El atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires sigue siendo algo más que una tragedia sin justicia.
Treinta y cuatro años después, el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires sigue siendo algo más que una tragedia sin justicia: es una advertencia sobre lo que ocurre cuando un régimen terrorista descubre que el mundo no está dispuesto a detenerlo.
El 17 de marzo de 1992, un coche bomba destruyó la sede diplomática israelí en el barrio de Retiro. Murieron 29 personas y más de 200 resultaron heridas. Entre las víctimas había diplomáticos israelíes, ciudadanos argentinos, trabajadores del edificio y transeúntes que simplemente pasaban por la zona. Argentina no estaba en guerra con nadie. No existía una disputa estratégica con Irán ni un conflicto bilateral que explicara semejante agresión.
Y, sin embargo, ocurrió.
Ese atentado no fue un hecho aislado. Dos años después, en 1994, otro ataque terrorista destruiría la sede de la AMIA, el principal centro comunitario judío del país. Ambos atentados respondieron a una misma lógica estratégica: el uso del terrorismo internacional como instrumento de política exterior por parte del régimen de la República Islámica de Irán, ejecutado a través de organizaciones aliadas como Hezbollah.
Conviene subrayarlo: la violencia de ese régimen no se ha dirigido únicamente contra el Estado de Israel. También ha tenido como objetivo a judíos simplemente por ser judíos. La Embajada de Israel fue un objetivo diplomático, pero la AMIA era una institución comunitaria. En numerosos atentados y conspiraciones vinculadas a Teherán, las víctimas han sido civiles judíos sin ninguna relación con el gobierno israelí.
Las investigaciones judiciales argentinas apuntaron desde hace décadas en esa dirección. El fiscal Alberto Nisman documentó la implicación de altos funcionarios iraníes y de la estructura de Hezbollah en la planificación de los atentados.
Lo más inquietante es que algunos de los responsables señalados continúan ocupando posiciones de poder dentro del régimen iraní. Treinta y cuatro años después, este crimen de terrorismo de Estado sigue sin haber llevado a sus culpables ante la Justicia.
El propio Nisman pagó un precio altísimo por acercarse demasiado a esa verdad. En 2015 fue asesinado en circunstancias que siguen rodeadas de sombras, en un episodio que simboliza la oscura intersección entre el terrorismo internacional y las redes políticas y de inteligencia más turbias de la Argentina.
Durante décadas se ha repetido el mismo patrón: la inacción y la pasividad de buena parte de los gobiernos occidentales, incapaces o reacios a afrontar las consecuencias de enfrentarse a un régimen que ha convertido la violencia en una herramienta sistemática de política exterior.
Esa pasividad no sólo se ha manifestado frente al terrorismo internacional. También ha marcado la respuesta internacional frente a la brutal represión que el régimen iraní ejerce contra su propia población.
Desde la llamada Revolución Verde de 2009, cuando millones de iraníes salieron a las calles reclamando libertad y elecciones limpias, la historia se ha repetido una y otra vez. Aquella movilización fue aplastada con una violencia brutal mientras la administración de Barack Obama optaba por mantener una distancia calculada. No fue simplemente prudencia diplomática. Para muchos iraníes significó un abandono deliberado del papel que Estados Unidos ha desempeñado históricamente como defensor de los derechos humanos frente a regímenes abusivos.
Ese silencio fue interpretado en Teherán como una señal inequívoca: la prioridad de Washington era preservar la posibilidad de alcanzar acuerdos con el régimen, incluso si eso implicaba ignorar la represión masiva contra su propia población.
Las consecuencias no tardaron en manifestarse. Lo mismo ocurrió en 2022 con el movimiento “Mujer, Vida, Libertad”, desencadenado tras la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini. De nuevo, la respuesta del régimen fue una represión feroz: ejecuciones, detenciones masivas, torturas y el uso sistemático de la violencia para aplastar cualquier intento de desafío popular.
En realidad, todos los levantamientos que se han producido desde la revolución islámica de 1979 han dejado la misma conclusión entre la población iraní: no pueden contar con la comunidad internacional para protegerlos frente al régimen que los gobierna.
El último ejemplo llegó con las protestas que estallaron en diciembre de 2025. En apenas dos semanas, según diversas estimaciones, decenas de miles de manifestantes desarmados fueron asesinados por las fuerzas represivas del régimen. Y, una vez más, la reacción internacional se limitó a declaraciones, condenas retóricas y gestos simbólicos, sin que se coordinara ningún esfuerzo real para proteger a los civiles frente a la maquinaria represiva del Estado.
Pero el problema no se limita a la represión interna. La República Islámica de Irán ha llegado incluso a desafiar abiertamente a Europa, operando redes terroristas dentro del territorio de la propia Unión Europea.
En 2012, una célula vinculada a Hezbollah atentó contra turistas israelíes en Burgas, en suelo europeo. Más recientemente, en el centro de Madrid, se produjo el intento de asesinato del político español Alejo Vidal-Quadras, un atentado cuya investigación ha señalado nuevamente a estructuras vinculadas al régimen iraní.
Pero estas operaciones no se han limitado a objetivos israelíes o a adversarios políticos occidentales. Durante décadas, el régimen iraní también ha perseguido a sus propios disidentes en suelo europeo. Uno de los casos más conocidos fue el asesinato en 1992 de opositores kurdo-iraníes en el restaurante Mykonos de Berlín, un crimen que la Justicia alemana atribuyó directamente a dirigentes del régimen iraní. En 2015, el opositor iraní Ali Motamed fue asesinado en Almere, un caso que las autoridades neerlandesas también vincularon a Teherán. La persecución de disidentes iraníes en Europa ha sido una constante desde la creación de la República Islámica.
Que operaciones de esta naturaleza se hayan organizado repetidamente en territorio europeo demuestra hasta qué punto Teherán ha actuado durante años con una mezcla de arrogancia e impunidad.
El comportamiento de la República Islámica de Irán no es homologable al de un Estado nación normal que se rija por criterios civilizados y por las normas del derecho internacional. Funciona más bien como una organización mafiosa que utiliza el aparato del Estado para proyectar terrorismo, intimidación y violencia en distintos continentes.
Y, sin embargo, frente a esa realidad, demasiados gobiernos han respondido durante años con gestos simbólicos y declaraciones diplomáticas.
Ese es el verdadero escándalo.
Porque mientras el régimen iraní ha operado redes terroristas dentro de países democráticos, esos mismos países han dudado a la hora de emprender acciones efectivas -no meramente gestuales- contra el régimen responsable.
En los últimos años, sin embargo, empieza a emerger una voluntad distinta. El liderazgo de figuras como Donald Trump, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu o el presidente argentino Javier Milei ha vuelto a colocar sobre la mesa una idea básica de la política internacional: la impunidad no puede ser la norma y la disuasión sólo funciona cuando existe voluntad de ejercerla.
Treinta y cuatro años después, las víctimas del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires siguen esperando justicia.
Pero la lección de aquel ataque va mucho más allá de la memoria. Durante décadas, el régimen de la República Islámica de Irán ha aprendido que el terrorismo, la intimidación y la violencia podían ejercerse con un coste limitado para sus dirigentes.
Cuando esa impunidad termina, también termina la capacidad de esos regímenes para seguir actuando.
La cuestión que hoy enfrenta la comunidad internacional no es si debe recordarse lo ocurrido en Buenos Aires.
La verdadera cuestión es si el mundo está dispuesto, por fin, a impedir que vuelva a ocurrir.