El gobierno puso en agenda esta semana la creación del Ministerio de Justicia que fue compromiso de campaña del Frente Amplio. En coordinación con el PNUD llegaron a Uruguay exministros de Justicia de España y Argentina y expertos de Colombia que disertaron sobre la experiencia en esos países y en lo discursivo reafirmaron que Uruguay tiene que tener esa secretaría de Estado.
Aunque era un tema que se daba por sentado que estaría en el presupuesto y tendría apoyos opositores, ya que tanto Álvaro Delgado en el Partido Nacional como Andrés Ojeda en el Colorado y el Partido Independiente lo habían incluido en sus propuestas de campaña, en las últimas semanas empezó a generarse un ruido político alrededor de la propuesta del que te hablaré en esta newsletter EnClave en la que incluiré también visiones técnicas.
Ministerio de Justicia sí pero ahora no
La primera advertencia la hizo el presidente Yamandú Orsi cuando planteó que no llegarían a incluir en la Ley de Presupuesto la creación del Ministerio de Justicia porque “sería una torpeza presentar un proyecto que no te lo lleven”. En la entrevista que nos dio al cumplirse los primeros cien días de su gobierno, dijo que aunque él cree “que hay que crearlo”, los partidos políticos le plantearon que "les gustaría conversarlo un poco”.
Al consultar a senadores de la oposición afirman que no ha habido planteos concretos del gobierno y que a lo sumo han tenido alguna conversación informal pero los propios que lo impulsaron admiten estar de acuerdo filosóficamente con la idea pero se niegan a apoyarlo en el actual ambiente de relacionamiento con el oficialismo.
Así se expresa el senador y secretario general del Partido Colorado Andrés Ojeda, quien entiende que “no están dadas las garantías” desde el momento en que “el Frente Amplio quiere promover una interpelación a la fiscal de Corte Mónica Ferrero por el caso Charles Carrera con la negativa furiosa de todos nosotros”, dice.
En la misma línea se pronunció el senador blanco Javier García al afirmar a El País que no están dadas las “condiciones políticas” ni las garantías de que se respetará la independencia del Poder Judicial y opinó que es un ministerio “hecho para Jorge Díaz”.
En el gobierno se sorprenden de que genere reparos cuando imaginaban que habría acuerdo ya que todos los incluyeron en sus programas. El secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez se los recordó esta semana al señalar que esperaba que los partidos que lo propusieron en sus campañas “honren su compromiso con la gente” y lo apoyen.
Ojeda le respondió en X que “si van a relevar contradicciones que empiecen por las propias” y trajo a colación que en 2023 el Frente Amplio rechazó la propuesta. El Ministerio de Justicia fue una de las 16 medidas de seguridad propuestas por la comisión interpartidaria a la que convocó Luis Alberto Heber siendo ministro del Interior y a la que Gustavo Leal asistió como representante del FA.
Varios en la oposición admiten que el gobierno tiene que sacar a Díaz del frente negociador si quiere llegar a buen puerto con esta o cualquier otra propuesta -incuida la Fiscalía de Corte- y desde el entorno del prosecretario lo toman más como una excusa para no apoyar el nuevo ministerio. Además señalan que si Díaz pasara a ser ministro de Justicia tendría control parlamentario mientras que como prosecretario de la Presidencia no lo tiene.
Qué hará y qué no hará el Ministerio de Justicia
Esta semana en el seminario internacional Hacia un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Uruguay, organizado por Presidencia y el PNUD, Orsi recordó que si bien “tiene mala prensa el concepto de Ministerio de Justicia en Uruguay por la experiencia de la dictadura, no está en tela de juicio la separación de poderes ni lo que le compete a uno o al otro”.
Ministerio de Justicia. 20250524 Conversatorio en el PNUD sobre Ministerio de Justicia
Foto: Inés Guimaraens
En un conversatorio que se organizó el día previo con periodistas y analistas políticos se explicó desde la Prosecretaria de Presidencia cuál sería el contenido del proyecto que se resumió en lo que haría y lo que no haría el ministerio de Justicia.
