La sentencia de la Justicia que condenó en primera instancia al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y al Banco Central del Uruguay (BCU) a indemnizar a cuatro inversores de República Ganadera SRL por el daño ocasionado al incumplir controles sobre la trazabilidad del ganado, y sobre las inversiones que ofrecía, generó expectativa y esperanza en los damnificados y preocupación en otros ámbitos, incluso entre algunos abogados que los representan.
En este entrega de la newsletter EnClave te explicaré por qué esa preocupación y te hablaré de los flancos que aun están abiertos para los inversores en procesos judiciales que tanto a nivel penal como concursal han tenido ritmos y resultados dispares.
Un fallo prematuro con varios efectos
Este fallo, del que informé en esta nota del jueves 30, sienta un precedente por ser el primero, lo cual no quiere decir que vaya a ser confirmado en segunda instancia o que otros jueces resuelvan en el mismo sentido. No lo sabemos, y por ahora esta era la única demanda civil entablada que se conozca.
La noticia generó mucha conmoción entre los inversores de todos los fondos que vienen batallando desde hace más de un año para recuperar lo que invirtieron y, al día de hoy, siguen sin saber cuánto dinero lograrán recuperar y cuándo.
Muchos de los más de 5.500 damnificados que dejó la caída de los llamados fondos ganaderos con más de US$ 500 millones de inversiones divisaron en la sentencia una luz de esperanza y se entusiasmaron con seguir el mismo camino.
Sin embargo, la mayoría de los abogados que los asesoran recomiendan esperar. ¿Por qué?
Por la etapa en la que se encuentran los distintos procesos, ya que los concursos siguen en trámite. Y, en el ámbito penal, por ahora solo Conexión Ganadera cuenta con imputados y Larrarte con un condenado.
Los abogados prefieren reunir más evidencia, que se terminen de liquidar los bienes en el proceso concursal y se sepa si se trata de concursos fortuitos o culpables (en ese caso serán condenados los titulares de las sociedadesa cubrir con su patrimonio las deudas que dejaron). Una vez finalizados esos procesos, esperan definir contra qué personas o instituciones se podría accionar civilmente.
Algunas consideraciones que se pueden sacar de esta resolución judicial:
- En este caso, los cuatro damnificados reclamaban el monto invertido según sus contratos de inversión, más daños y perjuicios. Además, pedían que se los resarciera por lucro cesante (lo que perdieron por no haber podido reinvertir ese dinero).
- El juez de lo Contencioso Administrativo Alejandro Martínez de las Heras sólo condenó al MGAP y al BCU a devolverles lo que habían invertido más intereses (US$ 25 mil a cada uno) y estableció que, a ese monto, se le deberá descontar lo que cobren del proceso concursal. Aún no se sabe cuánto y cuándo cobrarán, por lo que tampoco está claro el monto de esta condena.
- Ya se sabe que la sentencia va a ser apelada. Al tratarse de un asunto de menor cuantía (US$ 100 mil en total), no sería posible llevarlo en casación ante la Suprema Corte de Justicia, por lo que este caso morirá en lo que falle el tribunal de apelaciones civil en el que recaiga.
- Las investigaciones penales correspondientes a Conexión Ganadera, República Ganadera y Portfolio Capital se encuentran en curso, por lo cual tampoco está definido totalmente quiénes son los responsables en cada caso.
- Esto significa, que "pueden aparecer nuevos sujetos legitimados a quienes demandar, adicionales al BCU y el MGAP", afirma la abogada Graciana Abelenda que lleva casos de todos los fondos.
- Para reclamarle al Estado hay tiempo ya que el plazo de caducidad son 4 años desde que se declaró el concurso.
Responsabilidad estatal, ¿la hay?
Entre los comentarios que generó la sentencia de Martínez de las Heras, se reiteró la afirmación tan escuchada de que se trataba de un negocio entre privados y que, por lo tanto, el Estado no puede hacerse responsable de inversiones que se hicieron en busca de una mayor rentabilidad y salieron mal.
