Un total de 461 planes de producción agropecuaria no respetan la distancia de protección para centros de estudio
Más del 25% de las 994 escuelas rurales del Uruguay tienen una zona de aplicación de agroquímicos a menos de 300 metros de distancia, lo que viola la normativa de protección vigente. En total son 261 las escuelas afectadas, muchas de ellas por más de un productor.
Eso es lo que se desprende de un informe de la División Control de Insumos (DCI) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca puesto a consideración del ministro Alfredo Fratti.
“Eso está en discusión, es un problemón. Lamentablemente sigue ocurriendo”, dijo Fratti cuando fue consultado el martes 4 en el programa Desayunos Informales respecto al caso de una escuela de Guichón que fue alcanzada por la deriva de una aplicación de fitosanitarios, lo que fue denunciado por una maestra y desencadenó un proceso administrativo que terminó en una reciente sanción al productor responsable.
La normativa vigente del MGAP establece que las fumigaciones aéreas deber hacerse a un mínimo de 500 metros de distancia de cursos de agua, zonas urbanas y escuelas rurales, y las terrestres deben respetar la distancia de 300 metros. En la jerga de los técnicos del Ministerio, estas zonas de exclusión son llamadas “zonas buffer”.
El informe de la DCI fue elaborado para tener elementos en esa discusión que Fratti quiere llevar adelante.
Los técnicos de esa división del MGAP superpusieron dos mapas: uno que surge de las declaraciones juradas que cada productor tiene obligación de presentar con sus planes de cultivo; otro que el MGAP tiene con todas las zonas “buffer”.
“ANEP tiene declaradas al 2025, 994 escuelas rurales. A partir del cruzamiento de zonas buffer de la Dirección General de Servicios Agrícolas y el Plan de Uso de Suelos se pudo detectar que había un total de 481 planes que interceptan las zonas de exclusión para cultivos extensivos”, dice el informe de la DCI.
Los 481 planes que tienen previstas aplicaciones en zonas “buffer” escolares afectan a 261 escuelas porque varias de ellas están afectadas por más de un plan, dijo el director de la DCI, Alex Hughes.
Algunas de las escuelas rurales pueden también haber sido cerradas desde 2025.
A raíz del caso de la escuela de Guichón, organizaciones ambientales vienen reclamando que el MGAP suprima la potestad de sus técnicos de autorizar aplicaciones terrestres de agroquímicos a distancias menores de 300 metros.
“Eso hay que discutirlo técnicamente con nuestros servicios y con los agricultores. Tenemos que intentar que esto (lo ocurrido en Guichón) no nos vuelva a pasar”, dijo Fratti en Desayunos Informales.
El MGAP no puede decretar excepciones para las aplicaciones aéreas de fitosanitarios: siempre deben respetar un mínimo de 500 metros de distancia de las zonas de exclusión. Para las terrestres los técnicos sí pueden habilitar excepciones, que por lo general terminan achicando los 300 metros a 50 o incluso a diez.
Hughes señaló que estas excepciones siempre se otorgan luego de una estricta “evaluación técnica” que sigue criterios internacionales. Además, agregó que las autorizaciones se conceden para días en los que no hay nadie en las escuelas (viernes cuando ya se fueron los estudiantes, sábados, domingos y feriados). El productor, además, debe avisar al centro educativo cinco días antes (en cultivos extensivos, forestales o forrajeros), un plazo que se reduce a un día en los cultivos hortifrutícolas. Además, las aplicaciones siempre deben realizarse con viento contrario a la dirección del centro educativo y no mayor a ocho kilómetros por hora, entre otros detalles y especificaciones tendientes a minimizar cualquier riesgo.
Además, estas autorizaciones especiales, dice el informe, son para fitosanitarios de la categoría III considerados “poco peligrosos” y “sin riesgo”.
El informe de la DCI agrega que Uruguay tiene una de las normativas más garantistas del mundo en esta materia. Según se señala, en Estados Unidos solo los estados de California y Massachusetts tienen fijadas distancias obligatorias de centros educativos a cumplir por los productores cuando aplican agroquímicos: 400 y 46 metros respectivamente.
“En Europa –agrega el documento- no existe una distancia obligatoria general, sino que cada estado miembro puede establecer medidas específicas. Francia establece distancia para lugares habitados y que alberguen personas vulnerables y en productos especialmente preocupantes una distancia de 20 metros”.
Se concluye que “por lo tanto desde el punto de vista regulatorio, Uruguay aplica las zonas de exclusión más amplias del mundo para centros educativos rurales. Distancias mayores como en Argentina solo derivan de fallos judiciales o normativas a nivel de localidad”.
Según el informe, desde 2019 se recibieron 24 denuncias de violación de esta normativa. En 17 oportunidades se comprobó que la falta en efecto había existido y en siete no.
“En muchos casos se señala que existieron afectaciones de salud, pero en ninguno de los casos denunciados se presentó ningún informe médico que corroborara lo anterior”, agrega el informe.
Tras el episodio de su escuela, los vecinos de Guichón tienen otro punto de vista. En una carta enviada al ministro, el colectivo Vecinos de Guichón por los Bienes Naturales reclamó que “se suprima la facultad de autorizar a pulverizar a menos de 300 metros de los centros educativos. Consideramos que hay pruebas suficientes que indican el riesgo que significan estas aplicaciones con agroquímicos en cercanías de las escuelas”.
La organización también reclamó que el MGAP respete los planes de ordenamiento territorial de cada departamento y municipio, donde las distancias de protección establecidas para las pulverizaciones de fitosanitarios son mayores. “En el caso de Paysandú y el municipio de Guichón, son de 500 metros”, dijo Marcelo Hernández, integrante del grupo.
Hughes dijo que Uruguay es un caso único en el mundo porque ningún otro país tiene todo su territorio mapeado en lo que respecta a lugares de aplicación de agroquímicos y zonas protegidas. Eso le da una posibilidad de control excepcional.
Sin embargo, el informe admite que, a pesar del mapeo, la normativa no siempre se respeta. Hughes señaló que la poca cantidad de inspectores es uno de los elementos que no favorece el control del cumplimiento.
“Uruguay cuenta con una herramienta única a nivel mundial, cuyo cumplimiento no ha sido el deseable, pero con cruzamientos de información se continuarán con las notificaciones a los productores que tienen áreas de cultivo con intercepción a zonas buffer de escuelas rurales con las nuevas declaraciones”, señala el informe de la DCI.
Lo que se espera ahora es que, con una nueva tanda de declaraciones juradas de los productores y una intimación a cumplir con las normas, mejore el respeto a lo establecido.
“En el último mes –dice el documento- se enviaron a los dueños de cultivos, correos electrónicos solicitando la regularización ante el MGAP. La Asesoría Jurídica de la Dirección General de Servicios Agrícolas notificó a los mismos otorgando un plazo para dar cumplimiento a la norma, en caso contrario se procederá con sanciones según la normativa vigente. Con la nueva información que surja del programa nuevo de presentación de planes de uso que vence el próximo 7 de agosto que actualizará los cultivos tres años para adelante, se va a ser más exactos en el cruzamiento de información. Dada la escasez del recurso humano para atender todas las situaciones, esta alternativa es la que se utilizará para exigir el cumplimiento de la norma”.
Fratti señaló que “hay reglamentaciones, pero lamentablemente algunos no las respetan y tenemos estos insucesos que son lamentables. Porque si vos me fumigaste arriba de una escuela, la multa no lo arregla”.