Qué hará:
- Democratizar el acceso a la justicia. Los participantes explicaron que se busca darle opciones a los justiciables para que en la medida de lo posible solucionen sus conflictos antes de judicializarlos y si no es posible que sepan a dónde recurrir.
-Gestionar las cárceles con un nuevo enfoque como servicio descentralizado. Hay amplio consenso en que quien reprime el delito que es el Ministerio del Interior no puede también rehabilitar y la crisis carcelaria es muestra de ello.
-Ser rector de políticas públicas en el entendido de que falta un organismo que lidere las políticas públicas que impactan en el conjunto del sistema de justicia y en los derechos humanos. Al respecto la exministra de Justicia española Pilar Llop se refirió a que se requiere "que alguien tome decisiones en materia de política criminal".
-Unificar la abogacía del Estado, tanto en demandas de alta complejidad locales como en arbitrajes internacionales
-Incorporar los registros públicos que están desperdigados en varios ministerios y dependan de la nueva cartera.
-Incorporar la Defensoría Pública como un servicio descentralizado
-Rol de interlocutor técnico del Ejecutivo con el Poder Judicial en materia de necesidades presupuestales para implemetar las reformas necesarias o avances tecnológicos.
Si bien no se mencionó expresamente se da por descontado que la Fiscalía General de la Nación que hoy depende del MEC pasaría a depender del nuevo ministerio.
Que no hará:
-No tendrá injerencia en la actividad jurisdiccional que lleva adelante el Poder Judicial
-No designará jueces
-No sancionará jueces
-No intervendrá en ninguna de las funciones que la Constitución le asigna a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Visiones técnicas
El comisionado parlamentario para las cárceles Juan Miguel Petit ha sido uno de los impulsores del Ministerio de Justicia y sigue creyendo que sería buena su creación pero coincidió con Orsi en que tiene que ser consensuado "aunque lleve más tiempo".
Por otro lado entiende urgente la descentralización del INR (instituto que dirige las cárceles y hoy dependende Interior) por lo que cree que debería tomarse esa decisión ahora "sin tomar el largo camino" de la creación del nuevo ministerio. “Hay sistemas penitenciarios horribles con Ministerio de Justicia y sin Ministerio de Justicia. Lo que nunca hay son sistemas penitenciarios eficientes y rehabilitadores que no tengan un mínimo de autonomía y fuerza política para implementar sus decisiones”, opinó.
Otras voces técnicas son las de los constitucionalistas. Martín Risso se expresó contrario a la creación del ministerio porque dijo que muchas de las competencias que en otros países tienen los ministerios de Justicia, en Uruguay la Constitución se las otorga a la Suprema Corte por lo que "va a nacer rengo, va a tener competencias mínimas y no tendría mucho sentido", dijo a Telemundo.
También consulté a su colega Ruben Correa Freitas pero no ve reparos en la creación del Ministerio de Justicia en la medida en que tiende a unificar competencias que hoy están dispersas en otros ministerios y no se ocupará de las tareas que la Constitución le asignna a la Suprema Corte de Justicia.
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Suprema Corte de Justicia
Diego Battiste
En ese sentido dijo que el único tema donde puede haber un inconveniente es en la defensa pública porque que los defensores de oficio los debe designar la Suprema Corte, según establece la Constitución. Sin embargo, explicó que ello no impidiría que la defensoría pasara a ser un servicio descentralizado mientras los defensores los designa la Suprema Corte.
El presidente de la Suprema Corte, John Pérez Brignani, por su parte dijo que no tiene una opinión clara porque no conoce el proyecto y se limitó a señalar que el Poder Judicial defenderá que las competencias que le asigna la Constitución sigan siendo "exclusiva" de esa corporación.
