevención de lavado de activos en Uruguay.
Foto: Inés Guimaraens
En el evento también participó la secretaria de Senaclaft, Sanda Libonatti. La funcionaria señaló que la conservación de documentos se convierte en una necesidad para casos de cooperación internacional o cuando se requiere de mayor información para determinadas investigaciones sobre posibles delitos.
“Hay algunas investigaciones que se abren en fiscalía y cuando cerramos los ojos ya pasaron cinco años y no se pudieron obtener datos porque ya no existen más, porque ya no correspondía tenerlos. Eso puede condicionar una investigación exitosa”, comentó.
Libonatti defendió que los contadores sean sujetos obligados a presentar reportes cuando realizan auditorías. “Cuando el profesional está viendo una sobrevaluación o subvaluación en la facturación está encontrando algo inusual. Eso no puede no incidir en su informe final, porque puede estar frente a un hallazgo en una operación sospechosa en la actividad del cliente”, concluyó.