“Un primer elemento a tener presente para ponderar los impactos esperados del proyecto de ley recientemente remitido, refiere al hecho de que, al momento de analizar el proyecto de ley de 2023, la Caja no contaba con un modelo actuarial que recogiese cabalmente su situación financiera”, dice el informe al que accedió El Observador.
¿Por qué dice esto el gobierno? Porque en mayo de ese mismo año el Parlamento aprobó la reforma de la seguridad social que introdujo “cambios significativos” en el subsistema al “disponer un proceso de convergencia a un Sistema Previsional Común” y señala particularmente la “introducción de un sistema mixto para los nuevos afiliados”.
Por eso, dice el Ministerio de Economía, la Caja no contaba con un modelo actuarial que recogiera esos cambios y que, por lo tanto, permitiera hacer proyecciones precisas. “La cuantificación del impacto financiero de aquel proyecto de Ley debió realizarse de manera ad-hoc, con los instrumentos disponibles al momento”, dice el informe.
De todos modos, luego de que el Parlamento tratara el proyecto de 2023, la Caja tuvo oportunidad de analizar el impacto de esa iniciativa y encontró que “las medidas allí contenidas no resultaban suficientes para solucionar el déficit proyectado”.
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“E0 Ajustado” corresponde al escenario base y “E_PE9/2023” al escenario del proyecto de Ley de 2023
Informe Ministerio de Economía
Estos argumentos, además de cuestionar el proyecto de 2023 –que el Frente Amplio no votó–, también son la base para defender la iniciativa que ahora está a estudio del Parlamento que es más gravosa tanto para activos como para jubilados que la de dos años atrás.
Las proyecciones
En el documento enviado al Parlamento, el Ministerio de Economía plantea una serie de escenarios para proyectar los resultados de la Caja de Profesionales a 20 años si se aprueba el proyecto a estudio del Parlamento. Según el trabajo del gobierno, este proyecto permite dar “sustentabilidad en forma estructural a la situación financiera de la Caja, contemplando una holgura de 5% del presupuesto anual”.
Uno de los puntos clave de la reforma es el aumento de 18,5% a 22,5% del aporte que tienen que hacer los activos sobre los fictos. Tanto diputados de la oposición como directores de la Caja cuestionan esta medida y advierten que va a generar un aumento de los profesionales que se declaran en no ejercicio, por lo que esta medida no tendría el efecto deseado de aumento de ingresos.
“Para evitar que esta medida impacte en aquellos profesionales universitarios que no pueden hacer frente al aumento del monto del aporte, se propone generar una nueva escala de fictos más bajos y habilitar a los profesionales a pasar a dicha escala, por única vez, junto con el aumento de tasas. De esta forma, aplicando la tasa de 22,5% a los nuevos fictos se mantendría el nivel de aporte monetario actual”, explica el informe del MEF.
El gobierno entiende que al darle la posibilidad a los profesionales de continuar aportando la misma cantidad de plata se “mitiga y reduce significativamente el riesgo de que el aumento de la tasa de aportación conduzca a un aumento de la cantidad de profesionales que declaran no ejercicio”. Sin embargo, el Poder Ejecutivo reconoce que el impacto de esta medida es la que “presenta un mayor nivel de incertidumbre” porque depende del comportamiento de los afiliados.
A partir de este contexto, Economía planteó tres escenarios (uno conservador, otro medio y uno optimista) sobre el impacto de este aumento. En los escenarios varía la cantidad de personas que se declaran en no ejercicio ante este cambio y también las que eligen cambiar de categoría para seguir aportando la misma cantidad de plata.
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Informe Ministerio de Economía
Para las proyecciones, el gobierno utiliza el escenario más conservador en el que en las primeras tres categorías la mitad de los aportantes deciden pasarse a la nueva escala de fictos para seguir aportando el mismo dinero. El porcentaje que elige cambiar va descendiendo hasta la última categoría en la que solo lo haría el 5%.
Por otro lado, ese escenario plantea que el 3,5% de quienes están en las escalas de 1 a 9 dejarían de aportar y serían el 7% para los que están en la categoría mayor. Esto se debe a que en el último escalón de los fictos hay personas que ya tienen la causal jubilatoria y optarían por adelantar el retiro.
“A partir de los supuestos señalados, se estima que el incremento en la tasa de aportación previsto en el proyecto de ley recientemente remitido, generaría un incremento en la recaudación de 10,7%, bastante menor al aumento máximo que podría dar teóricamente la suba de aportes desde el 18,5% al 22,5%, que se ubica en 21,6%”, dice el informe del MEF.
Por lo tanto, el aumento de la recaudación implicaría unos US$ 29 millones anuales hasta 2029, US$ 33 millones por año en los siguiente cinco años, US$ 34 millones entre 2035 y 2039 y US$ 36 millones hasta 2044.
Las estimaciones para saber cuánto será la recaudación por el impuesto a los jubilados es más sencilla y toma, con algunos cambios, el trabajo ya realizado para el proyecto de 2023 con la actualización de que este proyecto es más gravoso en alrededor de dos puntos porcentuales.
El Ministerio de Economía proyecta que en los próximos 5 años recaudará unos US$ 45 millones por año por este concepto, eso aumentará a US$ 54 millones en el período 2030-2034 y ahí comenzará a bajar hasta llegar a US$ 46 millones anuales entre 2040-2044. Esta recaudación empieza a disminuir a partir de 2035 porque los nuevos jubilados tendrán un régimen cada vez más parecido al general y, por lo tanto, jubilaciones más bajas.
En el sentido inverso, el aporte de rentas generales disminuye a medida que baja la recaudación por el impuesto a los jubilados. Durante 2025 serán unos $ 110 millones por mes y a partir de 2026 es dos tercios de la recaudación por ese tributo.
“Esto permite que el aporte se torne decreciente en el tiempo hasta que se extinga, una vez que el colectivo de pasivos que realiza el aporte vaya finalizando su vida y sean sustituidos por cohortes más jóvenes, con condiciones jubilatorias asimilables al régimen general”, dice el informe. En los primeros cinco años la recaudación será, en promedio, de unos US$ 30 millones anuales, subirá a US$ 36 en el siguiente quinquenio para luego ir disminuyendo hasta llegar de nuevo a US$ 30 millones entre 2040 y 2044.
Respecto al cambio en el ajuste de los timbres profesionales el estimado de recaudación va en aumento hasta llegar a ser de cerca de US$ 18 millones por años entre 2040 y 2044.
Otro de los cambios que tiene impacto en la situación financiera de la Caja es el adelantamiento del aumento de la edad de jubilación y de la convergencia hacia el régimen general (jubilaciones más bajas). Si bien esto no tiene un impacto inmediato sí implicará una reducción de egresos significativa a largo plazo del entorno de US$ 36 millones anuales a partir de 2030.
De esta forma, en el rescate de la Caja de Profesionales la sociedad (a través de Rentas Generales y de los timbres) aportaría el 27% de los recursos, los pasivos el 31% y los activos el restante 42%.
Para el gobierno esta iniciativa permite generar una cobertura razonable ante escenarios imprevistos en materia de ingresos y/o egresos y aclara que el proyecto también incluye la posibilidad de que, ante una recomposición de las reservas más acelerado que el previsto, se reduzcan las alícuotas para el impuesto de los jubilados.
