“Defendemos las empresas públicas, que son el patrimonio del pueblo”. Esa es una de las tantas consignas que COFE –la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado– suele lanzar cada vez que reclama lo que, según entienden, se trata de la defensa de la soberanía del país.
Pero cuando uno rasca un poco la pintura de esa épica, lo que queda al descubierto no es el destino de esos que algunos llaman patria, ni el acceso de los más vulnerables al agua potable, ni el futuro energético de las próximas generaciones. Lo que aparece es el viejo y querido interés corporativo de los muchachos que sostienen la pancarta.
Ahora, la Rendición de Cuentas es la excusa para levantar bien alta esa bandera. El momento del año donde la frazada corta del Estado es tironeada desde todos los rincones del mapa y cuando la matemática se vuelve cruel para la mayoría. Pero muy pocas veces son los empleados públicos los que pasan frío y cada peso que se retiene en la ventanilla de una empresa estatal, es un peso que se deja de volcar en el Ministerio de Desarrollo Social, en las escuelas o en los patrulleros que los vecinos reclaman del centro a la periferia.
Pero en el universo paralelo del corporativismo público, la urgencia es otra: exigen que se eliminen los topes de ejecución presupuestal porque, dicen, las empresas del Estado generan ganancias millonarias que se usan para tapar el agujero negro del déficit fiscal en lugar de ir a parar a caños, cables o refinerías; también se quejan de que, los sucesivos gobiernos aplican, a veces, la regla de reponer solo uno de cada tres funcionarios que se jubilan o fallecen.
Pero lo que no se dice es que el ingreso al Estado sigue siendo en Uruguay un premio grande en la lotería laboral: estabilidad absoluta, regímenes de turnos benévolos, presentismo y beneficios varios, y sueldos promedio que superan a los del sector privado. Cuando piden “trabajo”, lo que están pidiendo son más uruguayos arriba del barco del empleo público, pagados por los uruguayos que reman para mantenerlo a flote.
Otro de los puntos de la plataforma es la guerra contra las tercerizaciones. Los gremios afirman que el Estado se ha convertido en el “principal precarizador laboral” del país por contratar firmas privadas para tareas permanentes y exigen la presupuestación inmediata, es decir, que cientos de empleados de empresas suministradoras de mano de obra pasen a la plantilla fija del Estado con los beneficios del funcionario público.
La tercerización, con todos los defectos que se le puedan achacar, es una de las pocas herramientas de flexibilidad que le queda al Estado para arreglar un cable un domingo a la tarde sin tener que pagar horas extras.
Lo cierto es que en el Uruguay de la brecha social que transcurre por avenida Italia, existe una división expuesta entre los trabajadores públicos y los privados que no conviene agitar mucho. Porque las plantillas del Estado y sus sueldos convenientes son alimentadas también por la clase política que necesita pagar con cargos de confianza y pases en comisión de todo tipo las manos que los militantes y allegados les dan en la campaña electoral.
Pero es claro que de un lado del mostrador está el trabajador del sector privado, ese que si la empresa cierra no hay red que lo contenga y, del otro lado, está el funcionario que sabe que todos los meses la plata le será depositada aunque la crisis aceche, aunque se cierre el estrecho de Ormuz o los misiles crucen el cielo.
El que cuenta con un arsenal de recursos gremiales para amenazar con el corte de un servicio esencial si alguien pretende tocarle un beneficio alcanzado bajo el gobierno de algún presidente que ya es memoria.
Una de las caras más agresivas de ese comportamiento tal vez sea la del permanente conflicto en el puerto de Montevideo, ese dolor de cabeza nacional donde los paros sorpresivos y los bloqueos en reclamo de beneficios muchas veces insólitos –un cocinero arriba de un barco, $ 50 mil pesos solo para sentarse a negociar– amenazan cada dos por tres a la economía exportadora.
Todo eso mezclado con consignas en las cuales las reivindicaciones salariales aparecen vinculadas por un hilo imposible con las derivas de Venezuela, Cuba o Palestina.
Los sindicatos, tan necesarios en la vida del país, han atravesado días más luminosos; no son estos, precisamente, en los cuales la Rendición de Cuentas desata la reivindicación de privilegios disfrazados de causa patriótica, mientras una mano sostiene firme la pancarta y la otra se extiende lánguidamente hacia la caja del Estado.
