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Cambio en mercado eléctrico: descartan “estampida” de grandes consumidores desde UTE hacia generadores privados

Un decreto del MIEM ahora reconoce la capacidad de respaldo de potencia firme que poseen las energías renovables cómo eólica y solar. Con ello se busca estimular el mercado de contratos de energía entre privados
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18 de agosto de 2023 a las 05:01

La semana pasada el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), aprobó un decreto que reconoce a los generadores privados de energías renovables (eólica, solar y biomasa) la capacidad de suministrar potencia firme a largo plazo para garantía de suministro.

El cambio busca fomentar el funcionamiento de un mercado de contratos mayoristas de energía eléctrica entre privados. En el gobierno también se lo visualiza como una herramienta que puede contribuir a superar una “barreras de entrada” que hoy tienen muchas inversiones, como es el precio de la energía que comercializa UTE.

En Uruguay hace 20 años hay un marco regulatorio que habilita a que exista un mercado mayorista de energía eléctrica en el que puedan celebrarse contratos de compra venta entre un consumidor privado y un generador privado en cualquier parte del país. 

Pero hasta ahora solo han existido contratos regulados con UTE. Una de las razones es la dificultad que implicaba para los productores privados contar con potencia firme. La reglamentación anterior establecía que ese respaldo solo podía darse con generación térmica o hidráulica.

El cambio implica, por ejemplo, que a una granja eólica o solar fotovoltaica  que realice un contrato de suministro para venderle energía a un gran consumidor se le reconocerá  como potencia firme una parte de su generación.

Esta semana, el  representante de Cabildo Abierto en el Directorio de UTE, Enrique Pées Boz, afirmó que el decreto beneficia a los 470 grandes clientes del ente (representan el 20% de la facturación), que podrán comprarle energía eléctrica a grandes generadores privados.

Y también señaló que ocasionará  “notorios perjuicios” al resto de los usuarios, en la medida que la empresa pública verá afectados sus ingresos, y esas pérdidas se cargarán en las tarifas que pagan 1,6 millones de clientes minoristas.

Los argumentos del MIEM

Sobre este punto, el MIEM  considera que es “falso” que UTE tenga que compensar subiendo la tarifa al público, según se informó a El Observador.

En primer lugar, porque se entiende que el crecimiento de la demanda eléctrica general “es innegable”, y que el mercado que atiende UTE crece y seguirá creciendo, aumentando sus ingresos.

Además, se considera que la facturación “no va a estar en riesgo” por algunos grandes consumidores que elijan tener un proveedor privado. Y que UTE se puede focalizar en la red y en mejorar la distribución que es lo que la electrificación de la demanda energética necesita.

En segundo lugar, porque se considera que no va existir “una estampida” de grandes consumidores hacia el mercado privado.

Ello por tres razones, según el MIEM: en primer lugar porque instalar generadores privados nuevos requiere tiempo e inversión.

En segundo lugar, porque UTE puede competir y retener los clientes, tiene “la flexibilidad” que un proyecto privado no tiene, posee “un amplio portafolio de opciones y plazos”, y toda la firmeza que se requiere, entre otros.

Y en tercer lugar, porque muchos consumidores prefieren tener a UTE como proveedor, dada la “robustez” que eso implica, se explicó.

Por otro lado, se entiende que si bien los contratos que UTE tiene con generadores privados (firmados a partir de 2011) “son relativamente caros”, UTE cuenta con las represas que generan electricidad a costos muy bajos, lo cual resulta en un portafolio que en promedio “seguirá siendo muy competitivo” con las nuevas renovables. “UTE no queda en una situación de desventaja”, se considera en el ministerio.

Además, UTE seguirá recibiendo remuneración por el uso de la red (peajes) y por la potencia firme que aporta al sistema, lo cual "mitiga" el impacto de la eventual pérdida de clientes, se indicó.

También se considera que introducir niveles de competencia en el sistema implica incentivos para UTE para que sea más eficiente. Esto, según se explicó desde la cartera, “está alineado” con la política general que impulsa el gobierno en relación con las empresas públicas, “que está demostrado que pueden competir”.

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