El impacto simbólico de la crisis migratoria en Ceuta rompió el relato oficial de las elites europeas, desnudó la fragilidad institucional y dejó al descubierto los límites de una política de fronteras construida sobre ficciones progresistas.
Varios jóvenes saludan a cámara tras cruzar la frontera de España en Ceuta.
La imagen de las decenas de miles de personas entrando en Ceuta sigue siendo, con menos espectacularidad que en aquellos primeros días, una cuestión dominante en la política española.
Pero el fenómeno sale de la península y se extiende desde Ceuta y Madrid hasta Roma y Bruselas.
A pesar de las acciones del gobierno español, esta crisis no se resolverá tan fácilmente. Ni siquiera con la hipotética salida de cada uno de los invasores.
Es más, ningún gobierno español o europeo tendrá la capacidad de revertir el impacto simbólico que ha generado la situación vivida en Ceuta.
Durante años, la inmigración fue uno de los ejes donde sectores de la población manifestaron su descontento con las dirigencias nacionales y, especialmente, con la política europea. Este fenómeno se observaba con mayor potencia en Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Holanda.
Los más conservadores alertaban sobre una invasión que llegaba a Europa desde África con un programa concreto: alterar las costumbres de la Europa cristiana y occidental por una islamizada.
“La teoría del gran reemplazo” que la dirigente de Podemos y ex ministra de Pedro Sánchez, Irene Montero, retomó con gran desparpajo.
La respuesta de la política tradicional, tanto de izquierdas como de derechas, fue relativizar el fenómeno y sus consecuencias. El discurso dominante sostenía que la integración era correcta humanitariamente y no solo eso, además, se desarrollaba en términos eficientes.
A los argumentos moralistas se le sumaban apelaciones a la crisis de natalidad, la necesidad de mano de obra y el desafío de sostener las pensiones a mediano plazo, en una suerte de amenaza implícita a quienes debían cobrarlas en ese futuro: sin inmigración no tendrán vuestras pensiones.
Incluso aquellos profesionales y académicos que reclamaban repensar las estrategias de integración, aunque sea alertando sobre las carencias a las que se sometía a varias generaciones de migrantes en lugares como Francia, eran silenciados bajo la amenaza de cancelación.
La intelectualidad woke, principalmente norteamericana, profundizaba aún más el argumento ideológico al afirmar que los países europeos debían asumir una responsabilidad histórica, pagando así por sus políticas coloniales de siglos anteriores.
Ante el vacío, los partidos tachados de ultraderecha convirtieron el tema en el centro de su agenda, captando a electores preocupados por la falta de respuesta de oficialismos nacionales y comunitarios.
Aun así, su extensión no parece amenazante y ningún país europeo relevante es gobernado por esas fuerzas.
Finalmente, el cordón sanitario, que teóricamente debía limitar el acceso de la ultraderecha al poder, se utilizó especialmente en Francia.
En el resto de Europa, más que dirigido a determinadas organizaciones o líderes políticos, resultó exitoso en impedir que algunos debates ocuparan el tope de la agenda pública.
Mejor no hablar de ciertas cosas, porque hacerlo equivale a ser tildado de racista o de carecer de la mínima sensibilidad humana.
Así se fue descartando la inmigración como un problema real y reduciéndola a un invento de la ultraderecha cuyas admoniciones nunca se concretarían.
Las imágenes de Ceuta lo cambian todo.
No fue una foto casual ni un video de aficionado; miles de personas cruzaron la línea fronteriza con la facilidad de quien entra a un concierto de rock sin comprar el ticket. Esto último parece, incluso, más difícil que cruzar la frontera aquel día del desborde.
La desproporción numérica frente a los habitantes de Ceuta fue absoluta, y los medios audiovisuales mostraron una ciudad inundada de personas deambulando de un lugar a otro y sin tener dónde refugiarse ni cómo aprovisionarse.
Lo ocurrido en Ceuta puso en imágenes y en el plano de la realidad todo aquello que hasta ese momento eran palabras (en general, censuradas), discursos de políticos minoritarios o pesadillas de extremistas.
Lo imposible cobró vida y dejó de ser solo peleas de plató o de elecciones.
Su primer deber es la protección de la población y del territorio. Al fallar en Ceuta, no solo fue un fiasco el gobierno, sino que todo el sistema se reveló fallido a la hora de prever y procesar una amenaza que era evidente que podía materializarse.
A esto se suma la parálisis a la vista de las fuerzas de seguridad. Los inmigrantes, apenas tocaban el agua, quedaban fuera del alcance de la detención, y los menores resultaban imposibles de devolver.
Para los españoles, todo el edificio institucional se reveló como una gran farsa.
Quedó al desnudo un andamiaje de leyes y normas construidas bajo la fantasía de que el problema era apenas un intercambio dialéctico. Se evidenció que lo legal estaba diseñado para sostener argumentos progresistas, cuestiones de principios y restringidas a lo que nunca sería realidad.
Las nuevas informaciones sobre las advertencias previas que los servicios de inteligencia habrían hecho al gobierno español no hacen más que aumentar la perplejidad y reforzar la idea de que todo el Estado había perdido la noción de realidad.
La angustia de una mujer en Ceuta que en la TV declaraba no poder salir a la calle y las imágenes de comercios arrasados -sean o no finalmente ciertas- muestran que esas personas no son agentes de ultraderecha, sino ciudadanos enfrentados al peso de una realidad que irrumpe en una comunidad organizada sobre la base de fantasías.
Al quedar en evidencia la farsa institucional construida en torno a relatos buenistas, el gobierno culpó a interpretaciones sesgadas de la norma y la justicia se aferró a lo que fue votado en las Cortes, con el apoyo de los partidos mayoritarios, la Iglesia, el mundo oenegeista y la prensa progre.
El problema es que esa irrupción brutal de la realidad no se quedó solo dentro de las fronteras españolas.
Las imágenes recorrieron el mundo, pero especialmente en Europa también dejaron en un offside inmenso a las elites y burocracias de la Unión Europea y a muchos líderes nacionales.
Todos ellos habían construido en sus países y en la Unión la misma idea sobre el peligro del desborde migratorio.
Otra cuestión de la que se habló menos, pero que está muy presente, es que entre esas miles de personas, algunas empujadas por la desesperación y otras de forma organizada por mafias o represalias gubernamentales marroquíes, pudieron haberse filtrado militantes pertenecientes a organizaciones terroristas.
No sería inverosímil pensar que, aprovechando el descontrol y la inacción de las fuerzas de seguridad, lograron entrar a España, pero solo como paso previo para, desde allí, dirigirse al resto de Europa.
Esto obligó a sobreactuar la indignación de Bruselas y, sobre todo, la de Giorgia Meloni, que ya no tiene margen para equilibrios dialécticos con esas imágenes grabadas en la mente de sus electores.
Ahora, por culpa del gobierno de España, en el resto de los países europeos sus ciudadanos se preguntan si esto podría ocurrir también a ellos en su territorio, y todos comienzan a revisar lo hecho por sus políticos: “¿Serán nuestras instituciones tan inútiles como las españolas?”. Los partidos ultras se relamen.
Cuando una sociedad descubre que lo imposible era simplemente algo que todavía no había sucedido, cambia para siempre la manera en que mira a sus gobernantes.
Los dirigentes europeos detestan a Pedro Sánchez mucho más que lo habitual: les acabó la coartada.
El elefante está en el medio de la sala y ya nadie puede fingir que no lo ve.
