El mercado de remates en Uruguay vive un año particularmente intenso y, contra los pronósticos que sugerían una ralentización post electoral, los indicadores del sector muestran una sólida recuperación. Así lo sostiene Alfredo Ramos Mastalli, secretario general de la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios (Anrtci), quien también es rematador judicial con más de dos décadas de experiencia.
“Venimos de un año electoral, y ya sabíamos que después de noviembre —cuando se definió el nuevo gobierno— iba a haber una retracción inicial. Pero al cerrar este primer semestre de 2025, el panorama cambió completamente. El ritmo de trabajo se estabilizó y ya tenemos una proyección fuerte para el segundo semestre”, aseguró Ramos Mastalli.
Según explica, los primeros meses del año estuvieron marcados por una ralentización lógica del sistema judicial, que coincidió con la feria judicial en febrero y la asunción del nuevo presidente en marzo. “Era evidente que iba a pasar. Todo estaba medio lento. Pero a medida que se consolidó el nuevo equipo de gobierno, los procesos comenzaron a fluir y los remates judiciales se reactivaron”, afirmó.
Hoy, desde su estudio profesional, anticipa “una cantidad importante de subastas judiciales ya proyectadas para la segunda mitad del año”.
Ramos Mastalli es un rematador de trayectoria, con un nombre ganado dentro del mercado. “Cuento con amplia experiencia en la ejecución de subastas judiciales y como perito tasador, prestando servicios profesionales de forma habitual para diversos estudios jurídicos que requieren regularmente de mis servicios como rematador”, destaca.
Transparencia y confianza
Ramos Mastalli destaca que las subastas judiciales viven un momento de confianza plena entre compradores e instituciones. “Hoy la subasta judicial es una herramienta seria y segura. Nadie le tiene temor. Todos saben que, si compran allí, no hay problema: es transparente, cristalino y legal”, remarca.
Incluso recuerda que años atrás había subastas que quedaban prácticamente desiertas. “Hoy todas tienen concurrencia. A menos que el bien esté fuera de mercado por su valor, siempre hay interesados. Hay público para todo tipo de bien”, subraya.
La diversidad de compradores también impresiona. Desde remates multimillonarios de campos —como uno reciente de la Junta Nacional de Drogas por 10 millones de dólares— hasta terrenos en barrios populares donde “los mismos vecinos terminan comprando”.
“Hace poco rematamos un terreno en Piedras Blancas y lo compró un vecino. Esa es la amplitud que tiene el sistema”, cuenta.
Récord de remates del Estado
En lo institucional, el balance de la Anrtci en el período junio 2024-junio 2025 resulta contundente: récord en remates oficiales. “Se vendieron alrededor de 30 millones de dólares en bienes del Estado. Es una cifra histórica para nosotros”, afirma el martillero.
Las subastas provienen de organismos tan variados como la Junta Nacional de Drogas, el Banco de Seguros del Estado, la Dirección Nacional de Correos, UTE, el Puerto de Montevideo y programas de Presidencia. “Hace poco firmamos también un nuevo convenio con Colonización, que habíamos tenido que dejar en pausa. Ya está nuevamente en vigencia”, celebra.
Según detalla, la Asociación no sólo promueve, sino que administra estas subastas, donde son sorteados colegas para participar tanto del Registro Nacional de Rematadores como de la Asociación Nacional de Rematadores. “Ya pasaron por el estrado 360 colegas en un año. Eso es casi un rematador por día. Es un modelo inclusivo, transparente y descentralizado”, afirma con orgullo.
Del barrio a José Ignacio: todo entra en el martillo
La variedad de bienes rematados en el último año es un indicador de la salud del sistema: “Desde una casita en un barrio humilde hasta el mejor punto de José Ignacio. En enero rematamos una propiedad incautada en la causa de la ruta del dinero K que había sido adquirida por el contador Pérez Gadín la cual se subastó en US$ 10.800.000. Hubo puja, acreditación previa y mucho interés”, cuenta.
Incluso en estos remates de alto perfil, la demanda está asegurada. “Ya había gente acreditada para comprar ese bien antes de que se hiciera la subasta”, detalla.
Modernización y el futuro digital
Pero no todo es tradición. El futuro del sector pasa por la tecnología, y desde la Asociación ya piensan en cómo incorporar herramientas digitales que amplíen el alcance de las subastas sin perder su marco legal.
“Queremos dar el paso hacia transmisiones electrónicas. Ya hicimos pruebas por YouTube e Instagram, pero la idea es contar con una plataforma propia para que las subastas se puedan ver en vivo desde cualquier punto del país”, adelanta. De todos modos, la ley todavía no permite pujar de forma digital en las subastas judiciales. “Estamos buscando alternativas para adaptar el sistema. El marco legal aún no habilita la puja online, pero sí la difusión. Y ahí queremos avanzar”, aclara.
Más allá de la licitación
Según Ramos Mastalli, muchas instituciones que antes usaban exclusivamente las licitaciones están descubriendo los beneficios de las subastas. “Es más directo, más competitivo y más transparente. Vos ves al que está pujando al lado tuyo. Sabés contra quién estás compitiendo. No es una máquina, ni un sobre cerrado”, explica.
Ese componente humano y visible, combinado con el rigor procesal, ha fortalecido la percepción pública de los remates. “Hace más de 20 años que estoy en esto y nunca vi un proceso judicial que no fuera transparente. Si llega al remate, el procedimiento termina bien, siempre dentro de la legalidad”, sentencia.