También es cierto que la actividad de los fondos no era regulada por el BCU y, de hecho, luego de la crisis de confianza en el sector —que se generó por la caída de estas empresas— el organismo modificó la normativa para controlarlas.
Sin embargo, hay algunos indicios de que pudo existir responsabilidad estatal, como entendió el juez Martinez de las Heras.
Hace un año te conté en esta nota que desde 2018 informes jurídicos del Banco Central advertían a la propia institución que la actividad de las empresas que ofrecían invertir en ganado debía ser regulada.
Informes de la propia oficina Jurídica del BCU, elaborados luego de pedir información a Conexión Ganadera, Portfolio Ganadero y República Ganadera, apuntaban a que se estaba captando depósitos y oferta pública de valores, lo que las convertía en empresas a ser supervisadas por el Banco Central. En todos esos años no fueron escuchados y recién después del boom de Conexión Ganadera se modificó la normativa para comprenderlos.
De hecho, hoy hay otras empresas que siguen operando bajo la misma modalidad, como Silveira Negocios Rurales que tiene oficina en Carrasco, y aunque ha tenido algunos atrasos en los pagos, ha logrado ir cumpliendo. La pregunta que surge es: ¿en ese caso el BCU y el MGAP están haciendo controles?
Por otra parte, en el caso del MGAP basta recordar lo que declaró el encargado del Sistema Nacional de Información Ganadera, Gabriel Osorio, en la causa penal de Grupo Larrarte. Dijo que se les "prendieron varias luces" cuando numerosos inversores de esa empresa llegaron al MGAP para pedir acceder al sistema.
“Cuando vienen a consultar uno, dos, tres, nunca nos había pasado... dijimos acá hay una alteración en la calidad de los datos”. “Cuando revisaban tenían o menos animales de los que pensaban tener o tenían cero”, declaró.
En el caso de República Ganadera, entre julio y noviembre de 2024 se dio una caída abrupta del ganado en stock que tenía la empresa que pasó de 63 mil, a unas 20 mil, como surigió del expediente concursal. Según estimaciones, ello implicó pérdidas de entre US$ 30 y US$ 35 millones.
Como ejemplo de todas las irregularidades con las que se manejaba el ganado en esa empresa, un inversor contó en esta nota que falsificaron su firma en la guía para traspasar la propiedad a República Ganadera. Más de un año después consignaron los animales al escritorio Indarte sin cambio de propiedad (movimientos firmados por el encargado de trazabilidad de RG) y luego Indarte le vendió esos animales de vuelta a R.G. Finalmente, República le otorgó la propiedad de ese animal a otra clienta, ahora damnificada, quién luego se los consigna de nuevo. O sea que ese animal que estaba a nombre de un damnificado pasó por cinco propietarios mientras él creía que era de su propiedad.
En relación al ganado, también juegan un rol las intendencias, ya que venden y emiten guías de propiedad y tránsito de ganado en papel, y requieren como condición indispensable contar con el número de Dicose y la declaración jurada anual al día para expedir esas guías con las que se puede mover el ganado. También el Ministerio del Interior sella esas guías para los traslados y el MGAP tiene responsabilidad en la entrega de las caravanas.
Es evidente, porque así lo han demostrado las indagatorias penales, que en todos estos casos se movió ganado sin que se controlaran esos movimientos.
Por ello, buena parte de los abogados recomienda esperar y tener prudencia en los reclamos al Estado. Abelenda comentó que es probable que se conforme un grupo de trabajos con otros profesionales para accionar contra el Estado en equipo, abarcar a la mayor cantidad de representados, optimizar plazos y reducir los costos procesales.
Por último, hay otro detalle que rodea a esto, que conviene saber. Si bien el juez del concurso Leonardo Méndez coincidió con el síndico Alfredo Ciavattone en rechazar el crédito que reclamaba la DGI en el concurso de Conexión Ganadera por renta de capital de las inversiones al entender que “no se configuraron los presupuestos legales del hecho generador" del tributo, la DGI apeló. Si esa sentencia se diera vuelta los inversores le pueden deber plata a la DGI.
Por lo tanto, es demasiado pronto para cantar victoria. Y también para ilusionarse.
