El Poder Ejecutivo publicó el decreto que reconoce a los generadores de energías renovables la capacidad de suministrar potencia firme de largo plazo para garantía de suministro.
Como informó El Observador, el cambio anunciado ya el año pasado busca fomentar el funcionamiento de un mercado de contratos mayoristas de energía eléctrica entre privados.
Hace 20 años que Uruguay cuenta con un marco regulatorio que habilita a que exista un mercado mayorista de energía eléctrica en el que puedan celebrarse contratos de compra venta entre un consumidor privado y un generador privado en cualquier parte del país.
Pero hasta ahora en los hechos eso no ha ocurrido y solo han existido contratos regulados con UTE. Una de las razones por las que ese mercado no se ha desarrollado pasa por la dificultad que implica para los productores privados contar con potencia firme, según se ha argumentado desde el gobierno. La normativa vigente anteriormente solo habilitaba a la generación térmica, que es más cara.
El cambio que se promueve desde el gobierno implica, por ejemplo, que a una granja eólica o solar fotovoltaica que realice un contrato de suministro para venderle energía a un gran consumidor se le reconocerá como potencia firme una parte de su generación. El resto de la firmeza, en caso de necesitarse, podría cubrirse contratando con otro privado o incluso comprándole potencia a UTE.
El representante de Cabildo Abierto en el Directorio de UTE, Enrique Pées Boz, afirmó que el decreto que beneficia a 470 grandes clientes de UTE ocasionará “notorios perjuicios” a los restantes 1,6 millones de usuarios de la empresa pública.
“Cabe preguntarse si poner a competir a los que tienen que seguir pagando, como es el caso de UTE, US$ 130 la energía solar y US$ 95 la eólica por 20 años más, con agentes privados que además de beneficiarse de millones de dólares de sobreprecios por Contratos PPA firmados entre los años 2012-2018, ahora podrán ofrecer la misma energía a US$ 30 , no debería considerarse un caso de política anticompetitiva y posición dominante fomentada por el decreto del MIEM”, afirmó.
“¿Cuál será la actuación de Ursea frente a este nuevo decreto del Ministerio de Industria, Energía y Minería?”, se preguntó el jerarca, y recordó que entre los cometidos sustantivos del regulador destacan "proteger los derechos de los usuarios y consumidores" y “prevenir conductas anticompetitivas y de abuso de posición dominante".
Pées Boz dijo que el efecto del decreto podría impactar, como lo ha calculado, “en un potencial aumento real de las tarifas de UTE para 1.600.000 usuarios de hasta un 10% real. ¿No se debería proteger los derechos de los usuarios y consumidores? (…) El tiempo y las facturas de UTE nos responderán.”, señaló.
En el gobierno también se visualiza el cambio como algo que contribuir a superar una “barreras de entrada” que hoy tienen muchas inversiones como el precio de la energía, según ha manifestado el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini.
“Cuando vienen inversiones como un data center o una inversión de hidrógeno verde con necesidades grandes de energía, lo que pasa es que las tarifas de UTE te dejan fuera de mercado. (…)“Es permitir que los nuevos precios de las renovables que son bajos sean usados por las grandes inversiones y no se tenga que ser rehén de una tarifa que es cara. Para eso tiene que funcionar el mercado”, había dicho el ministro en noviembre pasado durante un taller con periodistas.
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