Presidencia de la República tiene desde abril el proyecto de decreto para reglamentar la Ley de Medios aprobada a fines del anterior gobierno. El Ministerio de Industria (MIEM), a cargo de Fernanda Cardona, remitió esta nueva redacción luego de derogar la reglamentación autorizada por Luis Lacalle Pou en sus últimas semanas de gestión y pretende corregir las “fallas” que a entender de esta administración tenía el texto anterior.
La ministra Cardona explicó a El Observador que el expediente estuvo “yendo y viniendo” con la Jurídica de Presidencia con algunas modificaciones menores y que tras el Consejo de Ministros del jueves ya lo firmaron “la mayoría” de los secretarios de Estado. Solo falta la firma del presidente Yamandú Orsi, indicó la jerarca del MPP, quien estima que el nuevo decreto quedará aprobado la semana que viene.
El MIEM había cuestionado el “extremo apresuramiento” de sus antecesores –bajo la premisa de que el Poder Ejecutivo tenía plazo hasta abril para reglamentar la norma– y había marcado que cuatro artículos del suspendido decreto 31/025 se extralimitaron con disposiciones que no estaban contempladas en la ley votada por la coalición en el Parlamento.
De todos modos, pese a que desde la oposición fue muy crítico con el articulado impulsado por la coalición, el actual gobierno ve escaso margen para promover una nueva legislación para los medios de comunicación audiovisual, dijeron desde el Poder Ejecutivo a El Observador. A eso se suma la incertidumbre en lo inmediato respecto al salvataje de la Caja de Profesionales y por el inminente tratamiento de la Ley de Presupuesto ante la falta de mayorías en Diputados, indicaron las fuentes.
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La ley de medios empezará a ser aplicada en las tandas de los canales de televisión y en las radios. D.Battiste
En campaña, la ahora vicepresidenta Carolina Cosse se había pronunciado a favor de derogar la ley de la anterior administración, al tiempo que el actual secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, opinaba que “habría que cambiarle pila de cosas” y pensar nuevas medidas en el plano de las telecomunicaciones.
Por otro lado, las disposiciones vigentes son un tema que preocupan al presidente Orsi, quien pretende interiorizarse personalmente en esa materia.
Abogada de profesión, la actual ministra Cardona era una de las principales defensoras de la reglamentación de la ley aprobada en 2014 en el gobierno de José Mujica. En ese entonces era la directora general de Secretaría bajo la administración de Cosse, cuando la segunda gestión de Tabaré Vázquez dilató durante cinco años la reglamentación de la normativa legada por Mujica ante los recursos de inconstitucionalidad presentados por cableros y la oposición.
Esa ley –la 19.307– fue acusada de “hiperreglamentarista” por blancos y colorados, que la dejaron sin efecto –no sin varias complicaciones con Cabildo Abierto en el seno de la coalición– al aprobar una nueva norma. Una de las disposiciones vigentes más cuestionadas por el Frente Amplio y el Sindicato de las Telecomunicaciones fue el aumento de la cantidad de licencias de radio y televisión permitidas, justificado por el anterior oficialismo en base a que estaban transparentando realidades ya instaladas por la vía de los hechos, como la cantidad de licencias que por ejemplo acumulaban el grupo Magnolio (radios) y Clarín (cables).
Por otro lado, el gobierno de Lacalle Pou logró aprobar a través de la Rendición de Cuentas del ejercicio 2021 un artículo que habilitaba a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) a conceder licencias “clase B” a los cableoperadores para que ofrezcan servicio de internet al hogar.
Según publicó en sus redes el investigador y exjerarca frenteamplista Gustavo Gómez, para diciembre de 2024 había solo tres cables en Montevideo y otros tres en el interior que tenían clientes de internet, aunque en total no pasaban de los 1.300 contratos. Para ese entonces el gobierno ya había entregado más de 70 licencias a cableras. En ese plano, el nuevo directorio de Antel sí resolvió dejar sin efecto el plan comercial dispuesto por la anterior administración para que los operadores privados contrataran la infraestructura de la empresa pública.
20250318 Ministra de Industría, Energía y Minería Fernanda Cardona. Almuerzo de ADM.
Foto: Inés Guimaraens
Convocatoria a Consejo General de Industria
Cardona también anunció que en paralelo a las rondas salariales encabezadas por el Ministerio de Trabajo y al trabajo presupuestal liderado por Economía, el MIEM convocará al Consejo General Industrial, un ámbito tripartito de “intercambio” junto a cámaras de empresas y sindicatos de sectores prioritarios para pensar en la agenda de la rama de actividad en cuestión.
Se trata de una iniciativa anticipada por la jerarca el día mismo de su asunción al frente del MIEM y que busca “reconstruir” espacios como los gabinetes productivos o consejos sectoriales convocados durante anteriores gobiernos frenteamplistas.
La intención del gobierno no es solo atender situaciones de mayor inmediatez –para las que citó como ejemplo la reconversión de puestos laborales en las plantas de Calcar y Yazaki– sino “elaborar un documento con una visión de agenda a 2040”. Cardona indicó que buscarán establecer “políticas de mediano y largo plazo” en áreas referidas a la energía, la industria y las telecomunicaciones.
De cara a la negociación presupuestal, Cardona también apuesta a retomar el observatorio de la cartera y reformularlo en un Observatorio de Desarrollo y Producción de Empleo, según ella misma había afirmado el día de su asunción. El MIEM pretende que tenga una conformación multidisciplinaria para trabajar en anticiparse a “los cambios del mercado laboral e identificar oportunidades en cada región del país”.
